Por Gloria
Leticia Díaz.
Ante la vigente emergencia
humanitaria que implican las desapariciones de miles de personas en el país,
organizaciones civiles pidieron la intervención de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho a la verdad y la justicia
a las familias de las víctimas.
En dos
audiencias públicas realizadas durante el 172 Periodo de Sesiones de la CIDH,
desarrollado en Kingston, Jamaica, dieron
cuenta de las debilidades del Estado mexicano para atender la crisis
humanitaria, a pesar de la voluntad expresa del presidente Andrés Manuel López
Obrador, reiterada en las audiencias por el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
La
presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosamena de Troitiño, abrió la audiencia “Desapariciones Forzadas y la propuesta del
Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en México”, destacando la
presencia de la delegación del Estado mexicano, para tratar un tema que “ha
sido reconocido por el Estado como el gran desafío y para la sociedad mexicana
la gran lucha para encontrar a sus desaparecidos”.
Con la
participación de familiares de víctimas que forman parte del Movimiento
Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y defensores, los solicitantes de la audiencia instaron
al Estado mexicano a crear un mecanismo extraordinario para la identificación
forense “con las características necesarias para atender la emergencia
humanitaria que vive el país”.
Además, instalar una mesa de diálogo “de alto
nivel” en el que participen el presidente Andrés Manuel López Obrador, los
secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como el
fiscal nacional de la República y la comisionada nacional de Búsqueda y los
representantes de países centroamericanos con registros de personas de
desaparecidas en territorio mexicano.
Sin la
presencia de la FGR, defensores y
familiares que insistieron en no confiar en los actuales sistemas de
identificación forense, resaltaron que está pendiente el nombramiento del
titular de la Fiscalía en Derechos Humanos.
Pidieron a la CIDH que, de común
acuerdo con el Estado mexicano, se establezca una coordinación con la Oficina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
para que “se establezca un esquema de asistencia técnica (…) para la
construcción, seguimiento y evaluación de este Mecanismo de Identificación
Forense”.
@CIDH
#IACHRHearings
Mexico: Forced disappearances. State: In April we elaborated a diagnosis of the
forensic system at the national level to identify the shortcomings and to adopt
the needed initiatives. #IACHRinJamaica
En la
audiencia, la integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF), resaltó que en los 15
años colaborando con autoridades mexicanas en la identificación forense, vio
como un primer problema la falta de claridad sobre el número de cuerpos sin
identificar en las instituciones, ya que algunos funcionarios hablan de 26 mil
y otros de 36 mil cuerpos.
Describió como problemas la “grave
fragmentación” de restos resguardados por institutos forenses y procuradurías;
el elevado volumen de restos, lo que dificulta contar el número de cuerpos;
falta de claridad sobre los sitios donde se encuentran los cadáveres no
identificados, y deficiencias en las bases de datos.
Al destacar que “la saturación del
sistema forense actual, condena de los casos de más larga data, a una larga
espera, con el consecuente sufrimiento de las familias de las víctimas”,
Doretti consideró que la creación de un mecanismo extraordinario independiente
de los servicios forenses sería una oportunidad histórica para dar tranquilidad
a un alto número de familias”.
En una
audiencia anterior, “Denuncias de
desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México”, Ximena Ugarte, del
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Ana Laura
Velázquez, de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y Laura Curiel,
del colectivo de familiares de víctimas “Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia
de Nuestros Desaparecidos”, expusieron la gravedad de la situación en el Estado
de México, que amerita una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de
Género.
Con base en
datos oficiales, las defensoras
expusieron que entre 2012 y 2018 había 2 mil 363 expedientes de mujeres
desaparecidas registradas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, cifra que representa el 46% del total desaparecidos en la entidad; que
hasta agosto de 2018 estaban pendientes de localizar mil 73, y que en el primer
trimestre de este año han desaparecido a 32 niñas, adolescentes y mujeres.
Ante las
comisionadas, Esmeralda Arosamena,
Margarette May Macaulay y Antonia Urrejola, y el comisionado Luis Ernesto
Vargas, las defensoras solicitaron a la CIDH la creación “del Grupo de
Observación para el seguimiento de la Alerta de Violencia de Género por
desaparición de mujeres en México y que las relatoras de México (Arosamena) y
género (Macaulay) realicen una visita in situ a esta entidad”.
Al gobierno mexicano, representado
por Encinas, las defensoras pidieron que se declare la segunda AVG para el
Estado de México; diseñar una estrategia para la localización con vida de las
niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas; fortalecer a la Comisión Nacional
de Búsqueda y a las comisiones locales “con los recursos y personal suficiente
para su funcionamiento”, y que integren la perspectiva de género en sus
actuaciones.
A la entidad gobernada por Alfredo
del Mazo, solicitaron el reconocimiento de la labor de los colectivos de
víctimas y organizaciones de la sociedad civil; revisión de expedientes y
reclasificar aquellos que no están siendo investigados por desaparición.
También crear una mesa de trabajo con presencia del
gobernador; fortalecimiento institucional; buscar con perspectiva de género, y
que se abstengan de “revictimizar y estigmatizar a las víctimas y sus
familiares”.
En respuesta a los familiares de
víctimas y organizaciones presentes en las audiencias, el subsecretario
Alejandro Encinas reconoció la crisis humanitaria y sostuvo que el gobierno de
López Obrador tiene como prioridad atender el problema de las desapariciones,
para lo que no habría límites de recursos.
Encinas, quien prometió dar a conocer
un diagnóstico del sistema forense el lunes 13, consideró que “no habría
necesidad de un nuevo mecanismo” de asistencia internacional para atender la
crisis forense, tema que debe “ser extensivo para auxiliar en las tareas de
búsqueda” contempladas en el acuerdo de colaboración entre el Estado mexicano y
el organismo en el caso Ayotzinapa.
En su
oportunidad, la responsable de la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, adelantó que para
atender la emergencia forense, el gobierno de López Obrador emitirá una
convocatoria internacional para identificar los restos que se encuentran
resguardado en los centros forenses.
Quintana
Osuna informó que entre las primeras
acciones durante su encargo, se visitaron 266 centros forenses en el país, en
los que laboran 5 mil 900 personas de diferentes especialidades, además de que
existen 40 laboratorios de identificación genética y sólo 35 especialistas en
esa materia, en tanto que en 21 estados se tienen los mismos marcadores de
identificación genética, lo que permitiría un intercambio de información.
La
funcionaria destacó que del balance se
pudo determinar que hay “un déficit de arqueólogos y antropólogos forenses”,
por lo que la propuesta de solución es hacer una convocatoria internacional
para trabajar en la identificación de los cuerpos que se encuentran en los
centros forenses.
En cuanto a la audiencia de
desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México, Encinas
Rodríguez señaló que es un problema que “no es privativo” de la entidad
gobernada por Alfredo del Mazo.
Al dar la palabra a la fiscal central
para la Atención de Delitos Vinculados con Violencia de Género, de la Fiscalía
estatal, Dilcia Espinoza sostuvo que el 80% de las denuncias por desaparición
de niñas y mujeres tienen como resultado la localización de las víctimas.
Frente a las altas cifras que
persisten por desaparición de mujeres y niñas, la funcionaria señaló que a
partir de que se incluyó el delito de desaparición forzada y desaparición por
particulares, se abrieron seis carpetas de investigación, se libraron cinco
órdenes de aprehensión por desaparición por particulares, casos de los cuales
hay se vincularon a proceso a 8 personas, en tanto que hay una sentencia por 30
años en un caso vinculado con ocultamiento y destrucción de restos.
Los comisionados presentes en las
audiencias dieron un voto de confianza al gobierno de López Obrador.
En su
intervención en la audiencia de desaparición de mujeres, Margarette May
Macaulay consideró que la CIDH necesita
“más tiempo para ver los resultados positivos, sabemos que es un problema muy
complejo, el tema de los desaparecidos, vamos a esperar cuán efectivas serán
las autoridades para encontrar a las personas con vida”.
Luis Ernesto
Vargas recordó que, durante la
instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, escuchó al presidente “que no
habría limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se habían
trazado, para lograr los hallazgo, tengo la convicción de que se va a cumplir”.
Arosamena,
por su parte, comentó una carta que
recibió del representante de ONU-DH, Jan Jarab, en la que mostraba su
disposición a colaborar con la CIDH para dar asistencia técnica para la
creación del Mecanismo Extraordinario Forense, en tanto que se comprometió a
revisar el acuerdo del seguimiento del caso Ayotzinapa para encuadrar en él la
colaboración con el Estado mexicano en esa materia.
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