Voluntarios que hacen el llamado
Censo de Bienestar, donde se registra a beneficiarios de los programas sociales
del gobierno federal, promovieron antes el voto a favor de Andrés Manuel López
Obrador en la campaña presidencial de 2018.
Diez Servidores de la Nación —como se
conoce a estos voluntarios— de distintos estados del país hablaron con Animal
Político y confirmaron que pertenecieron a los comités de “defensa del voto” de
Morena, durante la campaña en la que resultó ganador López Obrador.
Explicaron que gracias al apoyo que
dieron al ahora presidente, y a la experiencia en trabajo de campo que
adquirieron, fueron convocados tras la elección para apoyar otras actividades
del nuevo gobierno, entre ellas el Censo de Bienestar y la logística de eventos
públicos.
El
exsecretario de Organización de Morena, Gabriel
García Hernández, coordinó la estructura de promoción del voto a favor de López
Obrador durante la campaña. Después de la elección, fue nombrado coordinador de
Programas Integrales de Desarrollo, para operar la política social federal
desde la Oficina de la Presidencia.
Dicha coordinación conservó al grupo
de ciudadanos que, primero, promovió el voto y luego apoyó al equipo de
transición en ejercicios como las consultas ciudadanas —la del NACIM y la del
Tren Maya—; y en realizar el censo de los programas sociales.
Ya en el
gobierno, ese mismo grupo apoya la
logística de los eventos del presidente en los estados y, próximamente, lo hará
entregando directamente las tarjetas del Bienestar con las que se entregarán
los recursos públicos de los programas sociales.
De acuerdo
con los testimonios de nueve “servidores” de los estados de Coahuila, Puebla,
Morelos, Tampico, Tabasco y Ciudad de México, durante la campaña no recibieron pago por su apoyo en la promoción del
voto; sin embargo, para el levantamiento del Censo sí les entregaron contratos
que establecían el compromiso de recibir una compensación económica de tres mil
400 pesos mensuales, durante octubre y noviembre, periodo en el que se preveía
que concluyera el ejercicio.
Los recursos para ese apoyo se
contemplaron en el Fondo de Transición, que fue de 150 millones de pesos.
Aunque algunos Servidores de la Nación no firmaron
el contrato y se enlistaron como voluntarios, la mayoría recibió el pago de
esos meses; sin embargo, el Censo no concluyó antes de que el nuevo gobierno
entrara en funciones, y los coordinadores regionales pidieron a los brigadistas
continuar el trabajo hasta terminarlo. Entonces les prometieron un nuevo pago
que, a la fecha, no ha sido entregado. Animal Político, desde finales de enero,
solicitó a la Coordinación de Programas su versión sobre estas denuncias, pero
no obtuvo respuesta.
Sus Funciones.
Un Servidor
de Coahuila que solicitó el anonimato relató
que, tras las labores que realizaron durante la campaña, sus coordinadores
prometieron que los más destacados podrían tener algún tipo de empleo, sin
especificar qué cargo ocuparían ni en qué área de la Secretaría del Bienestar
—encargada de la política social federal— o de la Coordinación de Programas de
Desarrollo.
“Porque contribuimos al proyecto de
la cuarta transformación. Anduvimos en brigadas de las colonias”, dijo en
entrevista. “Los invitábamos a votar por Morena”.
Después de realizar la consulta del
nuevo aeropuerto, los voluntarios reclutados iniciaron a principios de octubre
el levantamiento del Censo: primero casa por casa para ingresar los datos de
potenciales beneficiarios de programas sociales (adultos mayores, personas con
discapacidad, jóvenes sin empleo ni estudios y productores del campo,
principalmente).
Y después, ante la premura por concluir el ejercicio y
ante dificultades para acceder a ciertos domicilios, como edificios, ellos
mismos crearon puntos de reunión para que los posibles beneficiarios se
acercaran a realizar su registro.
Aunque el apoyo económico prometido
era a cambio de levantar el Censo, los servidores tienen cada vez más
encomiendas. Este medio pudo constatar en dos eventos del presidente en
Huauchinango, Puebla y Tulancingo, Hidalgo, cómo los Servidores colocan sillas,
dan orientación, filtran el ingreso de las personas, forman vallas y apuntan a
potenciales beneficiarios en las listas del Censo.
En
Tulancingo, tres servidoras que también
solicitaron reservar sus nombres relataron —mientras cuidaban la valla para
controlar el acceso al evento del presidente— que colaboraron con el proyecto
de López Obrador desde la campaña. Una de ellas, incluso, ya se afilió a
Morena.
“Como anduvimos en el movimiento de
Morena, pues nos involucramos más, ya estamos adentro. De ahí seguimos, nos
invitaron a ser servidores de la nación y le entramos, porque los que realmente
estaban de Morena, como no hay dinero, no sirven”, dijo la militante, que se
convirtió en una de los seis mil afiliados de ese partido en el municipio de
Venustiano Carranza, Puebla.
La siguiente labor de este ejército
de Servidores de la Nación será la repartición de las tarjetas del Bienestar,
con las que se entregan los recursos de los programas sociales.
“Se nos actualizó la plataforma que
usamos para el censo para ahora entregar las tarjetas. En la misma aplicación
(Sider) ahora apareció que vamos a entregar también las tarjetas, aunque no se
nos ha notificado todavía”, dijo un servidor de Coahuila, y mostró a este medio
la aplicación en su móvil.
Esta versión la confirmó la
responsable del Censo de Bienestar en la región Centro de Coahuila, Claudia
Garza. “Somos este equipo los que vamos a estar entregando las tarjetas una vez
que lleguen acá, estaremos haciendo entrega de las tarjetas”, indicó.
En el mismo
sentido fue la declaración de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores:
“Vamos a buscar ese mismo mecanismo,
quienes terminen el censo después nos podrían apoyar en diferentes programas.
Entre servidores y gente del programa”, dijo en entrevista.
Posibles Irregularidades.
Utilizar la estructura de promotores
del voto y los comités locales de Morena para repartir las tarjetas de un
programa social es, por lo menos, un problema político importante, advirtió
Guillermo Cejudo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE).
“Ahí hay un potencial problema legal
adicional desde la lógica electoral, porque estás utilizando el tinte
partidista de quienes están entregándolo, aun cuando no sea época electoral”, puntualizó el experto.
“La historia de la política social en
México ha estado siempre contaminada por el uso clientelar de los programas
sociales. El nuevo gobierno debe mostrar que lo está haciendo distinto: que los
promotores no son (ni fueron, ni serán) parte de redes partidistas, que los
padrones (o censos) no van a estar en manos de quienes quieran sacarle jugo
electoral, y que la transparencia de cada programa social permitirá comprobar
que no se están usando para promover a nadie. De lo contrario, replicará justo
aquellos rasgos de la política social que más criticó y que están detrás del
fracaso de muchos programas sociales”, dijo en entrevista con Animal Político el investigador
Titular de la División de Administración Pública del Sistema Nacional de
Investigadores.
Incluso la realización del Censo por
parte de ciudadanos ajenos al gobierno es una práctica irregular, agregó
Rogelio Gómez Hermosillo, excoordinador nacional del programa Oportunidades, de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy del Bienestar.
“La identificación de potenciales
beneficiarios de recursos públicos tiene que hacerse con procedimientos muy
claros, incluida su aplicación bajo la responsabilidad de un servidor público”, dijo el consultor internacional en
programas sociales.
En relación con el reparto de las
tarjetas, Gómez Hermosillo agregó que es aún más grave por tratarse del medio
de pago. “La custodia y responsabilidad de quien tiene esa tarjeta tiene que
claramente estar en un servidor público, para evitar que llegue a otras manos o
se use para otra cosa”, advirtió.
El
especialista sentenció que el gobierno
de López Obrador está tratando de justificar, con el beneficio social,
violaciones importantes al procedimiento; tanto de identificación y selección
de los beneficiarios como de la forma en que reciben los apoyos.
“Hay un gran desprecio por los
procedimientos porque claramente han servido para simular y para hacer todas
las trampas posibles, pero creo que la solución no era violentarlos, en todo
caso mejorarlos”,
opinó el consultor y sociólogo.
Para el
académico Roberto Duque, el papel de los
Servidores es cuestionable más desde la ética que desde la ley, pero sí pone un
semáforo amarillo al asunto. “Me da la impresión que no es un problema jurídico
sino ético”, dijo el experto en temas electorales.
Sin Pago.
Más de 70 días después de inaugurado
el nuevo gobierno, los Servidores de la Nación continúan trabajando sin
contrato, sin la compensación prometida para diciembre y enero, y en
incertidumbre sobre su situación: no saben si les van a pagar ni quién lo
haría, pues tras el periodo de transición tampoco ha iniciado ningún proceso de
contratación formal.
Los coordinadores —que dependen
directamente de la Oficina de la Presidencia vía la Coordinación de Programas
Prioritarios, a cargo de Gabriel García Hernández— han prometido que cumplirían
con el pago en distintas fechas: 30 de diciembre, 15 de enero y 1 de febrero.
Ninguno de esos plazos se cumplió.
“Apúrense con el censo, nada de que
‘está muy difícil, se nos fue quedando, no estaba la gente en la casa, tenemos
que regresar’. Nada de que ocho horas, no: son 16 horas para sacar el censo,
diario, y ocho horas para descansar. De eso va a depender el apoyo a mucha
gente. Recuerden que están trabajando para el pueblo, no hay nada más bello que
el amor al prójimo”,
dijo en octubre el presidente, en ese entonces todavía electo, a los
servidores.
Esa presión para apresurar el Censo
ha ido en aumento, los coordinadores están exigiendo a los Servidores más
ingresos al padrón, incluso les han pedido cuotas de 25 a 30 personas censadas
al día, aseguró el voluntario de Coahuila.
Pero para los brigadistas no hay información,
contratos, ni pagos. El tono de las conversaciones en grupos de Whatsapp que
cuentan con un centenar de miembros –a las que Animal Político tuvo acceso con
autorización del administrador— pasó del entusiasmo y la fidelidad hacia el
proyecto del mandatario, al resentimiento por sentirse olvidados por el
presidente que ellos mismos apoyaron durante su campaña, aun cuando son los
operadores de sus programas sociales.
Una servidora de Michoacán dijo que
le parecía injusto que se le vaya a pagar “mejor” a los beneficiarios del
programa Jóvenes Construyendo el Futuro —que otorga becas a menores de 30 años
que no estudian ni trabajan— que a los Servidores, y que incluso se les dé
seguridad social.
“Queremos saber cuál será nuestro
lugar en el gobierno federal, así como ya dio un sueldo para los piperos,
queremos saber cuál será el de nosotros”, agregó una servidora de Morelos refiriéndose
a la oferta del gobierno de pagar un salario de 15 mil pesos quincenales a
conductores de pipas de gasolina.
A la pregunta de si es ilegal que el
gobierno federal mantenga a estas personas realizando labores oficiales sin
contratos, el investigador Guillermo Cejudo respondió que sí. “Estás utilizando
a unos señores que te encontraste, que no fueron designados ni tienen puesto
público, para dispersar recursos públicos”, concluyó.
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