Las mineras mexicanas pierden este
miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de conocerse la iniciativa de
la Senadora Angélica García Arrieta del partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) para regular la
normatividad extractiva del país, que incluye, entre otros aspectos, la
cancelación de concesiones.
Grupo México, propiedad de Germán
Larrea Mota-Velasco, bajó un 5.4 por ciento, su mayor caída diaria desde junio
de 2013.
Industrias Peñoles, perteneciente al
conglomerado Grupo BAL de Alberto Baillères González, se hundió un 4.7 por
ciento, mientras que Minera Frisco, subsidiaria del Grupo Carso, de Carlos Slim,
cayó 1.73 por ciento en las primeras horas de este miércoles.
El proyecto
de ley de Morena propone regular la
normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras priorizando la
importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y
pueblos donde se desarrolla esta actividad.
La
legisladora del Grupo Parlamentario de Morena denunció que la Ley Minera no considera la necesidad de realizar
análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de
concesiones. Tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las
mismas.
En ese
sentido, dijo, se trata de un descuido
jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico
Mexicano.
Detalló que su propuesta tiene como
objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto
social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
También busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de
explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar
concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
Adicionalmente, garantizar que toda concesión, asignación
o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de
sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos
de las regiones en los que se pretendan desarrollar, subrayó la Senadora.
Angélica
García precisó que con estas
modificaciones se obligará a los titulares de concesiones mineras que destinen
un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o
localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación
así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso
de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
“Senadores y senadoras, ya lo ha
declarado nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es muy
importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales
porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la
explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por
encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, dijo García al presentar la
iniciativa en el Senado.
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