Salvador
Camarena.
Morena ha
iniciado la elaboración de un padrón de beneficiarios de programas sociales que
pretende utilizar el próximo gobierno federal.
En la
anterior frase está implícita una contradicción democrática: integrantes de un
partido político no tienen por qué andar recabando, en plena transición, datos
poblacionales que luego utilizará el gobierno surgido de esa misma
organización.
Pero eso es
lo que está ocurriendo. Morena está en la calle de nuevo, movilizado por miles,
en un ejercicio de acopio de información que podría estar violentando (hay que
repetirlo) desde normas sobre uso de datos personales hasta de la
administración pública.
El llamado
Censo del Bienestar ha iniciado su marcha y ni más ni menos que ha sido un
futuro secretario de Estado el que ha dado el banderazo de salida.
El 26 de septiembre pasado, Román
Meyer Falcón, promovido como próximo titular de la Sedatu, retuiteó una nota
del portal Mexico.com con el siguiente mensaje:
“Está por iniciar el censo de la
próxima Secretaría del Bienestar–casa x casa para recabar datos sobre programas
sociales y sus beneficiarios. Sólo así podremos asegurarnos que los apoyos
lleguen directo a la gente, sin moches ni intermediarios”.
La nota de
Mexico.com anunciaba que “AMLO prepara un ejército de ‘siervos’ de la nación
para censo de programas sociales”.
Al parecer
el nombre actualizado de empadronadores de Morena no es siervos, sino “servidores
de la nación”. Los integrantes de ese “ejército” llevarán gafete, chaleco y
gorra (ésta –según Mexico.com– con retratos de héroes patrios) y recabarán,
según un documento al que tuve acceso, “información para validar los padrones
de personas beneficiarias de los programas actuales de Sedesol y Sagarpa, y
registrar a posibles beneficiarios de programas como: jóvenes construyendo el
futuro, pensión para el bienestar de los adultos mayores, de personas con
discapacidad de escasos recursos, crédito ganadero a la palabra, plan de
reconstrucción para damnificados de los sismos de 2017, desarrollo urbano en
colonias marginadas y microcréditos para el bienestar.
En una
entrega anterior de La Feria expuse que Morena pretendía sacar la calle a 20
mil personas que, con tablet en mano, llevarían a cabo este acopio de
información. No se ha informado sobre quién sufragará los gastos que este
ejercicio implica, aunque algún futuro superdelegado del gobierno federal ha
dicho que se pagará con los recursos de la transición.
Pero, sobre
todo, hay que reiterar lo terrible que suena que desde una estructura
partidaria se elabore un padrón de beneficiarios de programas gubernamentales.
De un plumazo se borra toda institucionalidad.
Si lo que se
pretende es dotar de un padrón actualizado al próximo gobierno, deberían
esperar, precisamente, a tomar posesión y lanzar un ejercicio que dé garantías
de observación y participación de estados y municipios y expertos en política
social.
Pero no,
desde Tlaxcala a Jalisco, de Baja California a Zacatecas, en la prensa se ha
venido reportando cómo los futuros superdelegados anuncian el arranque del
“censo”.
Sin entrar a
debatir la calidad de los datos que serán recabados, a ver cómo le hace el
próximo gobierno para volver legal la información obtenida por una estructura
que camina como Morena, hace como Morena y recuerda a Morena.
¿Será que
uno de los primeros decretos presidenciales de AMLO será para quitarle a este
censo el pecado original de haber sido construido sin fundamento legal?
¿El Coneval,
encargado de medir los programas sociales, no va a decir nada? ¿Los
empresarios, tranquilos con este ejercicio?
Luego no se
quejen si en futuros debates el próximo gobierno los descalifica con el garlito
de que ellos tienen sus números.
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