Juan Omar
Fierro.
Un tribunal
de enjuiciamiento condenó a tres años de
prisión al ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, tras acreditar su responsabilidad penal en el delito de peculado
agravado por un monto de un millón 740 mil pesos, recursos que fueron desviados
del Gobierno de Chihuahua.
A pesar de la sentencia, el ex
colaborador de Manlio Fabio Beltrones Rivera cuando el sonorense fungió como
líder nacional del PRI no volverá a la cárcel, ya que el fallo le concedió a
Gutiérrez la libertad condicionada y le descontó de la pena de prisión los ocho
meses que el ex funcionario priista estuvo privado de su libertad en el penal
estatal de Aquiles Serdán, ubicado en las inmediaciones de Chihuahua, Chihuahua.
La jueza Gabriela Córdova explicó que la condena
impuesta incluye el pago de una multa por 35 mil pesos, así como el pago de la
reparación por el monto que desvió entre los días 20 y 23 de diciembre de 2015,
simulando obras y servicios a través de dos empresas vinculadas con Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez y su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez.
Tras el
fallo, la Fiscalía General de Chihuahua
y el gobierno estatal, éste a través de su Consejería Jurídica, anunciaron que
van a apelar para tratar de incrementar la pena de prisión impuesta, mientras
que la defensa presentará su propia apelación para intentar revertir el fallo
condenatorio y la pena privativa de libertad.
Logra defensa
de Gutiérrez la pena más baja.
Durante la
audiencia, la Fiscalía General de
Chihuahua había solicitado al tribunal de enjuiciamiento una pena de prisión de
hasta nueve años de cárcel contra Gutiérrez Gutiérrez, pero la impartidora de
justicia consideró que la pena máxima era excesiva, por lo que optó por imponer
la sanción más baja que contemplan las leyes penales.
También le fue negada a la fiscalía chihuahuense
una petición para que Gutiérrez Gutiérrez fuera inhabilitado para ocupar o
ejercer cualquier cargo público, derivado de que al momento de los hechos era
funcionario partidista y no servidor público.
Sin embargo, la defensa del priista tampoco obtuvo
todo lo que solicitaba, puesto que el tribunal de enjuiciamiento resolvió que
el priista debe garantizar la reparación del daño, es decir, que debe garantizar el pago de los 1.7
millones de pesos que, según el fallo condenatorio, desvió del erario hacia sus
cuentas bancarias personales.
La defensa argumentó que ese dinero ya se había
reintegrado a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, e incluso, durante las
dos últimas audiencias del juicio, presentó comprobantes de depósito como
prueba superveniente de que el dinero desviado de forma ilegal ya se había
pagado.
Una vez más,
la petición de la defensa fue
desestimada, puesto que el Gobierno de Chihuahua jamás reconoció el depósito de
los recursos que las empresas Jet Combustibles, de la que Alejandro Gutiérrez
es accionista mayoritario, y Promotora de Señalamiento Integral, en la que su
hijo funge como apoderado legal, recibieron por contratos y obras simuladas.
Tras el
fallo condenatorio, el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral, ha señalado que el caso de Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez forma parte de la llamada Operación Safiro o Saneamiento Financiero,
que sirvió para desviar recursos públicos hacia las campañas electorales del
PRI.
La presunta triangulación de recursos
se hacía de dos formas, una era simular obra pública a través de empresas
ligadas a servidores públicos o a funcionarios partidistas, esquema en el que
se ubican los dos procesos penales que existen contra Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez, uno federal por peculado por 250 millones de pesos y otro por el desvío – ya acreditado
y sancionado con los 3 años de prisión- por el peculado agravado de un millón
740 mil pesos.
La otra forma de desviar recursos era
la entrega contratos a empresas “fantasma”, mecanismo que los periodistas de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron para el
presunto desvío de casi 650 millones de pesos en siete entidades federativas,
dinero que supuestamente se sustrajo de cinco gobiernos estatales (Chihuahua,
Durango, Sonora, Colima y Estado de México), pero también del Congreso de
Morelos y de la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, todos bajo el
dominio del PRI.
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