El mundo lanzó este miércoles
críticas y recomendaciones al Estado mexicano, sobre las carencias que
prevalecen en materia de Derechos Humanos; la delegación de México, en tanto, aceptó que persisten “retos considerables”, por casos de tortura,
desaparición forzada y asesinatos de periodistas y defensores.
Como parte
del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, más de 100 representantes de países
hablaron sobre México en el Palacio de las Naciones de Ginebra, en lo que
también fue considerado por organizaciones ciudadanas y expertos consultados
como una especie de evaluación o examen final al gobierno saliente de Enrique
Peña Nieto, porque es el segundo EPU que se aplica durante su periodo como jefe
del Estado mexicano. El primero fue en 2013.
Estados
Unidos tocó temas sensibles. Pidió al
Estado mexicano identificar a los responsables de las desapariciones en el caso
Ayotzinapa, y los hechos de tortura durante la investigación del caso,
señalados por la oficina de la ONU en México.
También señaló que la corrupción sigue facilitando
la impunidad en el país, y que hay 37 mil personas desaparecidas y no
localizadas, sin que se hayan aplicado en su totalidad las disposiciones de la
ley aprobada en materia de desaparición forzada.
Los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya,
lamentó Estados Unidos, siguen en la impunidad.
Uruguay y
Paraguay pidieron a México aceptar la
competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, para
conocer casos particulares o individuales, medida que el gobierno mexicano de
Enrique Peña Nieto ha rechazado. Países como Costa Rica y Benín coincidieron en
este punto.
Australia,
en su oportunidad, señaló su
preocupación por que México no tenga hasta ahora una Fiscalía General
independiente, lo que contribuye a que persistan la corrupción y la impunidad.
Otras naciones, como Reino Unido, también señalaron este punto, la importancia
de que el país logre tener una Fiscalía autónoma, que no esté atada al
Ejecutivo en turno.
Una recomendación que hicieron varios
países es la de reforzar el mecanismo de protección para defensores de derechos
humanos y periodistas, con medidas como asegurarle un presupuesto a largo plazo, como señaló Alemania.
La preocupación prevaleciente sobre
este punto se da con el antecedente de que más de 40 periodistas y 100
defensores de derechos humanos han sido asesinados en México, en lo que va de
este sexenio.
Naciones
como Madagascar y Malasia, por otro lado, señalaron
que en México persisten la pobreza y la pobreza extrema, y la discriminación
hacia sectores como niños migrantes o indígenas, que no tienen recursos.
Otro punto donde también hubo
menciones recurrentes fue el de que México tome medidas para combatir la
violencia de género y los feminicidios.
El
subsecretario para Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas, líder de la
delegación mexicana para este EPU, reconoció
que México enfrenta “retos considerables” en materia de derechos humanos.
“No venimos ni a minimizarlos ni a
negarlos”, dijo el
funcionario mexicano.
Entre esos
“retos considerables”, Ruiz Cabañas mencionó
los problemas de tortura, desaparición forzada, amenazas y violencia contra
defensores y periodistas, la violencia contra las mujeres y contra los
migrantes, y la discriminación contra pueblos indígenas.
Hay una “tasa de impunidad lastimosamente alta”,
dijo el subsecretario, lo que exige a los tres poderes del país fortalecer los
esfuerzos, como ordena la Constitución, en materias como consolidar los cambios
en el sistema de justicia.
El líder de
la delegación también dijo que México se
mantiene como un país abierto al escrutinio internacional, y aseguró que el
Estado seguirá trabajando con la sociedad civil, para atender las
recomendaciones que se hagan en este Examen.
El
subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez, dijo que si bien en México se ha implementado un mecanismo de
protección para defensores de derechos humanos y periodistas, “debemos
reconocer y lamentar que continúan los homicidios en contra de estas personas”.
Avante dijo que tres periodistas y defensores, que
eran beneficiarios de este mecanismo de protección, al que se han destinado 38
millones de dólares de presupuesto, fueron asesinados.
“El esfuerzo, aunque destacado, debe
profundizarse de manera que tengan acceso a este Mecanismo, más periodistas y
defensores de derechos humanos en riesgo, particularmente aquellos que habitan
en comunidades rurales”, dijo Avante Juárez.
Según el
funcionario, actualmente el mecanismo de
protección cuenta con “recursos suficientes”.
En su
participación, el comisionado nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera
Alfaro, dijo que México tiene un “grave
problema” en materia de desapariciones forzadas, con más de 37 mil casos de
personas desaparecidas o no localizadas.
Previo al
EPU, decenas de organizaciones
ciudadanas agrupadas en el #ColectivoEPUMx señalaron que, desde el Examen de
2013 y hasta 2018, periodo que coincide con el gobierno de Peña Nieto, México
tuvo un retroceso en materia de Derechos Humanos.
En
representación del Poder Legislativo, la senadora Kenia López Rabadán dijo en el Palacio de las Naciones que el
país vive “tiempos críticos” en materia de Derechos Humanos.
Decir Ayotzinapa en México, mencionó,
“produce duelo y desamparo”, esto en referencia que en el caso de la
desaparición de 43 normalistas impera la impunidad.
La senadora criticó que aunque los mexicanos señalan
como problema número uno la corrupción y la impunidad, el actual gobierno
insistió en mantener a la Procuraduría General de la República sin un titular.
El gobierno de Peña Nieto apuntó
también la legisladora, no tuvo voluntad política para dejar consolidado el
Sistema Nacional Anticorrupción.
El Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, a partir
de lo expuesto en el examen de este 7 de noviembre, emitirá un listado de
recomendaciones para México.
Luego, en
marzo de 2019, el Estado mexicano deberá
responder qué recomendaciones aceptadas y cuáles no; para ese momento ya estará
en funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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