Por Ezequiel
Flores Contreras.
El año pasado se registraron 260
asesinatos de mujeres de los cuales, 31 crímenes fueron catalogados como
feminicidios y la tendencia sigue en aumento en contraste con los recursos
millonarios que ha ejercido el gobierno de Héctor Astudillo Flores del programa
Alerta de Violencia de Género.
Con estas cifras que abarcan de enero
a diciembre de 2018 y que representan un aumento del 12 por ciento en
comparación con la estadística de 2017, Guerrero ocupó el octavo lugar en
feminicidios y el cuarto en homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional.
Mientras el puerto de Acapulco,
Chilpancingo, Taxco, Ometepec y Tlacochistlahuaca destacan entre los 100 municipios más
peligrosos para las mujeres en el país, indica el reporte sobre la Información
Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
Las mujeres victimadas en la entidad
-delito que va en aumento-, han sido asesinadas en su mayoría con arma de
fuego, violadas sexualmente, decapitadas, sepultadas en fosas clandestinas y
sus restos exhibidos en lugares públicos.
No obstante la Fiscalía del estado de
Guerrero hace una clasificación entre el delito de homicidio doloso de mujeres
para reducir la cifra de feminicidios pese a que en febrero de 2018, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo del Consejo Nacional de
Seguridad Pública para que ahora Fiscalía General de la República (FGR) y las
Fiscalías de las 32 entidades del país investiguen de “toda muerte violenta de
carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”.
En
contraste, las autoridades ministeriales
de Sinaloa no registran delitos de homicidio doloso de mujeres porque toda
muerte violenta de una mujer la clasifica como feminicidio, “atendiendo a la
perspectiva de género con que se realizan las investigaciones en la entidad y a
los criterios jurisprudenciales en la materia”, indica el reporte del SESNSP.
Los Recursos.
Desde el año
pasado, nueve de los 81 municipios de la
entidad han recibido recursos millonarios, a través del programa federal
denominado Alerta de Violencia de Género y para este año, el Congreso local
aprobó 172 millones 716 mil pesos para la Secretaría de la Mujer del gobierno
estatal.
En su tercer
informe, el gobernador Astudillo dijo en
octubre pasado que ha destinado 64.7 millones de pesos para gasto burocrático,
pago de conferencias y la creación de un Banco Estatal de Datos como parte de
su estrategia para “prevenir y erradicar” la violencia de género, así como
“garantizar” el acceso a la justicia de las mujeres.
El reporte
estatal indica que en 2018, la
Federación destinó 56.2 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), los que supuestamente se aplicaron en los subprogramas de
acceso a la justicia para las mujeres; profesionalización, implementación y
desarrollo del sistema de justicia penal; fortalecimiento de órganos
especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en
materia penal, y en las unidades de atención temprana, prevención de delitos de
alto impacto y especialización de las instancias responsables de la búsqueda de
personas, entre otros.
El gobierno
estatal afirmó que estos recursos
“sirvieron para capacitar” a servidores públicos de la Fiscalía, así como para
la adquisición de vestuario y uniformes, mobiliario, vehículos y equipos de
cómputo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio e instrumental
médico, licencias informáticas e intelectuales, además de la construcción del
edificio de la subsede en Acapulco de la Unidad Antisecuestro.
La Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (Conavim) destinó 3.3 millones para
equipar, capacitar y evaluar la aplicación de los protocolos de actuación de
las Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar,
Feminicidios, Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dentro del subprograma denominado
Acceso a la Justicia para las Mujeres, se destinaron 1.2 millones para “el
mantenimiento y reparación” de las instalaciones del Centro de Justicia de
Chilpancingo, así como la elaboración del manual de operaciones.
Se destinaron cuatro millones para
atender la declaratoria de alerta de género, así como realizar cursos de
capacitación, equipamiento, adquisición de uniformes, mobiliario y equipo de
administración, instrumental médico y de laboratorio para las Fiscalías Especializadas
de Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la de Feminicidios.
También el gobierno informó que “se puso en
funcionamiento” el Banco Estatal de Datos, el cual supuestamente registra los
casos de violencia para “analizar e implementar políticas públicas en beneficio
de mujeres”.
No obstante,
los asesinatos de mujeres en la entidad
no cesan, tan solo ayer se reportaron tres feminicidios en diferentes puntos
como Cochoapa, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo.
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