Por Neldy
San Martín.
De acuerdo con especialistas, si la Corte declara inconstitucional la
minuta que crea la Guardia Nacional, organismos mundiales podrían declararla in-convencional
por atentar contra convenios internacionales.
“Si no se ajusta la Constitución a
las obligaciones convencionales, llegará el momento en que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declare in-convencional las disposiciones
contenidas”, dijo Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la
Desaparición Forzada de la ONU y recordó que los tratados internacionales
ratificados por nuestro país son parte de la constitucionalidad.
En el inicio
de las audiencias públicas del parlamento abierto en el Senado sobre la Guardia
Nacional, Corcuera y Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) opinaron
que hay inconsistencias constitucionales y convencionales en la propuesta como
el artículo cuarto transitorio que permitiría al Ejército y la Marina realizar
tareas de seguridad mientras se consolida la formación del nuevo cuerpo de
seguridad, sin establecer una temporalidad.
Este artículo está en el centro del
debate al ser impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los
senadores de Morena, luego de que quedara fuera del dictamen que enviaron los
diputados.
“Estos transitorios no cumplen los parámetros,
porque un transitorio tiene que ser transitorio y no indefinido. El transitorio
que quieren reinstalar sobre que indefinidamente la Fuerzas Armadas sigan
colaborando en estrategias de seguridad pública, lo digo contundente me parece
contrario a las obligaciones internacionales adquiridas por México tal es el
caso Cabrera García y Montiel contra México y el caso Espinoza Alvarado contra
México”, dijo
Corcuera.
También, los expertos hicieron notar las
contradicciones de la minuta y sus riesgos. Por ejemplo, señalaron el artículo
21 del dictamen establece que la Guardia Nacional es una institución de
seguridad de carácter civil, pero más adelante menciona que la institución
tendrá un mando con representación civil, militar y naval.
“Aunque la Corte Interamericana
reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones para el
mantenimiento de la seguridad también se ha pronunciado enfáticamente sobre el
riesgo que implica el uso militar en tareas de seguridad pública”, manifestó.
Mientras que
López Ayllón y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), insistieron en que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil y
urgieron a establecer una ruta para reconstruir a las policías civiles
federales, estatales y municipales.
“(México) prácticamente está
renunciando a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad”, criticó Jan Jarab.
En esta
primera audiencia el tema fue la constitucionalidad y convencionalidad de la
Guardia Nacional, mañana el tema que abordarán es el de Derechos Humanos.
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