Nueve gobiernos estatales en donde se
registran graves problemas de embarazos adolescentes incumplieron entre 2017 y
2018 con la responsabilidad de repartir métodos anticonceptivos, destacó un
informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Con su omisión, determinó el órgano fiscalizador,
limitaron el acceso de sus poblaciones a servicios de salud sexual y
reproductiva y minaron el impacto de una política de Estado para lidiar con la
crisis de embarazos adolescentes no deseados en México, país con más casos a
nivel mundial.
Los estados
de Aguascalientes, Baja California,
Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Puebla, Querétaro y Tabasco no
repartieron 176 mil 921 métodos anticonceptivos (pastillas, preservativos,
parches, entre otros). Esto equivale al 80.6 por ciento de los insumos totales
(219 mil 378 piezas) que recibieron el año pasado, a través de los contratos
públicos ADJ-123-2017 y ADJ-117-2017.
En el caso de este último contrato,
“por lo que respecta a los almacenes centrales de los estados de Tabasco,
Guerrero y Puebla no se proporcionó la documentación que acredite la salida de
4 mil 970, 23 mil 880 y 35 mil anticonceptivos” equivalentes a 76 millones 125
mil 100 pesos, “correspondientes al 100 por ciento de los insumos recibidos de
dicho contrato”,
refiere un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, Chiapas omitió la entrega del 89.1 por
ciento del total de los anticonceptivos recibidos (4 mil 900 unidades), seguido
de los estados de México y Chihuahua, que dejaron de entregar el 74.4 (61 mil
040) y el 51.7 por ciento (5 mil 690) de los insumos.
En lo que
respecta al contrato ADJ-123-2017, la
ASF refiere que Guerrero tampoco cumplió con la repartición de la totalidad de
los insumos recibidos (equivalentes a 14 mil 300 unidades). Le siguen los estados
de Querétaro (89.1 por ciento), Aguascalientes (52) y Baja California (51.4)
que no acreditaron la salida de 13 mil 176, 7 mil 797 y 6 mil 168 métodos
anticonceptivos.
Debido a la “falta de la
documentación que acredite la salida de insumos de los almacenes centrales de
los estados antes citados, se observó que no se cumplió con el objetivo de las
Bases de Colaboración CNPSS-CNEGSR-2017 de fecha 12 de junio de 2017 y, en
consecuencia, con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, al no
contribuir ello a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva”, se
lee en el informe 2017-5-12L00-15-0224-2018224-DS de la Cuenta Pública 2017.
El Programa
citado tiene, entre sus principales
objetivos, “disminuir la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos mediante
la oferta sistemática de metodología anticonceptiva, con énfasis en población
con mayor rezago como adolescentes, indígenas y población rural”.
Esto en un país en donde “alrededor
de 30 por ciento de la población joven” no tiene acceso a métodos anticonceptivos
y donde 16 millones de mujeres (15 a 19 años) y un millón de niñas (menores de
15) dan a luz cada año, según datos de 2017 del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Por lo
anterior, la ASF determinó que las
autoridades fiscales de estos nueve estados deben de investigar e iniciar –en
dado caso– “responsabilidades administrativas sancionatorias” contra los
servidores públicos “que en su gestión no contaron, al mes de julio de 2018,
con la documentación que acredite la salida de insumos” del almacén central de
las secretarías de salud estatal.
La falta de acceso a la información y
a servicios de salud sexual y reproductiva, que estén “libres de coerción,
discriminación y violencia es fundamental para el logro de igualdad de género y
garantizar que las mujeres puedan participar como miembros plenos de la
sociedad”, apunta la
UNFPA.
Estos estados que fueron señalados en
el dictamen de la ASF tienen también un grave problema de violencia de género
que alcanza niveles críticos y preocupantes.
En 2017, Edomex fue el tercer estado con más
feminicidios (64) a nivel nacional, según las cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Chiapas ocupó el octavo
lugar (29), Tabasco el décimo (28), Puebla el décimo primero (27), Guerrero el
décimo tercero (21), Baja California y Chihuahua el décimo sexto (11 cada uno)
y Aguascalientes y Querétaro no tuvieron registro de feminicidios ese año.
Nueve meses
después, hasta septiembre de 2018,
Edomex era el estado con más feminicidios (70) a nivel nacional. La violencia
feminicida también escaló en los estados de Guerrero, que ocupó la cuarta
posición (43), así como en Chihuahua (41) y Aguascalientes (tres) que ocuparon
el quinto y décimo séptimo lugares, respectivamente.
En los estados de Tabasco (22) Puebla
(19), Chiapas (18) y Baja California (9), que ocuparon la octava, novena,
décima y décima segunda posiciones, hubo mejorías de 21, 30, 38 y 18 por ciento
respectivamente, en comparación con las cifras de cierre de 2017. En el caso de
Querétaro, al igual que el año pasado, no hubo registro de feminicidios.
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