Por José
Raúl Linares.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se posicionó en contra de la acción de
constitucionalidad presentada por el ministro Alberto Pérez Dayán, con la cual
se pretende invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
Zaldívar se pronunció en contra de todo el proyecto
porque sus efectos han cesado desde el pasado 12 de abril pasado, cuando hubo
un decreto que modificó 15 de los 17 artículos reformados en noviembre de 2018
cuando se aprobó la Ley de Remuneraciones.
Con ello se manifestó a favor de su
“sobreseimiento”, como lo expresó en la sesión pública celebrada por el pleno
este lunes.
@ArturoZaldivarL
Comparto mi postura en las A.I. 105/2018 y
108/2018. En mi opinión, deben sobreseerse pues la #LeyDeRemuneraciones es un
sistema normativo y solo subsisten 2 de los 17 artículos que la integran, los
cuales no fueron impugnados. https://arturozaldivar.com/sites/default/files/posicionamientos/pdf/Intervencion%20cambio%20sustancial%20en%20el%20sistema.pdf
…
Desde la
mañana comenzó la discusión en la cual los
ministros Arturo Zaldívar, al igual que Norma Lucía Piña y Yasmín Esquivel
Mossa perfilaron votos en contra del proyecto presentado por Pérez Dayán.
Con ello, sólo resta que un ministro se posicione
en contra para sobreseer el proyecto al no lograr reunir los ocho votos a favor
que necesita la acción de inconstitucionalidad.
El resultado que exprese el pleno se
conocerá en la votación que se mantiene en receso.
El proyecto
del ministro Pérez Dayán, propone
declarar inválidos los artículos que fijan como tope salarial el ingreso
mensual del presidente de la República y que surta efectos retroactivos al 6 de
diciembre de 2018, fecha en que entró en vigor la ley.
Con esta
medida, expresó Dayán, no sólo se
protege a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación, sino también a
toda la sociedad porque es garantía de que las controversias se resuelven a
derecho.
“La propia Constitución Federal
reconoce el principio de división de poderes, el acceso a la justicia, la
independencia judicial y las garantías constitucionales que la conforman, entre
otras, la de seguridad económica que comprende a su vez la remuneración
adecuada, irrenunciable e irreductible”, dice el documento.
La Ley de
Remuneraciones –también conocida como Ley de Austeridad– fue impugnada por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral
(INE) y por distintos senadores de oposición, entre ellos de las fracciones
parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
No obstante, los legisladores de
Morena expresaron que existe un conflicto porque los mismos juzgadores serán
acreedores a reducciones salariales.
Al respecto la ministra Norma Lucía
Piña, negó que exista “impedimento subjetivo” en la discusión:
“No existe un impedimento subjetivo
de las y los ministros porque, en principio, ninguno promovió amparo en contra
de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, por ende, a
mi juicio, no existe un interés personal en el asunto”, señaló.
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