María Isela
relata su historia al cumplirse 5 años de que se llevaron a su hijo Roberto
Quiroga-Flores Valdez, de 28 años, en Tamaulipas; ella y otras madres acusan a
las autoridades de ocultar cuerpos.
En 2014, la
señora María Isela Valdez y su hijo Roberto Quiroga-Flores Valdez, de 28 años,
se asociaron en un negocio: un pequeño restaurante en el que el joven fungía
como chef, y su mamá como ayudante en la cocina.
“Mi hijo
tiene una licenciatura en gastronomía –narra María Isela–, y nuestro negocio
estaba a una cuadra de las oficinas de la Policía Ministerial y de los juzgados
(en Reynosa, Tamaulipas), así que nosotros les vendíamos de comer a jueces, a
secretarias y a policías”.
No era un negocio con el que
estuvieran haciéndose ricos, recuerda, pero les permitió vivir dignamente, un
corto tiempo.
“Al poco rato llegó el crimen
organizado, el Cártel del Golfo –continúa–, y empezó a pedir ‘cuota’ a todos
los negocios que había en Reynosa, incluido nuestro restaurante: nosotros
teníamos que pagar 30 mil pesos al mes, o sea, mil pesos diarios, por concepto
de ‘seguridad'”.
Además, destaca, el crimen organizado les cobraba 5
mil pesos extra al mes, por estar conectados a la red de la Comisión Federal de
Electricidad, por lo que, en total, la extorsión ascendía a 35 mil pesos
mensuales.
“Al principio nosotros pagamos, para
que no nos fueran a hacer daño –asegura María Isela–, pero cuando las personas
tienen miedo, se paralizan: ya no puedes trabajar, ya no puedes dormir, ya no
descansas… ya no vas a tu trabajo con la alegría con la que solías hacerlo, así
que decidimos cerrar el negocio, porque yo no quería que ellos me siguieran
quitando el producto de mi trabajo, y mi hijo ya estaba muy desgastado, muy
asustado”.
Con la decisión de cerrar su
restaurante perdían no sólo su fuente de empleo, sino también su patrimonio
pero, aun así, señala María Isela, ella y su hijo pensaron que con ese
sacrificio romperían la cadena de extorsión al que los mantenía sometidos el
Cártel del Golfo. No fue así.
Semanas
después, “yo estaba fuera con mi hijo
–narra María Isela–, era el 10 de marzo de 2014, y mi nuera nos llama, para
decirnos que necesitaba pañales y leche, porque acababan de tener un bebito, su
segundo hijo… Nosotros primero fuimos por los pañales y la leche, y luego para
la casa, y cuando llegamos, ya estaban ahí varios autos: un Corvette rojo, con
placas mexicanas, una camioneta Tahoe negra, y varias camionetas más, todos con
gente armada, y encapuchada”.
Ese grupo de personas armadas obligó
a madre e hijo a abordar los vehículos en los que se transportaban, y se los
llevaron consigo.
“Luego a mi hijo y a mí nos separaron
–recuerda María Isela–. Yo estuve cautiva 28 días, durante los que me
golpeaban. Perdí varias piezas dentales. Y luego me dieron la libertad… el
delincuente me dijo que tenía que conseguir 5 millones de pesos”.
María Isela fue abandonada en una
carretera de Tamaulipas, descalza. Sus captores le ordenaron retirarse la venda
de los ojos sólo hasta que escuchara que se habían alejado.
“Cuando ellos se fueron yo empecé a
caminar por la carretera –narra–, hasta que me vio un señor que manejaba un
tráiler, le mentí, le dije que me habían asaltado para robarme el coche, y que
necesitaba llegar a la Ciudad de México (en donde tenía familiares) … iba muy
golpeada, me faltaban dientes y casi no podía caminar, una pierna no me servía,
me dolía bastante”.
Gracias a la solidaridad de ese
conductor de tráiler, y de otros compañeros suyos que aceptaron dar su ayuda,
María Isela logró llegar al día siguiente a la Ciudad de México, en donde
familiares pudieron asistirla.
“Primero me llevaron al médico, y
luego a la Procuraduría General de la República, donde interpuse la denuncia
por el secuestro de mi hijo y el mío, pero no hicieron nada…”.
El 13 de
mayo de 2014, dos meses después del
secuestro y tres semanas después de haber sido liberada, María Isela recibió
una llamada, en la que los captores le reclamaban que no hubiera vuelto con los
5 millones de pesos que exigían por la vida de su hijo, y le advertían que, en
represalia, Roberto había sido entregado a un delincuente identificado como
“Loquillo” o “Metro 21”.
Los captores contactaron a la familia
dos veces más, primero para hacerles llegar una foto de Roberto, sometido y
encañonado por el delincuente identificado como “Metro 21”, y luego una nota en
la que les avisaban que Roberto había sido asesinado y sus restos arrojados en
una zona conocida como Las Calcheras.
“El próximo
mes –lamenta María Isela–, el 10 de
marzo de 2019, se van a cumplir cinco años de que desaparecieron a mi hijo, y
hasta la fecha sigo esperando que las autoridades empiecen a buscarlo. Pero en
realidad yo no estoy esperando a las autoridades: yo empecé inmediatamente mi
propia investigación, hice 37 rastreos en esa zona, cada vez con más
participantes, porque se me fueron acercando otras mamás que también buscaban a
sus hijos e hijas, y desde entonces hemos encontrado muchos restos humanos en
esas búsquedas. Eso fue lo que nos llevó a descubrir las fosas de Miguel
Alemán, con aproximadamente 500 cadáveres”.
La funeraria.
En 2017, al grupo de madres
buscadoras de Reynosa, Tamaulipas, se acercó una mujer, empleada en un
establecimiento del municipio vecino de Miguel Alemán.
Camino a su trabajo, esta mujer
pasaba todos los días frente a una funeraria de dicho municipio, en la que
siempre veía cadáveres arrojados ante su puerta de entrada, sin que a nadie de
la localidad pareciera ya extrañarle.
Con esta
información, el grupo de madres se
acercó a la funeraria y conversó con su propietario (los nombres del
establecimiento y el dueño se resguardan, por seguridad), el cual reconoció
que, entre 2014 y 2016, el crimen organizado había arrojado, prácticamente cada
día, al menos un cadáver ante las puertas de su negocio.
“El señor nos comentó que él llamaba
todos los días al Ministerio Público de Reynosa, que es el más cercano, para
avisarles que otra vez le habían ido a aventar un cuerpo, pero que las
autoridades nunca acudieron, ni una sola vez –narra María Isela–. Entonces,
como las autoridades no querían hacerse responsables, este señor hizo lo mejor
que se le ocurrió: excavar una fosa en el monte, y ahí comenzó a depositar los
cuerpos que le aventaban fuera de su negocio, los envolvía en plástico y los
mandaba a la fosa clandestina… esa fosa se llenó y excavó otra, y luego otra
más. En total, fueron tres las fosas en las que él depositó alrededor de 500
cuerpos, según su propio conteo”.
Con el testimonio y las indicaciones
precisas brindadas por el dueño de la funeraria, el colectivo de mamás
buscadoras localizó las tres fosas a las afueras de Miguel Alemán, en una zona
semidesértica, y dio aviso al gobierno estatal, encabezado por el panista
Francisco García Cabeza de Vaca, así como a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Entre abril
de 2018, explica María Isela, la fiscal
estatal para desapariciones forzadas, Elizabeth Almanza, encabezó las labores
de exhumación de dichos cuerpos, labores en las que coadyuvaron expertos de
Guatemala y Alemania, y que fueron realizadas en presencia de las madres que
localizaron dichas fosas.
“Los cuerpos –narra– salían envueltos
en cobijas, amarrados con sus mismos cinturones, vendados de la cara,
esposados, amarrados de los pies… había cuerpos de niños, de mujeres, de
ancianos, de personas jóvenes”.
De la fosa,
además, fueron extraídas algunas
pertenencias que acompañaban, o que se habían desprendido de los cuerpos, entre
las cuales “había identificaciones, y así pudimos saber que algunas de esas
personas eran centroamericanas, y otras de Estados Unidos, por sus ‘ID'”,
situación ante la cual se acercaron a tomar conocimiento de los hechos tanto
personal del Consulado de Estados Unidos en Matamoros (Tamaulipas), como de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas.
Sin embargo,
señala María Isela, en junio de 2018, es
decir, a los tres meses de haber iniciado labores, “el fiscal general del
estado, Irving Barrios, y la fiscal para desapariciones, Elizabeth Almanza,
decidieron suspender las exhumaciones: cerraron las tres fosas, cuando aún quedaban
muchos cuerpos dentro, y sólo extrajeron 265 cadáveres”.
Desde entonces han pasado ocho meses,
“y las familias que buscamos a nuestros hijos e hijas no hemos sido informadas
de ningún resultado por parte de las autoridades, ni de las estatales, ni de
las federales. No nos han dicho quiénes son esas 265 personas que sacaron, y a
las que les tomaron muestras de ADN, ni tampoco nos han dicho por qué no han
recuperado el resto de los cuerpos que abandonaron en las fosas comunes. Están
ocultando todos esos cuerpos”, destaca la mamá de Roberto.
El palacio.
En noviembre
de 2018, María Isela Valdez coincidió en
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Andrés Manuel López
Obrador, quien asumiría el cargo de presidente de la República el mes siguiente.
“Él iba para Colima, y yo para Ciudad
Victoria (Tamaulipas) –recuerda María Isela–, y mientras esperábamos la salida
de nuestros vuelos, él se puso a platicar conmigo, y yo le conté de nuestros
problemas… ese día era lunes, y me dijo que el miércoles siguiente nos veíamos
en Ciudad Victoria, porque él estaría ahí en un acto con el gobernador”.
A partir de ese compromiso,
asistentes de López Obrador contactaron a María Isela, y la citaron en el
Palacio de Gobierno de Tamaulipas (donde se realizaría el acto político), “me
dijeron que iba a estar un colaborador suyo esperándonos ahí para acercarnos
con el presidente, que esas eran las instrucciones, así que nosotras estuvimos
ahí muy temprano, y nos habíamos reunido muchas familias que queríamos exponerle
nuestros casos, así como la problemática de las fosas de Miguel Alemán”.
Sin embargo,
denunció, “cuando llegamos al Palacio de
Gobierno, el personal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca nos
engañó, nos dijeron que teníamos que pasar a unas oficinas, en donde íbamos a
ser recibidas. Nosotras accedimos, fuimos a esas oficinas, y luego nos
encerraron ahí, y no nos dejaron salir hasta que terminó el acto político”.
La intención del grupo de madres era
entregar a López Obrador un proyecto de trabajo para la búsqueda de
desaparecidos en Tamaulipas, el cual, finalmente, María Isela pudo darle a
finales de octubre, al clausurarse los diálogos sobre seguridad pública
denominados “Foros Escucha”.
Ahí, López Obrador me dijo “nos vamos a seguir
viendo”, pero hasta la fecha, lamentó, “no nos quieren recibir, ha sido un
batallar, Alejandro Encinas (encargado de la Comisión de la Verdad para los
casos de personas desaparecidas) no ha querido hablar con nosotras”.
En Gobernación (donde despacha
Encinas) “el grupo de familiares de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa tienen una oficina, a ellos sí los atienden, y qué bueno, porque son
padres que están sufriendo por sus hijos, y compartimos el dolor de ellos, pero
¿y los demás? Son más de 40 mil las personas desaparecidas, y sus familias no
podemos seguir perdiendo el tiempo”.
“Todo esto es muy triste –concluye
María Isela–, en Tamaulipas siguen las masacres, las matazones, las
desapariciones, necesitamos que todos los organismos de derechos humanos del
mundo volteen a ver lo que está sucediendo en México: una guerra silenciosa”.
Fiscalía de
Tamaulipas da a conocer su avance.
Ante los señalamientos sobre la falta
información, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a
través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada, informó que “ha venido trabajando de manera organizada y
transparente en el proyecto de Panteón Forense del municipio de Miguel Alemán,
al norte del estado de Tamaulipas”.
A través de
un comunicado, la Procuraduría de
Tamaulipas aclara que se tratan de fosas comunes, más no clandestinas, como las
han denominado los familiares de personas desaparecidas.
La dependencia asegura que en todo
momento, los colectivos y familiares de víctimas han sido informados de los
avances y hallazgos. “Quienes se han excluido de este proceso de comunicación
ha sido por propia voluntad a pesar de que se ha procurado integrar a todos los
interesados”.
La
Procuraduría agrega que los trabajos en
el Panteón Forense han sido desarrollados por personal de la Fiscalía con apoyo
de expertos internacionales.
Sobre la investigación detalla que
del 16 de abril al 30 de junio de 2018, se llevó a cabo el primer proceso de
exhumación, análisis y Re-inhumación de los cuerpos de personas no
identificadas depositados en la fosa común del panteón municipal “Unidos por el
Recuerdo” del municipio de Miguel Alemán.
Después de
esto, explican, se han llevado a cabo
diversas reuniones informativas -incluso antes de que diera inicio el proceso-
para explicar a los Colectivos y familiares de personas desaparecidas la forma
en que se llevaría a cabo la exhumación hasta capacitación para conocer la
forma en que se aplican las ciencias forenses en un proceso de búsqueda.
De acuerdo
con la Procuraduría, los familiares de personas desaparecidas tuvieron acceso
diariamente a la Zona Cero del Panteón, donde se llevaban a cabo las
exhumaciones para que constataran el trabajo que estaban realizando los
expertos forenses.
“En todo momento se contó con la
presencia de miembros de la CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas”, agregan.
La última reunión entre los
familiares y las autoridades fue el pasado 18 de enero, en donde la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por conducto de la
Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada,
rindió un avance en los trabajos de identificación de los cuerpos exhumados
durante los meses de abril a junio de 2018.
La
información presentada como resultado de esos avances es la siguiente:
Se han localizado los familiares de 5
de ellos, los cuales ya donaron sus muestras.
Se ha confirmado un caso el cual, en
los próximos días, se estará entregando a sus familiares de conformidad con el
protocolo correspondiente y de los otros cuatro sólo se está en espera de que
se confirme su correspondencia genética.
Hasta el momento suman 265 cuerpos
completos, analizados y Re-inhumados en el panteón forense.
48 restos o indicios no asociados.
El número total de indicios exhumados
es de 313.
De los 265 cuerpos completos
extraídos las autoridades informan que 254 pertenecen son masculinos; 5
femeninos, y 6 no han sido determinados.
También se recolectaron 766 muestras genéticas de
fragmentos óseos y piezas dentales de los cuerpos analizados en el sitio, así como
307 muestras referenciales a familiares que acudieron para denunciar o sólo
para donar su muestra de sangre.
“Los restos no asociados, se
embalaron en 82 cajas, de las cuales se han analizado antropológicamente 47
cajas y de estos se tomaron 276 muestras óseas, lo que representa un avance
aproximado del 57.31%, en los rubros de análisis, registro, inventario y toma
de muestras para genética forense”, destacan.
Una vez que se tenga la conclusión
del análisis antropológico y con los resultados de ADN las autoridades esperan
establecer el número mínimo de individuos que se sumarán a los 265 cuerpos
completos.
En tanto que el laboratorio de
Genética, respecto de la elaboración de los marcadores genéticos de las 1,042
muestras de hueso, fragmentos óseos y piezas dentales, reporta el siguiente
avance:
1.- De las 766 muestras dentales y de
hueso ya se extrajo la totalidad del ADN.
2.- De esta mismas muestras se ha
elaborado el perfil genético de 80 de
los 265 cuerpos.
3.- De las 276 muestras de hueso de
restos no asociados, se ha estriado el ADN de 50 de ellos, sin que se haya
elaborado el perfil genético de ninguno hasta el momento.
4.- Del Cotejo de la información Ante
Mortem- Post Mortem se tienen 20 hipótesis de identificación.
En su
comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a
través de Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de
Desaparición Forzada, recalca que “ha
estado trabajando de manera continua” e informando “de manera clara y
transparente a todos los familiares” sobre los avances de la investigación.
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