Alistan pruebas y alegatos para iniciar juicio político contra el fiscal de Veracruz.

Por Noé Zavaleta.

En las siguientes horas se realizará la primera audiencia de pruebas y alegatos para dar inicio al proceso de juicio político contra el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, como parte de la denuncia que presentó en su contra Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales.

Aguirre acusó al fiscal de los delitos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas, y remitió a los diputados 16 pruebas para sustentar sus dichos.

Jorge Winckler, amigo personal del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue designado fiscal general a finales de 2016, cuando, por presiones políticas de diputados panistas y el propio Yunes, Luis Ángel Bravo Contreras renunció al cargo.

Días atrás el fiscal obtuvo una suspensión emitida por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Boca del Río, bastión político de la familia del exgobernador, donde se indicó que Winckler deberá permanecer en su cargo hasta que resuelva otro juicio de amparo.

De esa manera, el funcionario se amparó contra posibles intentos del Congreso local de removerlo de la fiscalía general, con base en la reforma constitucional del 29 de noviembre de 2018.

Winckler logró que la justicia federal suspendiera algún posible intento de removerlo de sus funciones, sobre todo cuando la mayoría del Congreso local pertenece a Morena y buscan separarlo de la fiscalía estatal a través de una reforma constitucional o demandas de juicio político, justificando que en su desempeño ha dejado de lado la procuración de justicia.

Durante la primera audiencia que realizará la Comisión Instructora en el Congreso del estado, Winckler enfrentará los cargos de tortura, asociación delictuosa, abuso de autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas.

La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en su artículo 22, dice que después de la audiencia de pruebas y alegatos, la Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados en un plazo de tres días.

De acuerdo con el fiscal, el actual gobierno estatal pretende vulnerar su autonomía, señalando que las acusaciones en su contra no están sustentadas.

“Este juicio político presume de estar bien sustentado y resolverá si el fiscal general incurrió en las conductas señaladas y fijar las debidas sanciones”, dijo.