Daniela
Barragán.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF),
encontró anomalías en la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la
Zona Metropolitana de Guadalajara por 109 millones 178 mil 213 pesos tan solo
en el ejercicio fiscal de 2017.
Esa cantidad
de dinero que se califica como un
posible daño al erario público, se conforma por aumentos injustificados de los
precios del material, por trabajos que no se realizaron o por los que se pagó
más de lo acordado.
La
ampliación del tren fue uno de los proyectos principales de Enrique Peña Nieto
y Gerardo Ruiz Esparza. Seis años después, esta obra tiene una inversión de 25
mil millones de pesos. La obra consta de 18 estaciones y tendrá una longitud de
21.45 kilómetros, divididos en tres tramos: el viaducto 1, con 8.65 km de
longitud; el viaducto 2 y el tramo subterráneo. Se prevé que brinde un servicio
a 233 mil pasajeros diarios, que conectará a los municipios de Zapopan y
Tlaquepaque, luego de un periodo de prueba de siete u ocho meses.
Pero durante
el periodo de construcción, la ASF
detectó observaciones por 109 millones 178 mil 213 pesos, de los que logró
recuperar 449 mil 308 pesos. A la SCT le falta demostrar qué ocurrió con 108
millones 728 mil 905 pesos, que quedaron como “recuperación probable”.
Una de las
observaciones, que fue por 1 millón 878 mil 567 pesos, la ASF la levantó por los pagos hechos para el suministro y fabricación
de viga prefabricada y pretensada. Sin embargo, se duplicó el pago de las vigas
y los recursos se cargaron al contrato de la obra pública.
Otro daño, este por 12 millones 498 mil 171 pesos, se
ocasionó por pagos a servicios que se hicieron en dos ocasiones, sin que
hubiera una verificación al respecto. Esto fue en las perforaciones, es decir,
hubo perforaciones adicionales. También porque se pagó por servicios que se
requerían para la realización de perforaciones en espacio cerrado, cuando éstas
se hicieron a cielo abierto.
La ASF también encontró la compra de un vibrador
para concreto por 835 mil 176 pesos y para sustentar esa compra, las
autoridades encargadas aludieron a la compra de cemento. Tampoco se encontraron
pruebas de la utilización del tope.
También se generó un daño por 16 millones 470 mil
434 pesos en el servicio de suministro perforación y aplicación de inyección
para tratamientos especiales de mejora del terreno por variaciones en el precio
que no estuvieron justificadas, ya que se obtuvieron los mismos servicios y los
mismos materiales que se pactaron desde la firma del contrato.
El desfalco más alto fue de 53
millones 253 mil 898 millones de pesos y fue por pagos indebidos “no
recuperables”, según dictaminó la Auditoría. Generó un costo que la contratista
no admitiera tener la tuneladora en el sitio de trabajo, lo que generó un daño
por 47 millones de pesos. Los otros 6 millones se generaron a la suspensión de
trabajos los fines de semana, ya que la empresa había previsto y calculado el
costo contando con actividades laborales de 12 horas los domingos.
Luego fueron 16 millones 301 mil 043
pesos de daño al erario que se generaron por cambios en el tipo de perforadora
utilizada por la contratista, que realizó la obra con una diferente a la
establecida en el contrato.
Finalmente, otros 7 millones 491 mil 612 pesos, se fueron
en el pago para la “formación de pedra-plen como capa rompedora de capilaridad
y mejoramiento de terreno utilizando roca”. No se verificó que los costos de
los materiales siguieran siendo los mismos que se consideraron en un inicio.
También se encontraron pagos incorrectos, que se cargaron al contrato.

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