Javier Risco.
En este país
la impunidad es de tal tamaño que los poderosos usan la ley no para castigar
delitos y mantenernos seguros, sino como una forma de amedrentar y atentar
contra la libertad de expresión.
¿De qué
estoy hablando? Hace unas semanas se
hizo público el fallo de un juez de Ecatepec en contra del periodista Humberto
Padgett, a quien encontró culpable de ‘daño moral’.
“Ya no soy periodista, sino criminal
según un juez del @Edomex y del ex gobernador @eruviel_avila. La sentencia se
emite en @Ecatepec, donde se asesinan mujeres y niñas, pero nada pasa, excepto
que el delincuente soy yo”, escribió el periodista en su Twitter el 26 de octubre para dar a conocer
el fallo que le implica el pago de un monto aún no determinado, pero que en la
demanda Ávila Villegas pretendía que fuera de 10 millones de pesos.
Al puro estilo de quienes han
demandado por el mismo ¿crimen? a Pedro Ferriz de Con y a Sergio Aguayo. ¿Qué
pasa en una sociedad que no acompaña a los periodistas cuando son atacados por
funcionarios públicos? ¿Qué pasa con un país donde los que nos gobiernan
representan la mayor amenaza para la prensa? Los casos documentados en la
última década por organizaciones como Artículo 19, indican que las agresiones
que vienen de funcionarios públicos son hasta 7 de cada 10. Más aún que
amenazas del crimen organizado.
En su
columna de ayer en el diario Reforma, el
periodista Sergio Aguayo, quien ha sido perseguido judicialmente por Humberto
Moreira, explicaba bien cuál ha sido el papel de esta discusión en el ámbito de
lo público: “En México han crecido los choques entre tres derechos: la libertad
de expresión, el honor y la información. Una consecuencia perversa es la 'moda'
de utilizar tribunales para presentar demandas desproporcionadas que buscan
intimidar y desgastar a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Proteger a periodistas importa
porque, como argumenta Benjamin Smith en su más reciente libro (The Mexican
Press and Civil Society), los periodistas han sustituido a la lglesia y a los
maestros como intermediarios entre sociedad y Estado. Una función similar
juegan los Organismos de la Sociedad Civil de derechos humanos. Ese papel
explicaría la ferocidad del acoso contra periodistas y defensores”.
La impunidad de estos ataques es tal
que ahora los políticos no dudan en llevarla a la esfera pública. El caso de
Padgett, quien desde hace años documenta el horror en el que se convirtió el
Edomex, resulta vergonzoso para un Estado que usa instrumentos jurídicos para
poner una mordaza. Ese exgobernador y hoy senador indignado por daño moral, que
no se ha disculpado públicamente por el desastre en materia de seguridad en el
que dejó a millones de mexiquenses, ni por el incremento de feminicidios o el
control que obtuvo en ese territorio grupos del crimen organizado.
Pero Eruviel Ávila no es el único que ha montado
en la indignación un ataque a los periodistas. Esta semana vimos a Manuel
Clouthier, uno de los accionistas del Noroeste, uno de los medios con mayor
credibilidad en Sinaloa, arremeter vía redes sociales contra el reportero de
este diario Ernesto Gutiérrez.
El periodista exponía con justa razón
la situación financiera de su medio, que tiene a decenas de trabajadores sin
los pagos correspondientes por su trabajo. Ante la exigencia de lo que es su
legítimo derecho, Gutiérrez fue tildado por el excandidato a senador de
“llorón” y “acomplejado”. Y no sólo se conformó con ello, sino que además
intentó justificar la lucha por la democracia que el medio hace con su
periodismo independiente como un argumento suficiente para que quien vive de
esa profesión vea en la violación a sus derechos mínimos una lucha social. ¿En serio?
Las malas condiciones laborales en
que se tiene a los periodistas en este país es también un ataque a la libertad
de expresión y un atentado contra su vocación democrática. ¿Hasta cuándo vamos
a entender que la defensa por esta violencia no es la defensa de un periodista,
sino de la posibilidad de que quienes no tienen voz siempre tengan garantizado
el hacerse oír?
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