Dolores Padierna.
Es cierto que miles de
personas han resultado afectadas por los problemas de abasto de gasolinas. Las
afectaciones, que nadie debe minimizar, están lejos de configurar el escenario
apocalíptico que buscan dibujar algunos opositores y voceros del viejo régimen.
El ruido ensordecedor
de las redes no necesariamente coincide con la percepción ciudadana sobre las
decisiones que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para
enfrentar el saqueo de Pemex y las redes delincuenciales que crecieron debido a
las omisiones, cuando no de la complicidad, de gobiernos anteriores.
Diversas casas
encuestadoras han preguntado a los ciudadanos su opinión sobre el combate al
robo de combustibles. Los resultados de estas encuestas están muy lejos del
escándalo mediático, puesto que una abrumadora mayoría de ciudadanos se ha
manifestado a favor de la estrategia gubernamental.
Por ejemplo, según una
encuesta de la consultora De las Heras Demotecnia, 72 por ciento de los
ciudadanos cree en la palabra del Presidente en lo relativo a que era necesario
cerrar los ductos para combatir el robo de combustible. Igualmente, dos tercios
de los ciudadanos encuestados consideran que las afectaciones temporales
traerán beneficios en el largo plazo.
La encuesta de El Financiero arroja que 64 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con que se
cierren los ductos para combatir el delito, aunque haya desabasto (75 por
ciento en la Ciudad de México).
El Presidente de México
ha dado la cara por cada una de sus decisiones y el resultado es, a contrapelo
de los deseos de sus adversarios, que su aprobación, que en julio pasado era de
59 por ciento, se ha elevado a 76 por ciento.
El estruendo mediático
no debe llevarnos a olvidar lo que se enfrenta. El gobierno de Enrique Peña
Nieto comenzó con alrededor de dos mil 500 tomas clandestinas y cerró
(septiembre de 2018) con más de 11 mil. En estos días se han repetido los datos
sobre el costo de lo robado, pero esa cifra usualmente no incluye los costos
asociados: la reparación de los ductos y la remediación ambiental.
Algunos adversarios del
gobierno han pretendido obtener réditos políticos de los problemas originados
por el desabasto. Por un lado, olvidan convenientemente que cuando estuvieron
en el gobierno el robo creció exponencialmente con la complacencia, como ha
dicho el Presidente de la República, de los más altos niveles del poder. Por
otro, los adversarios se niegan a reconocer los resultados que, en el corto
plazo, ya ha tenido la estrategia del gobierno de López Obrador.
En ese recuento están los 4.5 millones de barriles de
gasolina recuperados, así como la significativa disminución del huachicoleo (se
pasó de 108 mil barriles robados el 27 de diciembre del año pasado a sólo tres
mil 400 el pasado 12 de enero).
En la misma línea se encuentran las estimaciones preliminares
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda:
unos 45 mil millones de pesos eran “lavados” por gasolineras que formaban parte
del entramado de corrupción política, huachicoleo y defraudación fiscal.
La UIF, en
investigaciones que siguen su curso, ha congelado las cuentas de unas 15
personas involucradas. Entre los casos judicializados se cuentan los que
involucran a un exdiputado local, un expresidente municipal y un exfuncionario
de Pemex.
Las mil 700 carpetas de
investigación abiertas han comenzado a dar resultados, mientras la ciudadanía,
a contrapelo del ruido en las redes sociales, respalda mayoritariamente las
acciones del gobierno, en el entendido de que todos debemos ser partícipes de
las soluciones.
A los legisladores nos corresponde, en ese tenor, avanzar en
temas como la tipificación del robo de combustibles como delito grave y la
extinción de dominio para los establecimientos que participen de ese delito que
afecta la seguridad de todos y la riqueza de la nación.
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