Por Jorge
Javier Romero Vadillo.
La manera en la que se aprobó la
iniciativa de reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, con el
apoyo de la diputación del PRI además de los de la coalición que de entrada le
garantiza al presidente de la República un amplio margen de maniobra
legislativa, es reflejo de la profunda crisis en la que se encuentran los
partidos que dominaron el ciclo político previo, el que resultó del pacto
político de 1996, periclitado con el resultado electoral del año pasado.
El acuerdo de 1996, con el cual
terminó el régimen de partido único, tuvo muchos defectos –su extremado
proteccionismo a la oligarquía de tres partidos que lo propició, su incapacidad
para frenar la corrupción y el mantenimiento del sistema de botín en el reparto
de las parcelas de poder– pero también tuvo virtudes muy importantes, como la
creación de contrapesos y autonomías que deberían institucionalizarse en tanto
que mecanismos para evitar la concentración de poder en el ejecutivo.
A pesar de que el propio presidente
aseguró durante la transición que no pretendía reformar la Constitución durante
los primeros tres años de su gestión, durante estos primeros días de gobierno
ha comido ansias por dejar su sello en el texto constitucional, pero no en el
sentido de ampliación de la distribución democrática del poder y de los
derechos y libertades, sino en el contrario, el del fortalecimiento
presidencial y la centralización. Hay además signos ominosos en su maltrato
declarativo a los órganos autónomos, en su decisión de impulsar una reforma
para desaparecer al INEE para crear un órgano dependiente del ejecutivo, y en
su empecinamiento para poner a un incondicional al frente de la Fiscalía
General recién nacida.
En la
actuación del presidente López Obrador parece
imperar la idea de una democracia de la voluntad general, aquella que Rousseau
imaginó y que ha sido criticada por confundirse fácilmente con la tiranía de la
mayoría. La propensión presidencial a centralizar las decisiones y a
fortalecerse en el poder sin necesidad de involucrarse en tediosos procesos de
negociación propios de las democracias representativas se agrava enormemente
por la ausencia de una oposición con convicción del papel que le debe tocar en
una democracia representativa y federal con división de poderes y equilibrios
regionales.
Lo de la Guardia Nacional en la
Cámara de Diputados mostró lo enclenques que quedaron los partidos, pero también
hizo evidentes los resabios presidencialistas del PRI, reflejos de una
institucionalidad informal que obligaba a darle al presidente lo que pedía, sin
tomar en cuenta las evidencias ni las convicciones personales. Con la crisis de
la gasolina, por otro lado, ha quedado clara la debilidad de los gobernadores y
su propensión a someterse a los designios federales, con alguna excepción
notable.
Es verdad que en la mayoría social
predomina todavía la percepción de que el presidente es y debe ser el gran componedor
de lo público –de ahí que no tengan mucho apoyo los contrapesos propios de una
democracia constitucional moderna–, pero no por ello resulta comprensible que
los partidos que quedaron en minoría claudiquen en su tarea de diferenciarse en
proyecto y propuestas respecto a la mayoría presidencial. Pareciera que en
lugar de hacer una autocrítica de su actuación previa, su manera de
congraciarse con el electorado fuera la de sumarse a la abstracta voluntad
general. De seguir por esa ruta no les quedará más que la irrelevancia y le
harán un flaco favor a la supervivencia de la incipiente democracia plural y
representativa que habían ido construyendo.
En el caso del PRI, pareciera como si
la nostalgia de la antigua presidencia omnímoda, de la cual aquel partido era
brazo articulador, se reflejara en la condescendencia respecto al nuevo hombre
fuerte en ciernes. Tal vez esos son sus reflejos históricos; pero sorprende que
el PAN no vea en su ejercicio opositor la manera de reagruparse. El PRD parece
un cadáver insepulto, un decapitado que deambula en busca de su cabeza,
mientras algunos de sus miembros buscan acomodo en la nueva mayoría, sin
identidad alguna. Mejor lo ha hecho hasta ahora Movimiento Ciudadano, aunque
todavía de manera tentaleante.
Los partidos
de oposición tienen aún una oportunidad para diferenciarse –y para presentar un
muro de contención frente a la vuelta a los tiempos en los que cada presidente
deformaba la Constitución a su antojo– en el debate sobre la Guardia Nacional
que viene en el Senado. Si en esa discusión no se construye una coalición
sólida contra la pretensión de concederle al ejército el control de la
seguridad en su conjunto, el camino para una reconcentración hegemónica del
poder se habrá allanado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.