Por Jenaro
Villamil.
Una lamentable historia comenzó a
escribirse en la Cámara de Diputados la semana pasada, cuando la mayoría de
legisladores de Morena aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAPF) que organiza y distribuye las funciones entre las diferentes
áreas del Poder Ejecutivo. Unos “duendes legislativos” –esos fantasmas que
cambian los dictámenes sin deliberación alguna-, le hicieron un agregado al
artículo 27 que prácticamente anula la posibilidad de tener medios públicos
autónomos para hacerlos depender de la futura Secretaría de Gobernación.
La mayoría de las diputadas y los
diputados que defendieron la LOAPF no se dieron cuenta de esta chicana
legislativa. “Es orden de arriba”, les dijeron a algunos. Y ese “arriba” sólo
tenía dos nombres claros: el coordinador de la mayoría, Mario Delgado, y el
futuro subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, futuro funcionario que como
senador defendió la libertad de expresión y se negó a cualquier forma de
control… en los medios concesionados.
La polémica más agria se generó entre
especialistas y defensores de los medios públicos cuando se conoció que la
fracción VIII del artículo 27 de la minuta propone que la Secretaría de
Gobernación sea la responsable de “proveer el servicio de radiodifusión pública
digital a nivel nacional”, en franca contradicción con la promesa de crear un
sistema de medios públicos, ajenos al control gubernamental.
La frase es
tremenda: “proveer el servicio”
significa desde la creación de contenidos hasta la distribución de los mismos.
“Servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional” incorpora a toda
la radiodifusión que depende de recursos públicos federales (estaciones de
radio y de televisión, abierta y de paga).
También le dejan a la Secretaría de Gobernación la
función de “autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación
social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal”, a pesar de que se prometió una entidad autónoma responsable
de distribuir y vigilar los recursos de comunicación social.
En la
fracción I del artículo 8 de la misma LOAPF se le otorgó atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir
las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación,
gobierno digital federal, en términos de las disposiciones aplicables”, lo que
supone una presunta invasión a las facultades del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), según destacó la especialista Irene Levy, presidenta
de Observatel.
El problema
sustancial en el artículo 27 aprobado es que viola abiertamente la
Constitución. En la fracción V del artículo 6 constitucional se señala
explícitamente lo siguiente:
“La ley establecerá un organismo
público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de
gestión, que tendrá como objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines
de lucro (prácticamente la misma frase que el “duende legislativo” le agregó al
artículo 27 de la LOAFP), a efecto de asegurar el acceso al mayor número de
personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica,
la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial,
objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar
espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la
diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida
democrática de la sociedad”.
Este mandato
constitucional dio origen a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano. Con sus carencias y limitaciones, este sistema se echó a andar
con el objetivo claro de ser el proveedor de contenidos y lineamientos para la
enorme diversidad de medios que antes fueron gubernamentales y pretenden
volverse medios públicos: Canal Once (el más antiguo y emblemático), Canal 22,
el IMER, Radio Educación, Canal del Congreso y el Canal Judicial, entre los
principales a nivel federal.
En lugar de ir hacia la autonomía
real y cumplir con el mandato constitucional, lo aprobado en la LOAFP es un
retroceso peligroso y preocupante. En nada ayuda al futuro gobierno de Andrés
Manuel López Obrador que existan funcionarios que piensen que es “normal” que
al no existir medios públicos plenos, mejor que se queden bajo el control de la
Secretaría de Gobernación. No votamos para que nos controlen los medios.
El golpe legislativo va directamente
en contra de lo aprobado en el artículo 16 de la nueva Constitución de la
Ciudad de México, propuesto por los propios diputados constituyentes de Morena. Según este artículo:
“Los poderes públicos crearán un
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México que será garante y
promotor del conjunto de derechos que gozan sus habitantes, así como el
ejercicio de ciudadanía y participación social. Tendrá por objeto garantizar el
derecho a la información y a la comunicación, el carácter público del servicio,
la independencia editorial, los mecanismos de accesibilidad, la promoción de la
cultura, la libertad de expresión, la difusión de información objetiva, plural
y oportuna, la formación educativa, el respeto a la igualdad entre las
personas, así como informar sobre construcción y funcionamiento de obras
públicas estratégicas y servicios públicos”.
El mismo
artículo prevé que el nuevo Sistema
Público de Radiodifusión será “descentralizado, no sectorizado en los términos
que la ley establezca y observando los principios rectores que esta
Constitución define. Contará con un Consejo de Administración de siete
integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno, un Consejo Consultivo
Ciudadano de Programación de 11 integrantes, y una persona titular de la
Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir
de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México”.
La reforma a la LOAPF contradice la
autonomía de los medios públicos, defendida por Morena en el Constituyente de
la Ciudad de México, en sus documentos básicos y lo establecido por la propia
UNESCO que define “los medios hechos, financiados y controlados por el público,
para el público. No son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres
de la interferencia política y la presión de las fuerzas comerciales”.
En el Senado de la República ya
inició entre diversos legisladores de Morena una fuerte resistencia para
modificar lo aprobado en la Cámara de Diputados. Es la mejor oportunidad de
enmendar uno de los errores más graves de diseño y de concepción frente a la
comunicación social. Las “benditas redes sociales” no pueden contrastarse con
la maldición del control de los medios públicos.
Eso no es la
cuarta transformación.
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