La extitular de la Secretaría de
Obras Públicas durante el gobierno de Graco Ramírez, la perredista Patricia
Izquierdo, solicitó el amparo de la justicia federal ante la presentación de
denuncias en su contra por presuntas irregularidades en el sexenio anterior.
De acuerdo
con la información que ha publicado Apro en su oportunidad, existen al menos 17 denuncias en su contra
por su presunta participación en irregularidades cometidas en obras públicas
durante el sexenio pasado.
Según la
información disponible, la exfuncionaria
obtuvo una suspensión provisional contra actos de la Fiscalía Anticorrupción,
misma que quedó asentada dentro del expediente 2035/2018, del Juzgado Primero
de Distrito. El documento establece:
“Cuernavaca,
Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado en auto de
esta misma fecha dictado en el cuaderno principal y con fundamento en los
artículos 110 y 128 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda de amparo
promovida por Patricia Izquierdo, por su propio derecho, contra actos de Fiscal
Anticorrupción del Estado de Morelos, con residencia esta ciudad y otras
autoridades, se forma por separado y duplicado este incidente de suspensión.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, se fijan las
NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para
la celebración de la audiencia incidental, se concede la suspensión provisional
solicitada”.
El pasado 5
de octubre, cinco días después de la
llegada de Cuauhtémoc Blanco Bravo, se anunció la presentación de las primeras
denuncias contra funcionarios del anterior gobierno encabezado por el
perredista Graco Ramírez, por un faltante de 300 millones de pesos e irregularidades
en algunas obras.
El nuevo
secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez, señaló irregularidades en obras como la nueva sede del Congreso del
Estado, el edificio del Tribunal Superior de Justicia ubicado en las
inmediaciones del penal de Atlacholoaya, así como la nueva sede del Tribunal
Unitario de Justicia para Menores, lo que constituye algunos de los “focos
rojos” de lo que está investigando para luego tomar las medidas que establezca
la ley.
“Una información de primera mano, es
que hay un adeudo de alrededor de 300 millones de pesos en estimaciones, ya
hemos tomado conocimiento a problemas en algunas obras importantes como es la
del Congreso del Estado, la del Tribunal Superior de Justicia en Atlacholoaya y
del Tribunal Unitario de Justicia para menores Adolescentes, que tienen algunas
problemáticas y cuestiones que estamos investigando, hemos pedido los
expedientes únicos y los auditores ya están trabajando en ello”, manifestó el funcionario.
“Esas auditorías van a consistir no
sólo en la revisión de la entrega-recepción, sino que vamos a hacer la revisión
física y financiera de cada una de las obras que se ejecutaron en los últimos
seis años, y a partir de ahí tendremos un diagnóstico, pero ahorita, ese es el
estatus”, señaló.
Negó que hubiera proceso de
entrega-recepción, pues aseguró que sólo se le entregó una “tarjeta
informativa”: “No hubo un proceso de transición, sólo una tarjeta informativa
de parte de la anterior secretaría. Sin embargo, en términos de Ley, a partir
de la toma de posesión del cargo -el día primero de octubre- citaron a la
extitular de la secretaría y se presentó a las diez de la mañana para efectuar
el acto formal de entrega-recepción, mismo que hicimos ante la presencia de un
notario público. Cumplimos la formalidad documental, me entregaron la oficina y
a partir de ese momento tenemos el acompañamiento de auditores, especialistas
en obra pública y especialistas también en la normatividad que rige el tema de
administración y empezamos a trabajar en las auditorías”, explicó.
Esto dijo,
es “lo más lamentable”, que “no hubo
proceso de transición, no hubo proceso de entrega-recepción, sólo una tarjeta
informativa de parte de la anterior Secretaría de Obras”, Patricia Izquierdo
Medina. Dijo más bien que sólo fue “una formalidad” que incluyó la entrega de
la ficha, la oficina y ya.
Las auditorías no serán sólo para la
revisión del proceso de entrega-recepción, sino que incluirán revisiones
físicas in situ y financiera de cada una de las obras que se supone se ejecutaron
en el gobierno de Graco Ramírez, los últimos seis años, para poder tener un
diagnóstico completo.
Además, aseguró que ha estado recibiendo desde el
primer día a grupos de personas que tienen demandas en materia de
infraestructura a lo largo y ancho de la entidad. “Hemos estado recibiendo a
una gran cantidad de personas por diversos motivos, algunos comisariados
ejidales que tienen algunas quejas, en fin, hemos estado abiertos a la gente y
tratar de ser cercanos y sencillos como lo es nuestro gobernador”,
concluyó.
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