Para expedir títulos de concesión
mineras, la Secretaría de Economía (SE) realizaría consultas previas, libres e
informadas a las comunidades y pueblos indígenas involucrados, propuso la
bancada de Morena en el Senado.
La senadora
Angélica García Arrieta presentará este
martes al pleno un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos
artículos de la Ley Minera.
De acuerdo
con la iniciativa, la minería tiene una
relevancia económica indiscutible y representa una de las actividades laborales
de mayor tradición en nuestro país.
Sin embargo,
se ha descuidado jurídica e
institucionalmente por parte de la SE y el Servicio Geológico Mexicano, el análisis
del impacto social y de las consecuencias que traen consigo las concesiones que
se han otorgado.
Por ello, entre otras modificaciones
plantea establecer que “con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y
derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se expidan títulos
de concesión y de asignación mineras, la SE deberá llevar a cabo los
procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier
otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con el Servicio
Geológico Mexicano y las dependencias que correspondan.”
La propuesta establece que los
procedimientos de consulta tendrán como objeto alcanzar acuerdos o, en su caso,
el consentimiento conforme a la normatividad aplicable.
La
iniciativa, además, tiene como objeto:
- Facultar al Servicio Geológico
Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las
áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
- Facultar a la SE para que pueda
declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social
negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
- Garantizar que toda concesión,
asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de
sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos
de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
- Obligar a los titulares de
concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y
sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus
actividades de exploración y explotación, así como a rendir un informe anual
del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la
concesión por incumplimiento.
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