Salvador
Camarena.
Hace un
tiempo el colega Rafael Cabrera tuiteó que a un mexicano le puedes violar sus
derechos y no hará nada, pero sí le tocas su auto ahí sí la arma de pedo. Cito
de memoria y no importa si no recuerdo en qué coyuntura se publicó tal mensaje:
estamos atestiguando su plena vigencia desde la semana pasada.
El año, y
ahora sí se puede decir que el sexenio, ha comenzado con una polémica dual,
surgida de las mangueras despachadoras de gasolina.
Los detractores del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador reclamaron en los albores de 2019 algo que
quisieron llamar, con más pena que gloria, gasolinazo.
En contra de
su promesa de campaña de bajar a nivel nacional el precio de los combustibles, el nuevo gobierno decidió mantener esa
fuente de ingresos. Tal decisión, afortunadamente, no prendió: no ha suscitado
saqueos como cuando Meade and Cia. dieron, sin servilleta con una adecuada
estrategia de comunicación, el gasolinazo de 2017.
De cualquier
manera, haber dejado en su nivel los precios de gasolina no será visto con
buenos ojos por la población.
Y ese
malestar puede ser el inoportuno caldo de cultivo para una crisis mayor, la del
desabasto de gasolinas en varios estados, que sería la primera de carácter
popular para este gobierno.
El discurso
de la soberanía nacional de López Obrador pasa, desde hace décadas, por el
petróleo. Es un mandatario anclado en la noción de que nuestra historia era
mejor cuando Pemex o la CFE fueron nacionalizadas. Así lo expresa en su libro
2018, la salida, donde, tras dedicar varias páginas a defender la idea de que
nuestro país debe tener más refinerías antes que importar combustibles,
sostiene: “en conclusión la venta de las
gasolinas y el diesel es un negocio muy rentable. La reforma energética entregó
los activos de la nación, pero, sobre todo, pretende quitar a México su
soberanía energética”.
En ese
libro, publicado en 2017, López Obrador
cerrará el capítulo titulado “Le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos
de oro” con la carta que el presidente López Mateos publicó luego de la
nacionalización de la industria eléctrica, misma que comienza así: “Pueblo de
México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la
nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos
identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles
entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas
extranjeros”.
“Ni un paso
atrás”, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro
petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica…”
Y el tema petrolero, para AMLO, no
sólo es el discurso. Todo mundo sabe que parte de su liderazgo a nivel nacional
creció luego de sus protestas, que incluyeron choques con la autoridad, donde
fue descalabrado, en pozos petroleros en su tierra, Tabasco.
Ahora, de
cara al futuro, López Obrador ha
apostado buena parte del capital político de su presidencia, y del Presupuesto
público de la misma, a la creación de una refinería y a la modernización de
otras, a recobrar esa “soberanía” energética, cosa que diversos expertos le han
cuestionado.
Ese
presidente petrolero hoy está en el umbral de una crisis de opinión pública que
rebasará al círculo rojo.
El desabasto
en Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Jalisco es un
coctel delicado, explosivo en términos de ánimo social.
Mientras el
presidente quiso ayer, en su rueda de prensa, tranquilizar a la población
diciendo que en su gira del fin de semana por el norte del país no encontró
mayor problema en cuanto a abasto, y que ya están abriendo “con cuidado” los
ductos, este mismo lunes se multiplicaron las demandas en entidades como
Guanajuato o Jalisco por la falta de combustible.
Si tomamos
en cuenta la versión de Jalisco, por ejemplo, sucede que Pemex sólo tiene la
mitad de las pipas que necesitaría para transportar la gasolina necesaria (60
mil barriles diarios) para mantener en niveles óptimos los inventarios de la
zona metropolitana de Guadalajara, que se estima que hoy padece un desabasto de
60 por ciento por el cierre del ducto de Salamanca. ¿De dónde va a sacar Pemex
otras 75 pipas para normalizar ese flujo?
Lo peor de
este problema es que se están perdiendo de vista asuntos cruciales. Si estamos,
como asegura la administración AMLO, ante un esfuerzo sin precedente en contra
del robo de combustible, qué malo que la discusión no sea sobre la dimensión
del problema en que vivimos metidos desde hace décadas, sobre los intereses del
crimen organizado en esta materia, sobre las obligadas complicidades oficiales
(del sector energético y de procuración de seguridad) que permitieron esta
megafuga nacional de recursos públicos, sobre el lavado de dinero que implica
este negocio. No estamos, pues, hablando del problema, sino de un intento,
hasta hoy no sabemos si siquiera prometedor, de solución.
Toca al gobierno de López Obrador
hacer una mejor comunicación de lo que está pasando, de lo que viene y de lo
que implicará para todos dar la batalla contra el huachicol. Porque si no, como
advertía el colega Cabrera, los ciudadanos terminarán por pedirle al presidente
petrolero que deje robar a los huachicoleros para poder seguir usando sus
naves.
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