Por Andrea
Vega.
La sentencia “histórica” que emitió
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en septiembre pasado, en la
que le reconoció a una comunidad no indígena su derecho a ser consultada por la
construcción de una presa donde se almacenarán desechos tóxicos de la mina
Buena Vista del Cobre de Grupo México, acabó reducida a una mera reunión de
información con “los quejosos” que se realizará el próximo 14 de mayo.
La comunidad
de Bacánuchi, Sonora, ubicada a 27 kilómetros de donde se pretende hacer la
construcción de la presa, denunció que
la consulta nunca se realizó, por lo cual interpuso un amparo por la presunta
omisión cometida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
La presa, que estaría en la misma
zona donde Grupo México causó el derrame de tóxicos hace más de cuatro años en
los ríos Sonora y Bacánuchi, consiste en un contenedor de desechos mineros cuya
superficie es del tamaño de 4,157.5 canchas de fútbol (3,326 hectáreas) con
capacidad para almacenar el equivalente a 102 millones de pipas de 20 mil
litros de líquidos (2040 hm3).
Como la Semarnat autorizó el proyecto sin
consultar a los pobladores, 47 de ellos se ampararon y el caso llegó a la SCJN.
En la sentencia final, la Corte reconoció́ la violación del derecho a la
participación de esta comunidad no indígena, frente a la construcción de la
nueva presa de jales de Grupo México, e instruyó a la Semarnat para realizar
una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la
participación de la comunidad en referencia al proyecto.
Con esa
resolución, los pobladores esperaban una
consulta en la que realmente se les informara de los alcances e impactos del
proyecto, y, sobre todo, que las autoridades escucharan sus opiniones y
preocupaciones antes de decidir seguir adelante con la autorización.
Aunque ya se
venía venir un escenario adverso. En septiembre, cuando se emitió la sentencia, la organización PODER, encargada de la
defensa del caso, advirtió que la resolución era ambigua: “es un precedente
importante respecto a reconocer la participación de las comunidades no
indígenas en temas medioambientales, pero no queda claro el alcance de la
consulta ni si se dejará sin efecto la autorización ya emitida para el
proyecto”, señaló entonces Luis Miguel Cano, abogado de PODER.
Ahora, la organización civil y la
comunidad de Bacánuchi aseguran que la Semarnat ha aprovechado la ambigüedad de
la sentencia para reducir la consulta a una simple sesión informativa, para el
próximo martes 14 de mayo, a las 11 de la mañana, en el comedor escolar, un
sitio cerrado en el caben solo unas 50 personas.
En la notificación de la Semarnat,
delegación Sonora, recibida en Bacánuchi el pasado 6 de mayo, “se advierten
varias inconsistencias entre ellas, que se convoca a informarse sobre la
autorización ya dada del proyecto, como si ésta ya fuera un hecho y como si
debieran informar sólo sobre eso y no sobre todo el proyecto”, advirtió Cano en
entrevista.
Más grave aún, señaló el abogado, lo
que pretende hacer Semarnat limita la participación de los pobladores. “Solo
se está convocando a la reunión a los 47 quejosos que interpusieron el amparo
ante la Corte por no haber sido consultados. Eso es a todos luces una violación
a lo que se ordenó en la sentencia, en la que dice claramente que se debe
consultar a la comunidad”.
Otra falta, de acuerdo con Cano, es que
obliga a las y los asistentes a que den “posibles sugerencias” en ese momento,
sin tener un tiempo de reflexión. Además, nada se dice de qué pasaría
después de la reunión, si las opiniones de los afectados se considerarán o
no. “Lo único que dice la Semarnat es que los pobladores podrán externar sus
opiniones para que se les escuche. Se les olvida que la Corte dijo que el
ejercicio de consulta debía hacerse para que todo lo que transmita la gente se
tome en cuenta”.
“Es el primer ejercicio de este tipo
organizado por la Semarnat en el sexenio, y esperábamos que cumpliera con las
pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú; que observara los mayores
estándares internacionales y que promoviera una participación activa, libre,
informada y efectiva para esta comunidad que sufrió las consecuencias del peor
derrame en la historia de la minería en México en 2014”, explicó en un comunicado Fernanda
Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.
En
definitiva, agregó, “esperábamos que
Bacánuchi pudiera obtener información amplia, no sólo sobre la nueva presa
de jales de Grupo México, sino del total de proyectos de expansión que la
empresa pretende instalar en la región, además de expresar sus dudas y
preocupaciones; llegar a conclusiones con suficiente análisis y, por supuesto,
decidir si quiere el proyecto o no, y cómo”.
Ante esto, la defensa de los pobladores presentó, ante
el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta,
un escrito, en el que destacan “que lo que “pretende hacer la autoridad es un
procedimiento ilegal que constituye el incumplimiento de la sentencia, para que
al menos estén enterados de esto”.
A la Semarnat ya se le hizo llegar
también un escrito donde se le advierte que no debe solo convocar a los
quejosos ni solo informar de la autorización, sino de toda la obra y asegurar
que haya un plazo razonable para que la comunidad pueda analizar la información,
dar sus opiniones, y que éstas se tomen en cuenta. Lo que se espera, “es que la
autoridad recapacite y que si la reunión del martes se lleva a cabo sea solo
para decir, ok, aquí estamos, pero mejor vamos a hacer las cosas bien”, concluyó Cano.
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