Raymundo Riva Palacio.
Kirstjen Nielsen renunció a la Secretaría de Seguridad
Territorial, y el impacto por su salida del gabinete del presidente Donald
Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del gobierno de Estados
Unidos en materia de seguridad y perdió México. Apenas la semana pasada,
funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no
eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su gabinete,
donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que
finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en
políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado
inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump
prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly,
que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido.
Fue la responsable de la política migratoria de tolerancia cero, que afectó a
árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas
hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018,
pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo
gobierno. La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el
desenlace final de la secretaria, la dio Kevin McAleenan, quien será su
sustituto a partir del miércoles, quien el pasado 7 de marzo compareció en el
Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza.
En esa comparecencia, McAleenan afirmó que las organizaciones
criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los
problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a
Estados Unidos a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos
de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año
de 5 mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil
personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017.
“Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar
para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos
de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que
individuos evadan ser capturados e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos
contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos sexuales y extorsión en
algunas de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio”.
McAleenan dijo a los senadores que una parte de la
responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de
regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para
repatriarlos, como había sido con el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, con la primera de varias caravanas en octubre. En esa convicción estaba
la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no
se revertía. Nielsen fue apoyada por el gobierno mexicano, que no sabía que su
final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump:
aceptar en mediano plazo hasta nueve mil deportados por mes, para tener tiempo
de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano, e incrementar las
deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para
capturar a líderes de redes tráfico humano en Chiapas y Veracruz, y romper sus
redes financieras. Obvio, no fue suficiente.
La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de
Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista
Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados
convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no
halcón. Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado
por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento
de Seguridad Territorial, porque el presidente había cambiado de opinión y
buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.
No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el
domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados
en Estados Unidos y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen,
porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un
radical en el cargo. McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla
Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director
de la Oficina Contraterrorista del FBI que participó en la guerra contra Osama
bin Laden, los talibanes y Saddam Hussein.
De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las
últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones
criminales transnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de
lucha y las atribuciones de su gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como
refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el
problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser
una persona que podría tener largo kilometraje en la administración Trump.
El temor en las áreas más sensibles del gobierno mexicano es
quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son
ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su
influencia en la casa Blanca y se convirtió, de facto, en el zar migratorio. En
un correo electrónico al portal conservador Daily Caller, hace una semana,
Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad
para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó y la purga comenzó. También
el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de
la política migratoria romántica y de visión estrecha del gobierno mexicano,
causantes colaterales de esta radicalización.
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