Javier Risco.
El 11 de julio pasado entrevisté
a Manelich Castilla, exc omisionado general de la Policía Federal, y le
pregunté sobre cómo imaginaba el futuro de su policía, en aquel entonces
contestó: “A mí me encantaría pensar en una policía que tendrá el respaldo de
la ciudadanía, que irá ganando más confianza y más adeptos. Quiero imaginar a
elementos con los mejores perfiles, una policía que sea una aspiración para la
gente mejor preparada y estamos en un camino que se puede lograr, pero hay que
conocerla”. En aquella entrevista me repitió hasta el cansancio que el nuevo
gobierno “debía conocerla”; sin embargo, a pesar de haber tendido puentes de
comunicación, el gobierno entrante jamás estuvo interesado en algún
acercamiento, su diagnóstico ya lo tenían claro. De hecho, un día antes de la
entrevista, el que ahora será el próximo secretario de Seguridad Pública,
Alfonso Durazo, declaraba a los medios: “Lo que vamos a hacer con la Policía
Federal es consolidarla, un programa de consolidación es una buena institución,
pero imagino que dado el abandono administrativo en el que se ha encontrado, se
encuentra (sic) con una moral difícil”. Ni programa de consolidación ni
recuperación administrativa, la Policía Federal se encontraba con una “moral
difícil” y eso la había sentenciado a su desaparición.
Después les fue peor. Andrés Manuel
López Obrador, en la presentación del Plan de Paz y Seguridad así cerraba el
capítulo de la Policía Federal: “Con esta medida se resolverán tanto el vacío
legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores
de policía, como la carencia de una institución policial profesional y capaz de
afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia”; el análisis final era
que no había una institución profesional capaz de afrontar la situación actual,
y el camino de seguridad de la 4T no recorría este camino, López Obrador
apostaba por la militarización, por una Guardia Nacional encargada de todo el
territorio.
A partir de este momento han quedado
en el olvido, el gobierno federal habla de la Guardia Nacional y los
gobernadores hablan del fortalecimiento de sus policías locales; aún está en el
aire la manera en la que se va a aplicar el Plan de Paz y Seguridad, pero el
crimen organizado no ha parado, los enfrentamientos siguen y el número de
asesinatos se mantiene constante. Aún no tenemos una cifra oficial del número
de muertos en los primeros 11 días del gobierno de López Obrador. Según el
recuento de algunos medios, se sitúan alrededor de los 300; lo que sí tenemos
es una cifra del número de policías asesinados en nuestro país en 2018 y en los
primeros días del gobierno de López Obrador.
La organización Causa en Común publicó hace unos días la información: hasta el 9 de diciembre llevan
contabilizadas, al menos, 388 muertes de personas dedicadas a brindar seguridad
en 30 entidades, más de uno al día. De acuerdo con el informe, por corporación,
los policías caídos en un 3.9% corresponden a la Policía Federal; en otro 3.9%,
al sistema penitenciario; 16.5% de los asesinados eran policía ministerial,
27.8% formaban parte de corporaciones estatales y, por último, casi la mitad (47.9%)
eran policías municipales.
Mientras el gobierno prepara una Guardia Nacional, los policías siguen muriendo. En los
primeros nueve días de diciembre fueron asesinados 12 elementos de seguridad
del estado, y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han
significado ni siquiera una mención.
Cuando algunos gobernadores dicen que
seguirán fortaleciendo la policía local, es una declaración obligada ante la
indefensión de los que están en campo. De acuerdo con los datos de Causa en
Común, en Guanajuato han sido asesinados 63 policías; en Guerrero, 40; en
Edomex, 38; en Veracruz, 29; en Puebla, 27; Chihuahua, 26; Jalisco, 24; la
CDMX, con 17; Michoacán y Oaxaca, con 12; San Luis Potosí y Sonora, con 11;
Tamaulipas, con 10 casos. En estas 13 entidades se concentran 320 homicidios
dolosos de policías, lo que significa el 82.5% de los casos.
Pocos voltean a ver la situación de
los policías municipales, se les juzga, se les señala como el eslabón más débil
de la cadena de seguridad, falta poco para culparlos de la situación de
violencia en este país. La organización Causa en Común, dirigida por María
Elena Morera, tiene un diagnóstico preciso y cercano de su situación: no se
trata de poner militares en lugar de policías municipales como si fueran
pequeños monitos en un tablero, el limbo de seguridad que estamos viviendo es
el caldo de cultivo ideal para la expansión de la violencia. Ojalá que el nuevo
gobierno se acerque a estos estudios, entienda la complejidad de desplegar a
militares a realizar labores de seguridad con civiles, y por lo menos esté consciente
de que en este tiempo de adaptación hay policías que siguen disparando un arma
contra delincuentes y, peor aún, siguen muriendo.
Este año podemos tomar cualquier día del año y decir… hoy
murió un policía.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.