La mañana del 11 de septiembre de
2014, un grupo de personas vestidas de civiles detuvieron a Mario Luna,
defensor de derechos humanos y del agua en Sonora, y vocero de la Tribu Yaqui.
El arresto, realizado por integrantes de la Policía estatal –que en ese momento
no se identificaron como tal–, concluyó en la oficina de Ciudad Obregón de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora donde fue incomunicado
hasta media tarde. Más adelante, luego de su trasladado al Centro de
Readaptación Social 2 en Hermosillo, el también Secretario de las Autoridades
Tradicionales del Pueblo Vicam enfrentaría cargos por secuestro que lo
privarían de su libertad durante un año.
Las acciones estatales se presentaron
en respuesta a la oposición de la tribu a la construcción del Acueducto
Independencia, una enorme obra hidráulica que despoja de 75 millones de metros
cúbicos (m3) de agua a la tribu indígena para solucionar problemas de
suministro en la ciudad de Hermosillo.
Desde el
anunció del proyecto, en 2010, el Pueblo
Vicam demandó su derecho a la consulta, el cuál le había sido negado a pesar de
que el Marco Internacional de Derechos de Pueblas Indígenas establece el
proceso como un derecho adscrito a los ordenamientos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Enterados por los medios de comunicación, los
integrantes de la Tribu Yaqui comenzarían un trayecto en el que la
criminalización y la injusticia marcaría su andar.
La protesta se convirtió en el
recurso de un pueblo combativo que quiere acabar con un ciclo de
invisibilización y hostigamiento dirigido a las comunidades indígenas, una
característica de la construcción de las grandes obras de infraestructura de
nuestro país.
DEFENDER EL
AGUA Y EL RÍO.
Los yaquis han utilizado
históricamente el río del mismo nombre para su supervivencias cultural y
económica. En 1940, el ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río aprobó la publicación
en el Diario Oficial de la Federación de un Decreto que otorga el 50 por ciento
del agua en el caudal del dicho río a la comunidad, lo que en la actualidad
representa un aproximado de 80 millones de m3, más lo correspondiente a los
escurrimientos, lo que daría un total de 600 millones de m3 anuales, distantes
a los 250 millones de m3 que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les
entrega de manera arbitraria.
El rechazó de la obra fue la reacción
natural frente a una regla que no se ha cumplido en los últimos 78 años y por
lo que los habitantes de la zona semidesértica enfrentan problemas de
suministro, que se agravan con la falta de recarga de los mantos acuíferos y el
Acueducto llevando el agua en otras direcciones.
“Nosotros vemos la escasez de agua,
la poca disponibilidad y la gran cantidad de usuarios por lo que agregar a una
ciudad como Hermosillo a una cuenca deficitaria acabaría por completo con la
aspiración del Pueblo Yaqui de rescatar lo que en decreto tenemos como
propiedad a favor del propio Pueblo Yaqui”, dice Mario Luna en entrevista con SinEmbargo.
A los yaquis se les señala como
“retractores” del progreso o por falta de “empatía” con los pobladores de
Hermosillo, quienes también han enfrentado la escasez de agua. Sin embargo, los
pobladores del río sostienen que el problema es mucho más complejo: el ajuste
en el caudal ha incrementado el deterioro del área de la costa del Mar de
Cortés, misma que han habitado de manera ancestral y en donde ya se han perdido
unas 700 hectáreas dedicadas a la agricultura y la ganadería.
La lucha del grupo es por la
autodeterminación, por sus derechos y contra la imposición de las empresas
extranjeras que han sido beneficiadas con el acueducto.
“Ellos argumentan que la intención de
crear ese Acueducto es darle agua a la ciudad de Hermosillo, pero no
especifican que sea a la red de agua potable, ellos lo que quieren es fomentar
el consumo de la industria. El Acueducto Independencia termina en las
inmediaciones del Parque Industria de Hermosillo en donde, en una ciudad sin
agua, están instaladas las plantas Ford, Coca Cola y Heineken, y muchas otras
empresas que son altas consumidoras de agua, como refresqueras y un desarrollo
inmobiliario que se esta promoviendo. Todo eso implica agua (…) ellos ya le
pusieron precio al agua y la están viendo como una mercancía”, agrega Luna.
Es la confrontación entre lo que
entendemos por progreso con tradición, y es lo que ha puesto en riesgo a los
personajes de la tribu, entre ellos a su vocero y representante en la defensa
del río.
Durante años, Luna ha representado a
su pueblo como Secretario y ha tenido un rol de traductor y escribano de las
decisiones de la asamblea. Fue esa posición lo convirtió en el personaje idóneo
para representar la oposición de la tribu. Asumir su rol como defensor lo dejó
al frente de grandes responsabilidades y riesgos, provocados por la constante
exposición frente a los medios de comunicación. Como defensor del agua ha sido
víctima de diferentes ataques que han tenido impacto en lo comunitario, lo
familiar y lo personal.
Primero llegó la detención
arbitraria, unos meses después el ataque a su hijo –quién fue golpeado y a
quien solicitaron que exigiera a su padre dejar el movimiento–. A pesar de que
las amenazas y hechos, como los ya mencionados, eran constantes fue hasta junio
del 2017 cuando el Gobierno de Sonora y el Gobierno del Ayuntamiento de Guaymas
implementaron medidas de protección para Mario; fue poco después de que unos
atacantes quemarán el automóvil de su esposa Anahí Ochoa y el Mecanismo de
Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no
ofreciera ningún tipo de apoyo.
UN SEXENIO
LLENO DE VIOLENCIA.
Para Mario la parte más dura del
movimiento se vivió durante el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías,
quién permaneció al frente del estado de 2009 a 2015, periodo en el que los
yaquis fueron hostigados y criminalizados, mientras se desarrollaba una campaña
de desprestigio por la que fueron objeto de burlas y agresiones por parte de la
sociedad civil.
Como él
mismo explica, el marco de impunidad
construido por Felipe Calderón Hinojosa, abrió espacio para que las circunstancias
de violencia contra los defensores se incrementaran y se manifestarán con
teléfonos intervenidos, persecuciones en sus hogares y hostigamiento por parte
de personas encapuchadas.
El entorno de violencia continuaría
hasta el sexenio siguiente, ya con la gubernatura de la priista Claudia
Pavlovich Arellano y en el centro del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando las
amenazas no cesaron. Con la inserción del crimen organizado en el panorama la
situación se tornó más difícil: comenzaron los discursos que quisieron
vincularlos con el mismo, se retiraron apoyos de vivienda, apoyos de becas
estudiantiles y se percibieron aún más agresiones provenientes de personas no
identificadas.
“Las cosas siguen siendo iguales” argumenta,
mientras especifica que la complicidad entre políticos y la impunidad,
invariable en cada gobierno, son las causantes del despojo continuo de sus
derechos.
“Otra cosa que hemos apuntado es la
complicidad que existe entre los políticos, ya sea de un partido u otro. Al
salir Guillermo Padrés, al tener una caída estrepitosa, entró el PRI [Partido
Revolucionario Institucional] con Alejandra Pavlovich, con ella se vio un
cambio en el trato a la comunidad, pero el despojo continuó, el despojo siguió,
y la violación de nuestros derechos continúa al seguir operando una obra como
el Acueducto Independencia que todos los días roba agua del territorio yaqui
sin tener manifiesto de impacto ambiental. El Estado de Derecho sigue siendo
violentado”, dice Mario
Luna.
La respuesta se encuentra en la
ausencia del Estado de Derecho, destaca Mario, una condición que permite que se
continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos,
como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los
pueblos indígenas.
LA URGENCIA
DE LAS CONSULTAS.
En 2013, la Suprema corte de Justicia de la Nación
(SCJN) reconoció la violación del derecho humano a la consulta de la Tribu en
la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia
y ordenó la realización de la misma. La orden no se cumplió de manera
inmediata, la comunidad yaqui protesto y como resultado vinieron las
detenciones arbitrarias.
La consulta debió ser libre, bien
informada y de buena fe. Sin embargo, no tuvo ninguna de esas características.
Se realizó cuando la obra tenía un 30 por ciento de avance, bajo un contexto de
hostigamiento que se traducía en presiones que retiraban apoyos gubernamentales
y ordenes de aprensión por delitos que no se habían cometido.
A quiénes habían organizado y exigido
la consulta los metieron a la cárcel, entre ellos Mario Luna, para poder seguir
avanzando con la obra. Se les ligo con ideas del crimen organizado y de manera
sorpresiva personas pertenecientes a estos grupos comenzaron a intervenir en las
comunidades “creando estados de psicosis y terrorismos psicológico”.
Luna asevera que ese fue el aprendizaje que les
dejo su fallida consulta es que las mismas deben de ser vinculantes, ya que, al
no contemplan obligatoriedad la opinión de los comuneros se vuelve un simple
requisito.
“Las consultas dejan mucho que
desear. En el caso de la Tribu Yaqui no sirvió de mucho: únicamente para
exhibir todas las intencionalidades subyacentes en estos procesos y la decisión
final queda en un grupo reducido de supuestos expertos (…) pero lo que opina la
tribu queda en un segundo término. Las consultas si no son vinculantes y no
contemplan la obligatoriedad, son una vacilada”.
“No es consultar por consultar”,
asegura Luna, “deben realizarse en los sitios adecuados, dice al manifestar que
no se les puede considerar justas si se hacen en espacios ajenos a las
comunidades, ya que éstas generalmente acostumbran a discutir de manera
conjunta en sus propios foros.
Las comunidades indígenas, como la
Tribu Yaqui de Sonora, exigen consultas que respeten su autonomía y
autodeterminación, un derecho que les otorga el Artículo 2 de la Constitución
Mexicana.
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