Por Ángeles
Mariscal.
El
gobierno del estado de Chiapas solicitó al Congreso local la desincorporación
de 3 predios para destinarlos a instalaciones de la Guardia Nacional, en zonas de
paso de migrantes. Serán entregados vía donación, a favor de las secretarías de
la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR).
Fue el
pasado 4 de junio, cuando aún se efectuaban las negociaciones entre el gobierno
mexicano y el de Estados Unidos, cuando inició el proceso para destinar
terrenos para la Guardia Nacional en los municipios de Tonalá, Pichucalco y
Palenque, ubicados en la costa y norte de Chiapas.
Legisladores
del Congreso chiapaneco turnaron a comisiones parlamentarias la solicitud hecha
a través del secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos. Se trata de la
iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del estado de Chiapas
la desincorporación de tres hectáreas de terreno ubicadas en el municipio de
Pichucalco, “a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la
Defensa Nacional para llevar a cabo la construcción de las instalaciones de la
Coordinación Regional de la Guardia Nacional”.
También se
pide al ayuntamiento de Tonalá desincorporar del patrimonio municipal un
terreno “a favor de la Secretaría de la Marina para la construcción del cuartel
general de la Guardia Nacional”.
Y al
ayuntamiento de Palenque desincorporar del patrimonio municipal un terreno y
enajenarlo -vía donación- “a favor del Gobierno de la República quien lo
destinará para la construcción de las instalaciones de una compañía de la
Guardia Nacional”. La gestión de los terrenos se resolverá en días próximos.
Entre los
acuerdos a los que llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos se
encuentra la contención del flujo migratorio y el envío de 6 mil integrantes de
la Guardia Nacional al estado de Chiapas; ello luego de las amenazas del
presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si no
realizaba acciones para detener a miles de migrantes que intentan llegar a
Estados Unidos.
El proceso
de militarizar las rutas migratorias y la contención de migrantes inició desde
finales de mayo pasado, con el despliegue de cientos de integrantes de la
Marina y Policía Militar.
La política
migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de contener la migración
en la frontera sur vía la militarización de las rutas de tránsito y la facultad
que se dio a integrantes de la Guardia Nacional de hacer labores de agente
migratorio, han sido cuestionadas por organizaciones de la sociedad civil y
académicos que ven en ello el riesgo de violaciones a los derechos humanos de
la población migrante, y la subordinación de las instituciones a la agenda
económica y los intereses de Estados Unidos.
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