Georgina
Morett.
En la LXIV
Legislatura, la senadora Olga Sánchez
Cordero se convirtió en la gran defensora de los derechos humanos y las
libertades individuales, y ayer presentó la iniciativa para “La Regulación y
Control de Cannabis”.
No se trata de legalizar las drogas,
sino de dar un enfoque de salud pública que anteponga el derecho a la
autodeterminación y la salud de los consumidores, y que trate a los ciudadanos
como personas adultas capaces de decidir.
En la justificación de la iniciativa
se señala que “la Constitución no debería de imponer un ideal de excelencia
humana; sino permitir que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte
el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los
demás”.
Esta propuesta, que está muy
completa, despenaliza el consumo de la cannabis y permitirá que queden libres
muchos presos federales, porque de acuerdo con el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), 4 de cada 10 presos fueron detenidos por delitos de
drogas con un valor por debajo de los 500 pesos.
La
iniciativa propone la creación del
Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como un organismo
público desconcentrado de la Secretaría de Salud, que tendrá la absoluta
rectoría sobre este tema.
Deja claras las reglas para el
autoconsumo con dos condicionantes: no sobrepasar la producción de 480 gramos
por año y registrar sus plantas en el padrón anónimo del instituto.
La
iniciativa cuenta únicamente con dos
prohibiciones: regalar, donar, vender, distribuir o comerciar con los menores
de edad o bien emplearlos en actividades de comercio, y conducir cualquier
vehículo o manejar equipo y maquinaria peligrosa bajo el efecto del THC, que es
el principal componente psicoactivo.
Para la aprobación de esta ley se
contará con el voto de legisladores del PT, MC, PRD y quizá hasta algunos del
PAN, pero el aliado en la coalición Juntos Haremos Historia, el PES, votará en
contra.
Esta es una de las propuestas de la
senadora Olga Sánchez Cordero que ya se concretó en una iniciativa; deseamos
que las que buscan despenalizar el aborto, la muerte digna y los derechos de la
comunidad LGBTTTI también se conviertan en realidad y se logre avanzar en las
libertades individuales, a pesar de las presiones de quienes desean imponer sus
creencias y formas de vida a los demás.
Se dan con
todo.
La recta final en la elección de la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que
durará en el cargo los próximos tres años, está plagada de ataques.
Ayer la Barra Mexicana del Colegio de Abogados
le dirigió una carta al actual presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez, en la
que le señala que su participación en la contienda no procede, por lo que le
solicitan “desista de su intención en beneficio de la normalidad constitucional
del alto tribunal a su cargo”.
También ha sido muy criticado el magistrado Rafael
Guerra Álvarez, por el posible conflicto de interés que tendría, ya que entre
los votantes se encuentra su esposa, la magistrada Eva Verónica de Gyves, quien
está en la terna para ser fiscal general de la República, y con el simple hecho
de poner su voto dentro de la urna estaría violando el artículo 24 de la Ley
Orgánica del Tribunal, al participar en un proceso de designación de su
cónyuge.
Por fin
mañana viernes llega a su fin este proceso, por lo que, a las 12:00 horas en
punto, los 80 magistrados del Pleno votarán por alguno de los cinco aspirantes
inscritos: Rosalba Guerrero Rodríguez, Celia Marín Sasaki, Rafael Guerra
Álvarez, Manuel Díaz-Infante y Álvaro Pérez Juárez.
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