Raymundo
Riva Palacio.
Desde hace
muchos años, Manuel Bartlett tiene profundos diferendos con quien veía primero
como sus enemigos y luego como traidores de la patria. Nunca asimiló que Carlos
Salinas le arrebatara la candidatura presidencial, y vio a dos de sus cercanos,
José Córdoba y Luis Téllez, como las primeras cabezas a cortar. “Se dedicaron a
vender el país”, dijo hace mucho tiempo en una conversación abierta. Y en
agosto de 2013, le dijo a Proceso: “Pasaron de ser cómplices en el gobierno
para la apertura energética, a socios de las grandes empresas. Hoy pretenden
traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector (energético) a
la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales”. Un sexenio
después, en el magnífico escenario de Palacio Nacional, cerró un primer ciclo.
Bartlett
apareció el lunes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador para
hacer la denuncia contra quienes, alegaron, contribuyeron a la destrucción de
la Comisión Federal de Electricidad que hoy encabeza. El discurso de López
Obrador era una calca de lo que siempre sostuvo Bartlett. Las acusaciones,
igual. Las insinuaciones, idénticas. Las ideas de Bartlett están bien fijas en
la cabeza del presidente. Se podría decir que años de manipulación le dieron
resultados tangibles. O casi. Poco después del evento, Bartlett vio al
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su despacho de Palacio Nacional. Le
llevó todos los proyectos que presentó en la conferencia mañanera, pero recibió
un “no hay dinero” como respuesta. Pues pida prestado, insistió. Imposible. Se
va a acabar la luz, replicó. Es su problema, respondió Urzúa, porque el mío es
que México no se endeude. Ahí comenzó el segundo ciclo, el de la realidad.
Bartlett
debió haber visto los síntomas de lo que le sucede a la CFE, como una de las
muchas dependencias que no tienen dinero para hacer todo lo que quiere y planea
el presidente López Obrador, por lo menos bajo el esquema ideológico del
director de la paraestatal. En algún lugar del siglo pasado se quedó anclado su
pensamiento, pues durante la conferencia de prensa, en la explicación del
porqué querían relanzar la CFE y meter controles a lo que se había hecho en el
pasado, tocó muy bien la música pero, al no saber la partitura, probablemente
no tenía idea de que estaba bien, pero por las razones contrarias.
En toda su
exposición habló de conflictos de interés de funcionarios en los gobiernos de
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, pero por
razones inexplicables dejó fuera de su retórica a funcionarios del gobierno de
Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los contratos que dijo revisarían, que es
parte toral de su exploración sobre los presuntos malos manejos del pasado,
tendría que haberlos referido a los firmados en 2016, 2017 y 2018, después de
acordar las dos grandes agencias de estándares contables en Estados Unidos y
Europa, una definición común de cuáles debían ser ubicados solamente en el
campo financiero y cuáles debían ser incorporados en los balances. Ese nuevo
marco de contratos colocó a los conocidos como take or pay, donde el comprador
queda obligado a pagar por el producto adquirido, ya sea que lo consuma o no
por cualquier razón, como deuda pública.
Bartlett
tendría que haber estado enterado de ello, así como también quienes firmaron
los contratos de las licitaciones de un gasoducto y las tres primeras subastas
eléctricas, que estaban fuera de los estándares internacionales. Tocó el tema
de manera incorrecta cuando dijo que IEnova había dejado de entregar energía en
2017, mientras la CFE continuó pagando. La empresa respondió en un comunicado
que la razón del corte de suministro fueron sabotajes al gasoducto, por lo cual
presentó denuncias ante las autoridades judiciales. En el contexto
internacional, la empresa no es responsable de lo que sucedió, sino el
gobierno. Si se le inserta en los estándares contables acordados en 2016, ese
tipo de contrato debió haber sido incorporado como deuda pública.
Las
declaraciones de Bartlett avaladas por el presidente provocaron una caída en la
acción de IEnova, que abrió en 75 dólares, se cayó a 70 tras las declaraciones
y cerró en 72. Sus afirmaciones ligeras y poco informadas produjeron un descalabro
de una empresa mexicana, cuya matriz en Estados Unidos tiene grandes relaciones
históricas con la Casa Blanca. Si quiere encontrar responsables, mejor que
busque en la CFE durante la administración peñista, en lugar de saldar viejas
deudas políticas con sus adversarios, colocando al presidente López Obrador en
una situación vulnerable.
El contexto
político-ideológico de la presentación de Bartlett es disonante con la realidad
del sector eléctrico hoy en día. Urzúa le dio el primer manotazo para regresarlo
a la realidad. Ya lo debería haber entendido. La Secretaría de Hacienda no
consideró a la CFE dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y no le
va a dar dinero. Bartlett podrá revolcarse en la ira y cabildear con el
presidente para que le den dinero. El director de la empresa haría bien en
revisar el artículo 20 transitorio de la Reforma Económica, que establece que
las empresas productivas del Estado son autónomas a lo que decida su consejo de
administración, salvo en materia de endeudamiento, donde Hacienda tiene todas
las atribuciones y responsabilidades.
Urzúa es el
dique de Bartlett y sus sueños monopólicos a partir de deuda pública. Pero ante
todo, el director de la CFE debe entender que el sector no es lo que conoció en
los 80, que el mundo ya cambió y que por el camino que va, en efecto, se va a
quedar el país sin luz.
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