Gustavo De
la Rosa.
Después de
que los militares se retiraron de Ciudad Juárez en marzo de 2010, se hizo cargo
de la seguridad citadina la Policía federal, bajo el mando del comisionado
nacional Facundo Rosas. Aunque el mando
militar fue sustituido por el mando civil en Ciudad Juárez, el Ejército seguía
vigilando el resto del Estado, sobre todo en la zona rural.
En febrero
de 2010 me reuní con Alejandro Páez y Ricardo Raphael, entonces importantes
miembros del periódico El Universal donde yo era articulista, y don Ricardo me explicó que se había organizado un
proceso de diálogo cívico militar para reflexionar sobre la práctica del
Ejército en tareas de Seguridad Pública, como un esfuerzo sincero y
autocrítico. La invitación y el contacto a la reunión me los dio Jesús Robles
Maloof, un entrañable amigo activista.
La primera reunión fue en Torreón,
Coahuila y posteriormente hubo reuniones cada 3 o 4 semanas, en Ciudad Juárez o
en la Laguna hasta que tomó posesión Enrique Peña Nieto, y los resultados
fueron impresionantes: miles de casos de violaciones a los Derechos Humanos por
año se redujeron a menos de cien en el mismo periodo.
Pero el proceso fue complicado, los
foros estaban dirigidos a los mandos operativos de cada ciudad en esos estados
o área geográfica, y cada uno se mostró rebelde al tener que acatar la
normatividad constitucional; la única ley que reconocían eran las órdenes del
secretario general y constantemente se rebelaron contra el general Sandoval,
jefe de la 5ta Zona Militar y contra el jefe de la región Coahuila-Chihuahua,
hasta que llegó una carta escrita personalmente por el secretario general de la
Defensa Nacional.
El documento
les ordenaba que debían respetar los
derechos fundamentales o atenerse a las sanciones de ley, y su autenticidad era
indiscutible pues se había impreso en una impresora de puntos, que al parecer
usaba el general para ciertas comunicaciones de alta prioridad. Con eso se
acabaron los abusos militares, salvo algunas excepciones: la desaparición
forzada de tres jóvenes de la familia Alvarado, todavía pendiente de resolver.
De forma paralela, y gracias al
empeño de Cipriana Jurado con apoyo de Amnistía Internacional y la conformidad
del Ejército, se lograron procesar dos casos de desaparición forzada ante los
tribunales de Distrito, evitando el fuero militar y obteniendo unas 22 órdenes
de aprehensión contra los oficiales y tropas responsables de la aprehensión de
los jóvenes desaparecidos. Esa nueva realidad sometió a los militares a la ley
civil y su práctica mejoró sustancialmente, comparada con el periodo anterior
de plena impunidad.
Aunque salí
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2014 y desconozco si ese control
sobre la tropa continuó, la enseñanza
que se obtuvo fue que, si las órdenes vienen del secretario general de Defensa
Nacional y son aplicadas por los jefes de las zonas militares y mandos
intermedios, los militares sí respetan la Ley. La violencia no está en su ADN,
pero obedecer a sus superiores sí (ahí el riesgo de que estos mandos actúen
sin mayor supervisión).
Desde abril
de 2010 Facundo Rosas, en relación directa con el ingeniero García Luna, con el
jefe de asesores del presidente de la República y con Margarita Zavala; además
de unos 6 mil policías federales coordinados cotidianamente con la Fiscalía del
Estado, la PGR y un grupo de ciudadanos, ha ido desarrollando una estrategia de
contención de la violencia y delincuencia en la ciudad, de la cual hablaremos
en la siguiente entrega.
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