Por Sara
Pantoja.
La administradora de un comedor
comunitario en la alcaldía Benito Juárez interpuso un amparo contra la jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaum, y tres funcionarias más de su administración por
la omisión en el abastecimiento de insumos para operar el servicio y, con ello,
la afectación a unos 200 usuarios que todos los días acuden al lugar por
alimentos a un costo de 10 pesos.
Se trata del
comedor comunitario ubicado en la calle Niños Héroes de Chapultepec 159, en la
colonia del mismo nombre, que funciona desde hace 10 años en el primer piso del
edificio que la dueña “presta para el servicio”. Fue inaugurado por el entonces
secretario de Desarrollo Social y actual senador de Morena, Martí Batres.
En
conferencia de prensa, Yarel Salazar
Armenta, coordinadora del comedor 219, y Hugo Torres Sumaya, presidente de la
organización Unidos Sí Podemos CDMX, explicaron que el amparo indirecto fue
interpuesto ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la
Ciudad de México, el pasado lunes 8, por la presunta violación a la Ley de
Comedores Comunitarios y al derecho constitucional a la alimentación.
Además de Sheinbaum Pardo, fueron
señaladas como responsables en el juicio la secretaria de Inclusión y Bienestar
Social, Almudena Ocejo Rojo, la encargada de despacho de la Dirección de
Comedores Sociales, Bertha Noelia Mares, y la subdirectora de Comedores
Comunitarios, Verónica García Cruz. Dijeron que, de proceder el amparo y no
obtener respuesta, las sanciones podrían llegar hasta de inhabilitación para
laborar en el servicio público.
“Se agotó el diálogo con el gobierno
de la ciudad que nos ha dejado plantados, por eso procedimos
jurisdiccionalmente”,
dijo Torres y dejó entrever que podrían acudir a la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), para interponer una queja por la
violación de garantías constitucionales y diversos tratados internacionales.
De acuerdo con Yarel, el gobierno de
Sheinbaum Pardo dejó de entregarles frijol, arroz, tortillas, sopas, aceite,
verduras, carnes y demás alimentos de manera catorcenal desde el pasado 22 de
enero.
A partir de
entonces, con aportaciones de su propia bolsa y de tarjetas de crédito -cuya
deuda va en ascenso-, además de la ayuda de algunos vecinos y donaciones de la
organización mencionada, ha mantenido el servicio, aunque tuvo que disminuir a
150 el número de comidas sin modificar el precio.
Según sus cuentas, diario pone de su
bolsa alrededor de 250 pesos para comprar esos insumos y seguir ayudando a los
vecinos. “Yo trabajo en la tarde, pero lo que gano lo estoy dejando aquí,
cuando se supone que, por ley, es el gobierno capitalino quien debe atender el
abastecimiento de los alimentos”, dijo.
Debido a las
dificultades económicas para operar el comedor, Yarel tuvo que prescindir del
trabajo de tres adultos mayores que preparaban los alimentos y ahora solo
funciona con la ayuda de “voluntarios”.
Apro constató que a ese lugar asisten
personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de
adultos mayores, desempleados, pensionados, personas con discapacidad y de
escasos recursos. En entrevista, comentaron que su economía no les permite
pagar comidas de 60 o 70 pesos y que el servicio que reciben del comedor
comunitario es vital para su sobrevivencia.
El
“expediente perdido”
Los denunciantes explicaron que, en
enero pasado, personal de la Comisión para la Reconstrucción -dirigida por
César Cravioto- acudió al comedor comunitario y determinó que, debido a una
fisura que se hizo en el piso luego del sismo del 19-S, era “inviable” que el
comedor siguiera operando, pues ponía en riesgo a los asistentes.
Por esa
razón, la Dirección General de Comedores
Sociales les suspendió el suministro de los insumos. Aseguraron que las
autoridades, en especial Verónica García Cruz, les dijeron que, si hacía los
arreglos necesarios, el lugar podría seguir operando.
Entonces, la coordinadora invirtió de su propio
dinero alrededor de 40 mil pesos, entre el arreglo de la fisura, el cambio de
piso, el reforzamiento de castillos en las paredes y otros trabajos, así como
el costo del dictamen elaborado por el Director Responsable de Obra (DRO) 1283 en
la Ciudad de México, Fernando Herrera Camacho.
Los demandantes mostraron el oficio
que determina que el inmueble “no tiene daños” estructurales, por lo que el
arquitecto determinó que “no presenta daño que pueda poner en riesgo la
integridad de las personas que laboran en este inmueble, así como personal que
ingrese al mismo”.
Además, presentaron una “opinión
técnica” emitida por Ángel Luna Pacheco, director ejecutivo de Protección Civil
de la alcaldía Benito Juárez, que el lugar está “en condiciones favorables para
la operación del comedor” y solo recomendó terminar los trabajos de
mantenimiento.
Según Salazar y Torres, acudieron a
hablar con Verónica García después de realizar los arreglos, pero la respuesta
de la funcionaria fue que “el expediente está extraviado”.
Por si fuera poco, dijeron que el
inmueble no aparece en la Plataforma que la Comisión de Reconstrucción elaboró
con base en el censo que realizó, desde el periodo de transición, para atender
a los damnificados del sismo.
Hugo Torres sugirió a las autoridades responsables que,
en vez de obstaculizar el servicio de ese comedor, revisen casos de personas
que coordinan entre 5 y 6 comedores al mismo tiempo.
También recomendó revisar la calidad de los
alimentos que proveen, pues administradores de otros comedores le han comentado
que, en ocasiones llegan en mal estado -con moho o en estado de
descomposición-. E incluso agregó que, en algunos casos, personal de la
Secretaría de Inclusión ha hecho revisiones a modo de hostigamiento para
obligarlos a cerrar.
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