Por Mathieu
Tourliere.
En una pequeña acotación en su
declaración como servidor público, Esteban Moctezuma Barragán, actual
secretario de Educación, reconoció que todavía debe presentar “unas materias”
para concluir la licenciatura de Derecho, y ello a pesar de que la había
presumido como “finalizada” en diciembre pasado.
Pero
Moctezuma no fue el único integrante del
gabinete de Andrés Manuel López Obrador en presentar una “nota aclaratoria” en
su declaración como servidor público; otros, como Josefa González Blanco Ortiz
Mena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), expusieron sus vínculos familiares con personajes en grandes
empresas.
El domingo
pasado, Moctezuma presentó una “nota
aclaratoria” en su declaración pública, en la cual planteó: “Preciso que
estudié la carrera de Derecho y debo presentar unas materias faltantes para
concluir”.
Con razón, en el Registro Nacional de Profesionistas
–una plataforma de la SEP–, solo aparece la cédula de Moctezuma relativa a una
licenciatura en Economía, que obtuvo en 1978, pero ninguna relativa a su
carrera de Derecho.
En su
declaración patrimonial, el funcionario –quien presidió durante los últimos 17
años la Fundación Azteca, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego– sostuvo
que finalizó sus licenciaturas en Economía y en Derecho.
A su vez,
Josefa González Blanco Ortiz Mena –nieta de Antonio Ortiz Mena– reconoció sus
vínculos familiares con Tania Ortiz Mena, directora general de infraestructura
en IEnova, con Carlos Ortiz Mena, empleado en Servicios Administrativos
Fresnillos –del multimillonario Alberto Baillères González–, así como con David
Ortiz Mena, el actual presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.
Ayer, AMLO
señaló a IEnova –presidida por Carlos Ruiz Sacristán, otrora secretario de
Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo– entre las
empresas que beneficiaron de contratos leoninos con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por el transporte de gas natural.
La titular de la Semarnat reportó
además una cuenta bancaria con 38 millones 720 mil pesos, que se había negado
en transparentar en sus declaraciones anteriores.
Después de
la polémica sobre el departamento que comparte con su esposo en Houston y que
no señaló en su declaración patrimonial, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de
Gobernación, finalmente dio a conocer el valor de sus inversiones: 62 millones
661 mil pesos, repartidas en tres inversiones bancarias, un fondo de inversión
y un vínculo identificado como “otros”.
Jesús Seade
Kuri, el subsecretario para América del Norte, sigue ignorando las
instrucciones de López Obrador, pues no abrió sus datos patrimoniales ni sus
posibles conflictos de interés al público, a pesar de que el mandatario
advirtió que no permanecerán en el gobierno quiénes no transparenten esta
parte.
Tampoco lo
hicieron algunos de los funcionarios que mencionó Apro el pasado martes 29 de
enero: Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez –responsable de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF) y Jorge Alcocer Villanueva –el coordinador de asesores
de Sánchez Cordero–.
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