Degradación social.

Raymundo Riva Palacio.

La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46 por ciento subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona. Lo paradójico de estos datos, compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el primer trimestre este no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que han sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14 por ciento en relación con el primer trimestre de 2018, de 38 por ciento a 24 por ciento, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero no) subió 450 por ciento, y las intimidaciones y las amenazas, 192 por ciento. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276 por ciento.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el primero sino el segundo semestre tuvo un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62 por ciento de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), Estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), los cuales rebasaron la media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de violencia (47 por ciento) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14 por ciento), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el primer trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17 por ciento de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405 por ciento en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55 por ciento. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62 por ciento mencionado, los incidentes se registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avance en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria, resalta Etellekt, “ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82 por ciento de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85 por ciento de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.