El combate frontal al robo de
combustible que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
requiere de una estrategia integral que contemple también su comercialización y
se ayude de tecnología para detectar gasolina sustraída.
De acuerdo
con expertos consultados por Efe, el
traslado de hidrocarburo mediante pipas (camiones cisterna), una opción que ha
tomado la Administración de López Obrador, tampoco es la mejor alternativa a
largo plazo.
Desde que el
mandatario llegó al poder el 1 de diciembre pasado comenzó un combate al robo
de hidrocarburos que desde hace años sufría la empresa estatal Petróleos
Mexicanos (Pemex), delito que generó pérdidas de hasta los 3 mil 400 millones
de dólares tan solo en 2018.
“Se está atacando el robo in fraganti
en los ductos” con vigilancia, pero “falta perseguir y cerrar el ciclo del
comercio ilegal de gasolina y utilizar trazadores químicos para saber dónde se
vende combustible robado”, explicó en entrevista a Efe Raymundo Sánchez, especialista en temas de
hidrocarburos de la consultoría de estrategia AT Kearney México.
Indicó que el robo de combustibles es
negocio “en la medida que se pueda comercializar en los circuitos formales”.
Así, la venta en depósitos ilícitos
ubicados en municipios o a la orilla de la carretera no aportan grandes
beneficios.
Acerca de los trazadores o marcadores
químicos, tecnología que se usa para “marcar” gasolina y evitar su robo,
Sánchez dijo que es una técnica que debe aplicar el Gobierno mexicano para
conocer el origen, y el destino, de una gasolina.
Además, señaló que se debe crear una base de datos
en la que se expliquen cosas tan básicas como: quién importó gasolina, cuánto
se importó y a dónde se envió.
Y no basta solo con congelar cuentas
de empresas como sucedió con la firma Hidrosina, empresa vinculada a
investigaciones sobre robo de combustibles y que opera unas 200 estaciones en
el país.
Sobre el plan de distribución de la
gasolina que implementó el Gobierno mexicano por medio de pipas (camiones
cisterna), opinó que funciona en una situación de “emergencia” pero no es
sostenible a largo plazo porque es costosa y puede provocar accidentes.
A mediados
de enero y en plena crisis por el desabastecimiento de combustible, López
Obrador anunció la compra de entre 500 y mil nuevas pipas, vehículos que
empezarán a llegar a México en los próximos días.
Este plan
implica la contratación de 2 mil conductores.
Con la nueva
flota de vehículos, el mandatario aseguró que se “aumentará la capacidad de
distribución de combustibles con las pipas en un 25 por ciento”.
“El modo más seguro y económico para
el transporte de hidrocarburos sigue siendo mediante ductos”, dijo a Efe el analista Khublai
Villafuerte, de la consultora Riskop.
Y señaló que
“no es adecuado intentar que toda la
distribución de gasolina se lleve a cabo mediante pipas o en tren”, porque son
susceptibles de ser asaltados.
El
especialista opinó que actualmente son
las propias comunidades por donde pasan los oleoductos “las que están
extrayendo ilegalmente gasolina”, completando un círculo vicioso en el que
también participa el crimen organizado.
Expuso que en estas comunidades no
hay apenas actividad económica, orillando a estas personas a “inmiscuirse en
este tipo de actividades” donde participan las bandas criminales.
Además, recordó que el Estado mexicano nunca buscó
romper estos vínculos, por lo que los criminales han reforzados y alimentado
estas actividad ilícitas con una base social que “legitima” sus acciones.
“El robo de combustible de los ductos
es una vulnerabilidad que tiene México, pero la solución no es simplemente
pasar de un medio de transporte otro”, concluyó Villafuerte.
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