Arnoldo Cuellar.
A nivel nacional ha empezado un fuerte debate sobre las
regresiones que laten en el fuerte dominio político obtenido por Andrés Manuel
López Obrador después del resultado de la pasada elección de julio, la cual,
además de la titularidad del Ejecutivo, le dio un poder total en las dos
cámaras del Legislativo.
Uno de los aspectos preocupantes es la confrontación con el
Poder Judicial por el tema de las remuneraciones, la cual ya se encuentra en el
terreno del litigio jurídico y también en el espacio de la confrontación
mediática.
Sin embargo, en
Guanajuato nada de eso puede asombrarnos… porque aquí ya vivimos un panorama
como ese desde hace tiempo. Incluso, las admoniciones del coordinador de la
bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, no dejan
de sonar a hipocresía, pues él manejó desde la gubernatura de esta entidad un
Congreso a modo y un Poder Judicial intervenido.
En Guanajuato el PAN
ha venido ganando las elecciones con resultados que recuerdan a la Venezuela de
Maduro: porcentaje superiores al 50 por ciento y hasta al 60 por ciento, como
pasó con Juan Manuel Oliva. La decisión sobre el gobierno interior del
parlamento local se ha venido tomando sistemáticamente en las oficinas del
gobernador.
Solo basta recordar
como el coordinador panista de Miguel Márquez fue su jefe de campaña, Éctor
Jaime Ramírez Barba; el secretario general del Congreso en la recta final fue
el exsecretario particular del mandatario, Christian Cruz. Incluso hoy, a
ciencia y paciencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, Márquez logró
colocar a otro secretario particular en el Congreso de Guanajuato como hombre
fuerte: Ricardo Narváez.
Como se ve, en
Guanajuato incluso hemos dado el paso decisivo de la regresión política al
pasar de la aceptada inexistencia de la división de poderes a un verdadero
Maximato, como en los tiempos del general Plutarco Elías Calles o, peor aún,
como en los tiempos del general Antonio López de Santa Anna.
El regreso de Miguel Márquez a los
reflectores, donde solo permaneció ausente mes y medio, se acabó de consolidar
este fin de semana con su inclusión en la Comisión Permanente del CEN panista;
y no solo por él, sino también porque logró colocar en una posición de
privilegio a su operadora política estrella, Juana de la Cruz Martínez,
heredada como secretaria particular a Diego Sinhue y desde ahí convertida en
fiel guardiana del control político de Miguel Márquez sobre su delfín que no
parece querer dejar de serlo.
Pero si a nivel
nacional escandaliza que López Obrador plantee ejercer control sobre los
sueldos del Poder Judicial, en Guanajuato eso nos queda chico, pues aquí los
magistrados y los presidentes del Supremo Tribunal de Justicia hace tiempo que
son decididos en el Poder Ejecutivo y con plena injerencia de los jerarcas
panistas.
Romero Hicks debe
recordar cuando en su oficina se palomeaba y se defenestraba a magistrados,
consejeros de la Judicatura y presidentes del Poder Judicial. Así que cuando
critica a AMLO por su “soberbia”, sabe exactamente de qué habla.
Ninguno como
Miguel Márquez, que incluso le abrió la puerta a su compadre el empresario
Rafael “Gallo” Barba, para que interviniera de forma abierta en asuntos del
Poder Judicial, como quedó ampliamente documentado en investigaciones
periodísticas.
Por si fuera poco, Miguel
Márquez y Juana de la Cruz Martínez vulneraron instituciones autónomas como la
Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la información
Pública, al aplicarles al estilo guanajuatense la política de “cuotas y
cuates”, quizá más cuates que cuotas.
Hoy ambas instancias constituyen
mecanismos de complicidad con los vicios institucionales y se encuentran
completamente alejadas de los ciudadanos a los que debían servir y para los que
fueron creadas. Raúl Montero, el procurador de los derechos humanos, inauguró
la política hoy adoptada por Diego Sinhue de no dar entrevistas a medios “para no
regarla”, debido a su flagrante ignorancia de los temas de agenda de la
institución que encabeza.
Y desde luego, que Guanajuato viva un
régimen que parece el antecedente directo de los peores vicios que asoman en la
Cuarta Transformación, no puede ser, de ninguna manera, una justificación de
las regresiones que amenazan los avances institucionales que tenemos a nivel
nacional
Sin embargo, si llama
la atención que algunos conspicuos representantes sociales, como es el caso de
los dirigentes empresariales, se encuentren por demás preocupados del
autoritarismo de López Obrador, pero tengan absolutamente normalizado el
intervencionismo de Miguel Márquez y la obediencia ciega de Diego Sinhue
Rodríguez.
Por ejemplo, la
Coparmex ni siquiera ha hecho valer los once compromisos firmados contra la
corrupción por parte del actual gobernador, durante la campaña política. Diego
Sinhue ya les puso el dedo en la boca con el nombramiento de su secretaria de
la Transparencia, Marisol Ruenes, quien carece de independencia y de formación
para el cargo. También ya anunció la ratificación de Carlos Zamarripa, pasando
por encima del Congreso e incumpliendo con el primer punto del listado:
“Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas”.
Ya no se diga otros aspectos como el
de “publicar voluntariamente la declaración 3de3 de todo el gabinete”; o la de
“realizar las compras a través de CompraNet nacional”; o también la de
“impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas”.
Pero no solo eso, la
Coparmex a través de su dirigente leonés, Jorge Ramírez Hernández, aceptó
integrar un Consejo Estatal de Seguridad que significa de facto una validación
al fiscal carnal que es Carlos Zamarripa Aguirre, con lo que sabotearon su
propio movimiento anticorrupción.
Así se va deteriorando la salud
democrática del país, con las complicidades de los organismos intermedios y de
la sociedad civil que empieza a normalizar las conductas autoritarias de los
gobernantes.
En Guanajuato, los
sectores sociales, los empresarios, los medios de comunicación y los ciudadanos
en general, hemos aceptado como parte del paisaje que el gobierno panista
controle los otros dos poderes y que además tenga una fuerte injerencia en los
medios de comunicación. ¿Hay en esa sociedad reservas para resistir el
avasallamiento que se teme por parte de López Obrador?
Francamente se ve difícil.
Más fácil parece esperar que Diego
Sinhue Y AMLO departan alegremente en el inicio de la temporada beisbolera
pretendiendo hacer pasar el rescate del fracasado equipo Bravos de León como el
gran acuerdo político de la temporada, con el aplauso de todo el respetable, sobre
todo los dignos representantes de las organizaciones intermedias.
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