Por Rodrigo
Vera.
Con el fin de proteger a las víctimas
de la pederastia sacerdotal, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
anunció hoy que acaba de instalar el Equipo Nacional de Protección de Menores
(ENPM), el cual fue aprobado en asamblea plenaria por todos los obispos del país.
En un
comunicado de prensa, el Episcopado
indicó que el ENPM se encargará, por lo pronto, de hacer una recopilación
estadística nacional sobre este tipo de abusos cometidos por clérigos, ya que
actualmente no tiene recabados estos datos.
Con “la finalidad de iniciar un
camino de transparencia de cara a la sociedad”, la CEM señaló que actualmente
“tiene el registro de 152 casos de sacerdotes relacionados con probables
conductas cometidas en agravio de menores”, información que, dice, en días
pasados ya fue dada a conocer por Rogelio Cabrera, presidente de este cuerpo
colegiado de obispos.
Pero advirtió que “mantiene en absoluta reserva”
los datos de las “víctimas” y de los “probables responsables”, como lo marca la
Constitución Política, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los
tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Argumenta el
comunicado: “Revelar dichos datos no
sólo vulnera los ordenamientos jurídicos mencionados, sino que puede
revictimizar a los afectados y poner en riesgo el éxito de las investigaciones,
dejando libres a los responsables por violaciones al debido proceso”.
La CEM también enumera algunos programas,
protocolos de seguridad, cursos de capacitación y otras acciones que desde hace
años viene emprendiendo para brindar protección a los menores.
A éstos se
agrega ahora el ENPM, el cual, dijo, fue aprobado durante la asamblea plenaria
de obispos realizada en noviembre del año pasado.
El ENPM –detalló– es un “equipo
multidisciplinario integrado por obispos, sacerdotes y laicos especializados e
independientes con amplia experiencia en esta materia bajo la coordinación de
la Secretaría General de la CEM”.
El
comunicado resalta la disposición del episcopado para colaborar con las
autoridades civiles mexicanas, pues, concluye, “no podemos permitir un caso
más”.
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