El exgobernador priista
de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores fue vinculado hoy a proceso por los
delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
En un nuevo juicio que le abrió la Fiscalía Anticorrupción de
Tamaulipas, el juez de control, Patricio
Lugo Jaramillo, decretó la medida contra el exmandatario en una audiencia que
duró más de 15 horas y que terminó la madrugada de hoy jueves.
Las pruebas que
presentó la Fiscalía contra Eugenio Hernández fueron los ingresos y gastos
realizados por el exgobernador durante 2000 a 2010 cuando fue servidor público.
La próxima audiencia para el desahogo de pruebas se fijó para
enero de 2019.
Las investigaciones de
las autoridades de Estados Unidos contra Hernández Flores destacan que lavó en
bancos de Texas alrededor de 30 millones de dólares a través del empresario
Guillermo Flores Cordero.
Además, en México su
cuñado Óscar Flores Guerra manejó cuentas del exgobernador por aproximadamente 4
mil 500 millones de pesos.
Por esos delitos la
justicia estadounidense solicitó la extradición de Hernández Flores, misma que
se podría concretar cuando concluya el juicio de amparo que sus abogados
interpusieron contra esa medida.
Fiscalía recupera terrenos.
La Fiscalía Anticorrupción también informó a Apro que la Procuraduría General de la República (PGR)
liberó dos predios de MIL 600
hectáreas ubicados en el municipio de Altamira, Tamaulipas, los cuales se
encontraban asegurados de manera cautelar por la dependencia.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), solicitó
al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, la
cancelación del gravamen sobre un predio de mil 600 hectáreas propiedad del
gobierno del estado y que fueron vendidas de manera irregular a una empresa
particular”, informó la fuente.
La PGR, mantenía estos
terrenos en calidad de asegurados como medida cautelar en una indagatoria de la
SIEDO, sin embargo, las acciones que inició el gobierno estatal permitieron que
los terrenos fueran liberados del aseguramiento y hoy se encuentren libres de
gravamen.
En octubre de 2017, el
gobierno de Tamaulipas inició el proceso legal de recuperación de los terrenos
localizados en el Puerto de Altamira, cuando la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción logró que se librara orden de aprehensión contra
personas implicadas en la averiguación previa penal 14/2017.
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