Sí había jueces en Berlín… y abogados.

Salvador Camarena.

Hace cuatro años, en un domingo de puente por el natalicio de Benito Juárez, la empresa MVS hizo llegar al domicilio de la periodista Carmen Aristegui un documento mediante el cual pretendía dar por roto el contrato que esa radiodifusora y la periodista tenían. Las causas de esa decisión, a decir de la empresa, habían sido motivadas por la conducta de la locutora.

Los papeles de la presunta notificación fueron dejados en los arbustos que rodean el conjunto donde vive Aristegui. La maniobra de la empresa –que incluía la pretensión de que un notario diera por bueno el aviso del fin de la relación contractual, en un día feriado e incluso si la periodista no recibía en mano dichos papeles– había iniciado una semana antes. Aduciendo que no habían sido notificados de una decisión de Aristegui (el sumar su programa matutino al acuerdo mediante el cual participarían en la plataforma Mexicoleaks, un mecanismo para recibir tips para investigaciones), los radiodifusores lanzaron una campaña contra la locutora, primero, corrieron a dos periodistas de su equipo, dos días después, y luego se negaron a la reinstalación de los mismos y al diálogo que Aristegui propuso el viernes 13 de marzo. El domingo 15 le anunciaban que la demandarían, acusándola de uso indebido de marca y contenidos propiedad de MVS. La madrugada siguiente, el lunes 16, a sus colaboradores no nos dejaron entrar a las instalaciones para preparar la emisión.

Desde aquel momento, del que fui testigo accidental, pues formé parte durante dos meses del staff que hacía la radio con ella, Aristegui definió una ruta basada en tres premisas, según mi memoria: lo de Mexicoleaks no es más que un pretexto, la realidad es que esta es una reprimenda por haber producido el reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”; tenemos un contrato vigente y lo haremos valer; y no importa cuán complicado luzca todo, podemos dialogar, pero a final de cuentas la vía legal no es mala opción porque la razón nos asiste y “todavía quedan jueces en Berlín”.

Esa frase de los jueces en Berlín se remonta a tiempos de Federico El Grande de Prusia, quien quiso deshacerse a la mala de un molino que no le pertenecía, pasando sobre los derechos de un súbdito. Éste no se amilanó y al son de “todavía quedan jueces en Berlín” fue a la corte e hizo valer sus derechos: derrotó al monarca.

Peña Nieto no fue Federico El Grande, pero la maniobra para quitar a Carmen y a su equipo pareció dar cuenta de un poder que rebasaba incluso la lógica imperial del mercado: la exitosa periodista no pudo volver a la radio durante años, pues nadie en nuestra valiente (es un decir) industria de los micrófonos la quiso invitar. En cambio, tras correr a Carmen a MVS le llovió publicidad oficial (leer a Javier Tejado) .

La empresa presidida por Joaquín Vargas hizo buena la advertencia de que abrumarían con demandas a Aristegui, incluida una mediante la que pretendieron censurar el prólogo del libro que daba introducción al libro que Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán e Irving Huerta publicaron sobre La Casa Blanca.

Todo eso parece estar llegando a su fin, uno que es una buena noticia para la libertad de expresión y el periodismo.

Hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que fue ilegal la conclusión, por parte de MVS, del contrato que amparaba la emisión de Aristegui en el 102.5 de FM. Y ayer, la primera sala de la SCJN se pronunció sobre otra de las demandas, la que reclamaba daño moral a Joaquín Vargas. El máximo tribunal instó a ese tribunal a dictar una nueva resolución apegada a los criterios que en materia de libertad de expresión maneja la Suprema Corte, es decir, apegado a “que en el caso de opiniones que impacten en el interés público se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados, toda vez que el debate en estos temas debe ser desinhibido, robusto y abierto”, según se explica en un comunicado de la SCJN. “En este sentido, las expresiones pueden incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos; excluyendo de protección constitucional las expresiones absolutamente vejatorias, ofensivas u oprobiosas que conllevan a un menosprecio personal o una vejación injustificada”.

Buena noticia para el periodismo, la libertad de expresión e incluso para el Poder Judicial. Sí había jueces en Berlín… y sí había también en ese Berlín buenos –en varios sentidos de la palabra– abogados, como lo fueron Javier Quijano y Xavier Cortina, que desde aquel domingo manejaron la defensa de Carmen.

¿Y la Casa Blanca? De esa y de sus periodistas, EPN no se quiere ni acordar.