América Móvil, Bimbo, Cementos
Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa dominan sus
respectivos mercados a nivel nacional. Su preponderancia no las vuelve
monopolios por sí mismas; aunque implica riesgos a la sana competencia
económica por la posibilidad que tienen de imponer condiciones de mercado.
En el
sexenio de Enrique Peña Nieto, estas
compañías no han sido investigadas por prácticas monopólicas absolutas, según
el archivo público de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Pero su tamaño las convierte en agentes potenciales de prácticas monopólicas
relativas, de acuerdo con el doctor César Armando Salazar, del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
En la
opinión del investigador, estas empresas
“son monopolios por la forma en que actúan” porque tienen la capacidad
potencial de acaparar la producción de un determinado bien o servicio, que
conlleva la posible imposición de barreras, el desplazamiento de la competencia
y/o la determinación de precios.
Los monopolios restringen los
procesos de oferta y demanda. De ese modo, determinan los mercados a través del
control de la competencia y de los precios de los bienes y servicios, confirma
lo establecido en las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
Según la
normatividad vigente desde 2014, la
diferencia entre prácticas monopólicas absolutas y relativas radica en que, las
primeras, involucran un acuerdo entre los principales competidores de una
determinada actividad, para restringir, controlar y beneficiarse del uso
exclusivo de un mercado. Las segundas, por otro lado, implican la capacidad de
uno o varios competidores para acaparar el mercado.
No obstante, dijo a SinEmbargo el doctor Salazar, “el principal elemento por el que nosotros
identificamos un monopolio es porque éste tiene la capacidad de imponer un
precio”.
Ejemplo de ello fue el aumento
“injustificado” de 27 por ciento en los precios del cemento por parte de las
cementeras, ocurrido entre enero y junio del año pasado.
La “guerra del cemento” –como fue
llamada– concluyó casi dos meses después de que Cemex rompiera relaciones con
la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y posterior a un
acuerdo empresarial, para mantener precios competitivos como parte de una
“estrategia de valor”.
A pesar de
que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(Canadevi) acusó a Cemex de elevar los
precios de manera discrecional, la compañía cementera no fue sancionada por las
autoridades competentes.
Para
Salazar, Cemex tuvo la capacidad de
elevar los precios del cemento “por el poder de mercado que tiene”, además de
la “agresiva” política de precios que ha mantenido en México –su principal
mercado– luego de tener “grandes problemas financieros” de deuda.
Otro indicador que determina
prácticas monopólicas –dijo el economista– es la
diferencia entre el precio de reserva de un bien o servicio (que es la cantidad
máxima que un consumidor está dispuesto a pagar) y el precio real del producto
(lo que paga el consumidor).
La Cofece, por ejemplo, planteó a principios de
octubre de este año que la falta de competencia y los monopolios de mercado
hacen que los hogares mexicanos paguen un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento
al momento de consumir bienes de consumo final –tortilla de maíz, pan, cárnicos
y huevo, lácteos, frutas, verduras, bebidas no alcohólicas, medicamentos y
materiales de construcción– y servicios como el transporte foráneo de
pasajeros.
En ese
sentido, la Comisión refirió que los
“mercados con menores elasticidades donde hay empresas con poder de mercado,
tienen mayores probabilidades de observar precios más altos que aquellos
mercados con elasticidades grandes o donde no hay empresas con poder de
mercado”.
LOS GRANDES
CONSORCIOS.
A diferencia
de otros países, dijo en entrevista el doctor César Armando Salazar de la UNAM,
el Gobierno mexicano no obliga a las
grandes corporaciones –que pueden incurrir en prácticas monopólicas relativas o
absolutas por su tamaño– a dividirse, sino que aplican medidas para abrir la
competencia económica.
Ejemplo de ello es la reducción del
grado de concentración del mercado de servicios de telefonía móvil en México
por el incremento de la competencia. Entre 2013 y 2018, según datos del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la competencia de América Móvil
se cuadruplicó (de cuatro a 16 compañías) y su presencia en el sector se redujo
(pasó de 69 a 64 por ciento).
Aunque mejorar la competencia es
fundamental para el desarrollo económico, no obstante, las medidas que no están
acompañadas de mejores y más efectivas regulaciones y sanciones para equilibrar
el mercado, “no necesariamente limitan las actividades o el comportamiento
monopólicos”.
Salazar
explicó que “cuando no hay una
competencia real que obligue a los grandes monopolios a intentar mejorar las
condiciones del consumidor”, siempre van a existir prácticas de imposición de
condiciones.
El
investigador recordó lo sucedido en el
sector bancario, en que la apertura a la inversión foránea –a partir de 1994–
derivó en el monopolio de los extranjeros que, en la actualidad, controlan el
70 por ciento del sistema de pagos. Como efecto adverso, la banca mexicana
tiene comisiones “extremadamente altas”, se lee en el estudio de la UNAM “Los
bancos extranjeros en México: diversificación de actividades y su efecto en la
estructura de ingresos” (2014).
En este
contexto, la preponderancia de empresas
como América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos, Coca-Cola Femsa, Grupo México,
Gruma y Televisa –por mencionar algunas– implica riesgos a la sana competencia
económica.
Estas siete compañías han tenido un
crecimiento económico considerable en los últimos años. Aunque las utilidades
netas (o ganancias reales) de algunas de ellas fueron inferiores entre 2014 y
2017 –como en los casos de América Móvil y Televisa– su valor contable (o
patrimonio neto) fue en ascenso.
Durante ese
mismo periodo, el valor real de Gruma
fue ocho veces mayor (803 por ciento). El de Grupo México, por otro lado,
aumentó en 55.4 por ciento, seguido del de Bimbo (43), Cemex (37), Televisa
(30), Coca-Cola Femsa (16) y América Móvil (5.3 por ciento).
Pese a que
México presenta avances en materia antimonopólica, persisten grandes retos a nivel nacional. Entre ellos –señala un
estudio (2018) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM– están los
problemas de raíz de la Ley Federal de Competencia Económica. La investigación
del doctor Ruperto Patiño Manffer refiere dos principales aspectos.
Primero que, a pesar de que existen sanciones y actos
de responsabilidad penal en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, las
prácticas monopólicas relativas sólo son consideradas como violatorias de la
Ley cuando se comprueba que el presunto responsable tiene poder sustancial
sobre el mercado relevante.
En consecuencia –señala Patiño– “debemos considerar que las prácticas monopólicas clasificadas como
relativas no son objeto de regulación por parte de la Ley”. Asimismo –añade–
“en lo tocante a las prácticas relativas, sus efectos positivos o negativos no
siempre son claros” porque “se hace necesario definir el mercado en que se
lleve a cabo la conducta, así como el impacto probable o actual de la misma
antes de dictaminar si es anticompetitiva”.
El segundo problema es la omisión en
la fijación de precios máximos a materias primas y artículos o servicios
necesarios para la economía nacional y/o el consumo popular. En lugar de ello,
la normatividad “se limitó a conceder amplias y discrecionales facultades al
Ejecutivo Federal para que sea esta autoridad en exclusiva la que determine
cuales bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos”.
Asimismo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, en México, la exigencia
normativa “sigue siendo relativamente alta” en varios sectores productivos y
limita la facilidad con que las nuevas empresas pueden acceder a los mercados.
Por ello, recomienda “abolir o modificar”
disposiciones, “de forma tal que sean menos restrictivas para los proveedores y
consumidores”, sin menoscabo a los avances realizados en materia de competencia
económica.
AMÉRICA
MÓVIL.
Hablar de este conglomerado es
mencionar a una poderosa mano empresarial –la de Carlos Slim Helú– que se
extiende por casi todo el Continente Americano (salvo por Canadá, Bolivia,
Venezuela, las Guyanas y Suriname) y parte de Europa (Austria, Eslovenia,
Croacia, Serbia, Bulgaria, Macedonia y Bielorrusia).
“Al 31 de marzo de 2018, la compañía
contaba con 362 millones de líneas de acceso, que incluyen 279 millones de
suscriptores móviles, 33 millones de líneas fijas, 28.6 millones de accesos de
banda ancha y 21.5 millones de unidades de TV de paga”, se lee en su sitio de Internet.
En México, controla en promedio el 64 por ciento del
mercado de los servicios de Internet (fijo y móvil) y de telefonía (fija, móvil
y pública), según datos del IFT (2018) analizados por la Unidad de Datos de
SinEmbargo. De sus 33 competidores,
Telefónica Movistar es el único que le compite en todos los rubros, con una participación
promedio de 11 por ciento.
En abril de
este año, América Móvil (Telmex, Telcel
y Claro) fue objeto de una multa por 96.8 millones de pesos. El IFT consideró
que la firma de un contrato de exclusividad con la empresa Blue Label México,
incurrió en prácticas monopólicas relativas al impedir la comercialización de
tiempo aire de sus competidores en telefonía móvil, entre 2012 y 2014.
TELEVISA.
El imperio
de “El Tigre” –que heredó Emilio Azcárraga Jean– concentra el 61 por ciento del mercado de televisión restringida en
México, donde sólo dos de sus nueve competidores tienen una participación
importante en el mercado (Dish-MVS y Megacable con 16 y 14 por ciento, cada
una).
La concentración de poder de esta
compañía creció con las adquisiciones de Cablecom (2014), Cablevisión Red
(2015) y Cablemás (2016). Este año, Grupo Televisa podría comprar a Megacable.
La adquisición le daría control sobre el 75 por ciento del mercado de
televisión restringida, además de controlar el 27 por ciento del mercado de
telefonía fija y el 39 por ciento del mercado del servicio fijo de acceso a
Internet.
El año
pasado, el IFT determinó que la empresa de Azcárraga Jean, a través de
Cablevisión y de Sky, tenía “poder
sustancial en el mercado relevante de televisión de paga”. Esto quiere decir
que tenía la capacidad de fijar precios por arriba deI mercado y por ende, la
posibilidad de inhibir a la competencia.
En la actualidad, el grupo compite
como cualquier otra empresa en lugar de ser limitada con una “regulación asimétrica”.
O bien, con barreras adicionales que permitan a los demás competidores
equilibrar la ventaja competitiva de Televisa, que tiene más de 12 millones de
suscriptores.
BIMBO.
Grupo Bimbo tiene presencia en 32 países de América,
África, Asia y Europa. Con 199 plantas productoras y más de 3.2 millones de
puntos de venta en México y el mundo, produce y distribuye bollos, galletas,
pastelitos, tortillas, botanas, confitería y muchos productos industrializados
más. La empresa de la familia Servitje, que opera desde 1945, es líder mundial
en el mercado de alimentos horneados.
De acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en nuestro país el 34 por ciento del
salario de los mexicanos es destinado a los alimentos (Inegi). De cada 100
pesos de gasto en este rubro, Bimbo recibe 24, refieren datos de la agencia de
investigación de mercados Euromonitor International.
Sin embargo,
en la actualidad, esta panificadora
cuenta con menos del cinco por ciento del mercado de pan en México.
En la última
década –según datos del Inegi– las panificadoras
industriales perdieron 10.3 puntos porcentuales de su participación en el
rubro. En cambio, los negocios tradicionales de pan –Lecroz, La Esperanza, La
Espiga, etcétera– y las más de 55.6 mil panaderías que operan en todo el
territorio nacional, ganaron peso.
Entre 2007 y
2017, la participación del mercado de
las panificadoras industriales pasó de 63.5 a 53.2 por ciento. En contraste,
las panaderías tradicionales y locales aumentaron su presencia en 10.3 puntos
porcentuales durante el periodo (al pasar de 36.5 a 46.8 por ciento).
A pesar de las cifras, el sistema
agrícola mexicano “se ha convertido en un sistema agroindustrial integrado”,
dijo en abril a SinEmbargo, la doctora Helena Cotler Ávalos. Para la
especialista en Ciencias Agronómicas, esto significa que “nuestra alimentación
hoy está controlada por 10 grandes empresas”, entre ellas, Gruma, Bimbo,
Pioneer, Syngenta y Monsanto-Bayer.
GRUMA.
La empresa
fundada en 1949 por Roberto González Barrera se ostenta como el “líder global de producción de harina de maíz y
tortillas”. Con 79 plantas de producción y presencia en 112 países de América,
Asia, Europa y Oceanía, tiene una capacidad instalada de producción de harina
en México de tres millones de toneladas, superando a sus competidoras Minsa
(878 mil toneladas), Harimasa (80 mil) y Cargill (que no reporta capacidad
instalada en México).
De este
modo, la dueña de marcas como Maseca,
Mission y TortiRicas acapara el 70 por ciento del mercado. Junto con Minsa, que
controla el 23 por ciento del sector, el 93 por ciento de la producción de
harina de maíz a nivel nacional está en manos de dos empresas.
Esta “gran
capacidad” de producción instalada –resultado de sus enormes inversiones– le permite a Gruma y a sus competidores
“excluir o desalentar a nuevos entrantes” y fijar precios “por encima del
competitivo”, refiere el estudio de la UNAM “El mercado de harina de maíz en
México. Una interpretación microeconómica”.
De acuerdo
con cifras de este año de la Cofece, las
tortillas de maíz tienen un sobreprecio aproximado de 26 por ciento sobre su
precio de producción. Y según el estudio de la UNAM, entre 2002 y 2012 se
observó un sobreprecio en la harina de entre 12.1 y 21 por ciento por encima
del crecimiento anual del precio de la tonelada de harina. Esta tendencia
–refiere– pudo ser replicada en 2017.
COCA-COLA
FEMSA.
“Coca-Cola
FEMSA ha crecido en México desde 1979”. En
la actualidad cuenta con 145 centros de distribución, 854 mil 459 puntos de
venta, 17 plantas embotelladoras y una cartera de 71.1 millones de consumidores
a nivel nacional, se lee en el sitio oficial de la compañía.
La
embotelladora Fomento Económico Mexicano (Femsa) data de la década de los 70 y
está ligada a las familias Garza Sada (Grupo Alfa) y Garza Lagüera (Cervecería
Cuahutemoc-Moctezuma). Aunque ya era fuerte desde entonces, con el impulso de
Coca-Cola adquirió en 2003 a Panamco, que era la embotelladora más importante
de América Latina.
Femsa y Coca-Cola, en conjunto,
acaparan el 73 por ciento de las ventas en tiendas de abarrotes y de
autoservicio en México, además del 47.3 por ciento del mercado de las bebidas
bajas en azúcar, refiere un análisis de Euromonitor International.
En 2007, el más grande socio de Femsa incurrió en
prácticas monopólicas relativas por imponer cláusulas de exclusividad de venta
a sus compradores, con la finalidad de evitar que las tiendas vendieran productos
de la competencia. Ese año, la Cofece multó a Coca-Cola con 10.5 millones de
pesos.
GRUPO MÉXICO.
La empresa
de Germán Larrea Mota Velasco es líder
en producción de cobre, transporte ferroviario e infraestructura. En un periodo
de 80 años, sus negocios se han extendido de América a Europa y Asia.
En nuestro
país, acapara la producción nacional de
cobre con una participación del 77 por ciento del mercado, según datos del
“Informe Anual 2016” de la Cámara Minera de México (Camimex). En la producción
de cobre (en forma de concentrados minerales) le siguen la Minera Frisco (4.2),
Cobre del Mayo (2.9), Peñoles (2.8) y “otros” (8.9).
Además, Grupo México es el mayor productor de
cátodos electrobeneficiados (que sirven para el desarrollo de conductores
eléctricos). En 2015 aportó el 69 por ciento de la producción nacional, seguida
por Cobre del Mayo y Peñoles (11 por ciento cada uno), Kores (tres) y Minera
Frisco y “otros” (dos por ciento cada uno).
En materia de minería, la compañía de
Larrea ha sido señalada por presuntas prácticas opacas e ilícitas que
involucran al Gobierno mexicano. De 1994 –el último año de gobierno del ex Presidente Carlos
de Salinas de Gortari– a la fecha, Grupo
México ha recibido 333 concesiones, algunas con vigencia hasta 2063, de acuerdo
con una revisión de SinEmbargo al Portal de Transparencia del Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En materia de transporte e
infraestructura, el grupo que carga con la pena de haber envenenado dos ríos en
Sonora (2014) fue señalada de incurrir en prácticas, que al filo de la letra
legal, son monopólicas relativas.
El año
pasado, la Cofece determinó que este
grupo, junto con la compañía Kansas City, no tenía competencia real en las
líneas férreas del país porque controlaban el 72 por ciento de los sistemas
ferroviarios.
Por su capacidad para fijar precios, la
Comisión señaló que la falta de competencia generó daños a los usuarios del
sector, con incrementos hasta 8.3 veces mayores en las tarifas ordinarias de
interconexión.
CEMEX.
Con 122 años
de existencia, Cementos Mexicanos (Cemex) es
un gigante de la industria que opera en América, África, Asia, Europa y Medio
Oriente, con 1 mil 617 plantas, 269 minas y molinos, además de 253 terminales
terrestres y marítimas.
Por sí sola,
Cemex domina el mercado nacional con
cerca de 52 por ciento de la producción y de las ventas. En participación le
siguen Holcim-Apasco (20) y Cruz Azul (14), además de las compañías Fortaleza
(ligada a Carlos Slim y Antonio del Valle), Cementos Moctezuma y Cementos
Chihuahua (15 por ciento en conjunto), según datos del estudio de la UNAM
“Industria del Cemento en México: Análisis de sus Determinantes (2017).
Un año antes de causar la “guerra del
cemento” de 2017, Cemex –junto con Holcim y Cementos Portland Valderrivas– fue
sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España,
por fungir como “un cártel” de intercambio de “información comercial sensible”
para el reparto del mercado español con acuerdo de precios, entre 1999 y 2014.
Asimismo, en 2012, la Comisión de Competencia (ahora
Cofece) multó a Cemex por impedir la importación a México de cemento
proveniente de Rusia. Sin embargo,
la cementera se ahorró la multa mediante un amparo legal.
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