10 puntos sobre la Guardia Nacional.

Martí Batres.

1. La Guardia Nacional ya está mencionada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está en los artículos 10, 31, 35 y 36 entre los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Forma parte de los artículos 73, 76, 78 y 89 como facultades del Congreso, el Senado, la Comisión Permanente, los gobernadores y la Presidencia de la República. También está mencionada en la Ley del Servicio Militar Nacional y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. La Guardia Nacional ya está mencionada constitucionalmente desde 1847 y 1857 y forma parte, más allá de la formalidad legal, de una historia de participación popular en la defensa de la soberanía de la patria, especialmente contra la intervención de los Estados Unidos y de Francia en nuestro país en el Siglo XIX.

3. La Guardia Nacional ha sido concebida como instrumento de defensa del territorio nacional ante agresiones extranjeras, pero también de restauración del orden público.

4. La propuesta del Presidente de la República, para hacer de la Guardia Nacional la principal fuerza para combatir la delincuencia y recuperar la seguridad pública requiere, sin embargo, de variadas reformas constitucionales para dar forma a un cuerpo centralizado, institucionalizado, jerarquizado y enfocado a la tarea policiaca federal.

5. Desde hace muchos años los gobiernos civiles han recurrido esporádicamente al auxilio del Ejército en tareas de seguridad pública. Pero hace 12 años el gobierno federal metió de lleno a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de policía en el país. Y lo hizo sin reformar los fundamentos constitucionales y sin un plan estratégico.

6. En los hechos, se militarizó la seguridad pública y se hizo depender de la presencia castrense la seguridad de muchos poblados del territorio nacional. Sacar ahora al Ejército de muchos lugares provocaría un vacío inmediato que sería ocupado inmediatamente por la delincuencia organizada.

7. Es cierto que hay un cambio, por lo menos parcial, en el discurso de la opción política que ganó la elección presidencial, en relación a este tema. La idea de sacar de tajo al Ejército de las tareas de seguridad pública ha sido desplazada por una visión mucho más gradual y que contempla mantener algún tipo de presencia militar en este campo.

8. No tienen razón quienes argumentan que el gobierno federal actual quiere militarizar la seguridad pública. En realidad, dicha militarización ya ocurrió después del 2006. En todo caso lo que se plantea ahora es una desmilitarización parcial y gradual, toda vez que se propone que el Ejército como tal salga de la función de seguridad pública y se mantenga en ésta la parte policiaca del mismo, es decir, las policías naval y militar.

El gobierno federal propone crear una Guardia Nacional que asuma las tareas de la seguridad pública del país. Dicha Guardia tendría una composición mixta, militar y civil, pues estaría integrada en su origen por las policías naval y militar y la policía federal, reclutaría además a civiles para completar su integración.

9. Desde la oposición política y organizaciones de la sociedad civil se han hecho observaciones críticas muy pertinentes. Hay preocupaciones fundadas sobre los riesgos de afectar derechos humanos. Existen numerosos casos ocurridos a lo largo de los dos últimos sexenios.

Por eso, en el caso de que el Congreso avale dicha reforma es indispensable crear medios de control y vigilancia en materia de derechos humanos, así como mecanismos para revertir, cancelar o disolver la Guardia Nacional y formas de evaluación, temporalidad y transición al fortalecimiento de estructuras civiles.

10. No olvidemos, sin embargo, que la estrategia adecuada en materia de seguridad también debe contemplar el crecimiento económico, las políticas sociales, la atención a los jóvenes, la ampliación de la educación superior, la restauración del tejido social; así como la cancelación de la llamada guerra contra el narco, la superación del enfoque punitivo en materia de drogas blandas, la justicia transicional y el riguroso respeto a los derechos humanos.