El juez que no debió serlo.

Por Ernesto Aroche y Karen de la Torre.

Hace 30 años, a finales de mayo de 1989, José Refugio Alejandro León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial del Estado de Puebla: buscaba obtener una plaza como juez. Llevaba ya dos años trabajando como secretario de Estudio y Cuenta en la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de la redacción de proyectos de sentencia, y era el momento de dar el salto.

Hubo más aspirantes, pero León Flores obtuvo “las mejores calificaciones” de acuerdo con el informe que se presentó en el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); unos días después del examen, el 1 de julio de 1989, el TSJ acordó nombrarlo juez de primera instancia interino por un plazo de seis meses.

Ese jueves, tras la aprobación de su nombramiento, le tomaron protesta. León Flores tenía 32 años de edad y una breve estancia laboral en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de dos años.

—Protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, con sus adiciones y reformas, y las leyes que de ellas emanan.

—Sí, protesto —contestó León Flores.

León Flores se convirtió en juez, pero no debió serlo.

Desde el momento en que el TSJ lo nombró juez interino y lo ratificó como titular seis meses después, León Flores estaba violando el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues uno de los requisitos para ocupar el cargo era “tener título de abogado, expedido por lo menos tres años antes de su nombramiento”.

Y había otro problema: pasó por las aulas en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) entre 1977 y 1982; y presentó su examen profesional el 8 de diciembre de 1987, pero no se tituló.

Y ante la obligación de comprobar su nivel de estudios León Flores entregó un título y una cédula falsa al TSJ, cuyas copias tiene esta casa editorial.

Es decir, ejerció como juez usando documentos falsos, como lo reconoció la BUAP a una solicitud de información que presentó LADO B en donde negó haber expedido documento de titulación al juez tras su examen profesional.

El propio juez reconoció que no contaba con la documentación en un escrito que envió al Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017) y tras los constantes cuestionamientos de LADO B que iniciaron desde finales del 2016.

Aun así, desde el día que tomó protesta, ha dictaminado en casos emblemáticos para el estado de Puebla, tanto políticos como de violencia de género, mismos que en las revisiones por tribunales federales fueron exhibidos por omisiones y deficiencias del togado que despacha actualmente como juez penal de Cholula.

El título falso.

En el expediente laboral que el TSJ tiene del funcionario público hay una copia fotostática de muy baja calidad de un título de “Abogado, Notario y Actuario” otorgado por la BUAP el 4 de octubre de 1990.

En el documento, cuya copia fue entregada a LADO B y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en respuesta a solicitudes de acceso a la información, se aprecian las firmas del entonces rector José Doger Corte y su secretario general Víctor Espíndola García.

Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información (folio 00130019) la BUAP aseguró que “no se encontró registro de la expedición de Título Profesional de fecha 4 de octubre de 1990” a nombre de José Refugio Alejandro León Flores, y entregó una copia digital de un título fechado el 13 de septiembre de 2018.

El juez se tituló 29 años y 4 meses después de su nombramiento.

Fueron casi tres décadas en los que el TSJ no reparó en que uno de sus integrantes, uno de los encargados de impartir justicia, no cumplía con los requisitos legales para ser parte del Poder Judicial local.

Tampoco advirtieron que en su expediente laboral había documentos que no existen en los archivos de las instituciones que supuestamente los emitieron.

De hecho, en el escrito que el juez presentó en el Consejo de la Judicatura de Puebla en enero del 2018, tras la investigación que inició LADO B, reconoció no estar titulado y sólo presentó un acta de examen.

Unos 20 años después, entre 2011 y 2016, la figura de León Flores cobraría relevancia pues fue el juez que tuvo en sus manos al menos 34 casos de perseguidos políticos del gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Los Xicale estuvieron presos durante 14 meses y lograron la liberación tras ganar un amparo en juzgados federales.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.

Dicen que le llaman “el ingeniero”.

Un exfuncionario del ayuntamiento de San Pedro Cholula, municipio conurbado a la capital poblana —que prefiere omitir su nombre para evitar represalias— conoce por su apodo al juez penal de ese distrito: El Ingeniero.

El título de abogado no fue el único documento en el expediente laboral que el TSJ tiene de León Flores y que no aparece en los archivos de la dependencia que supuestamente la emitió. También había una cédula con el número de folio 1425767 expedida por la dirección general de profesiones el 18 de octubre de 1990.

La copia de la cédula fue enviada a LADO B de manera anónima a mediados del 2017, meses después de que el Tribunal respondiera una solicitud de información que presentó esta casa editorial asegurando que la cédula de León Flores “no obraba en el expediente”.

Y reconociendo que era con la cédula como el organismo estatal “comprueba que se ha concluido por completo con los estudios y se tienen los conocimientos necesarios para ejercer la profesión”.

En 2017 LADO B habló con el juez; en una breve conversación de no más de 10 minutos el togado aseguró que tuvo un problema con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que ésta nunca le entregó la cédula, por eso el TSJ había informado que “no obraba en el expediente”.

Pero León Flores sí había entregado una cédula. El documento llegó a través de whatsapp —desde un número que fue dado de baja después— con un mensaje críptico: “checa el número de folio”, se confirmó con dos fuentes más del propio TSJ que el documento sí estaba en el expediente.

La página cedulaprofesional.sep.gob.mx, que el gobierno federal tiene en línea para verificar la autenticidad de esos documentos, muestra que el folio 1425767 fue asignado al ingeniero químico Óscar Ramírez Baena, un egresado del Politécnico Nacional que obtuvo el documento en 1989.

De acuerdo con un trabajador del TSJ —con el que se habló con la condición de reservar su nombre para evitar represalias— tras la petición de información de LADO B se percataron que la cédula era falsa, por ello el entonces presidente del Poder Judicial en el sexenio de Moreno Valle, Roberto Flores Toledano, ordenó ocultar el documento y responder diciendo que “no existía”.

Cuestionado al respecto, el actual presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, sólo dijo que ya había una investigación en curso y que la resolución sobre el caso “saldría muy pronto y se haría pública”.

Se solicitó al Tribunal una entrevista con el Juez León Flores, nunca hubo respuesta a la petición. —El “ingeniero” León Flores —dice socarronamente el exfuncionario del ayuntamiento de San Pedro Cholula consultado—, así le dicen por lo de su cédula.

Un juez de consigna.

Es un “juez de consigna”, asegura Enrique Romero Razo, actual juez penal de Atlixco, cuando se le pregunta por su colega León Flores.

Y explica: “Rafael Moreno Valle se hizo de manera unipersonal de todo el poder, controlando tanto el legislativo como el Poder Judicial del estado. Esto provocó que las instituciones de administración y procuración de justicia estuvieran bajo su control, y permitió que se convirtiera en un instrumento coercitivo más. Para ello se requerían sicarios, brazos ejecutores y obviamente gente sin ningún tipo de conciencia; este caso en particular es uno de ellos”.

“Una persona que en su momento libró órdenes de aprehensión en contra de los disidentes del régimen, convirtiéndolos en perseguidos políticos. Al final las resoluciones pronunciadas por él fueron tumbadas en los juicios de amparo”, agrega.

Según información del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla, 36 personas detenidas por oponerse a proyectos gubernamentales del fallecido Rafael Moreno Valle, fueron juzgadas por León Flores durante su sexenio.

De estas al menos 24 personas lograron su liberación tras la intervención de juzgadores federales.

A decir de Pablo Rangel Sarrelangue, abogado litigante y analista del Poder Judicial, la existencia de los “jueces de consigna” no es nueva. Es una práctica que se ha vivido por décadas en el poder judicial poblano.

Él mismo vivió en carne propia el peso del sistema cuando luego de criticar al entonces magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido, fue encarcelado acusado de un homicidio que no cometió.

Pacheco Pulido y su grupo afín mantuvo el control del Poder Judicial desde finales de los 90s y la primera década de este siglo, fue diputado federal de 1982 a 1985 y presidente municipal de la capital poblana de 1987 a 1990, todo como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En enero de este año el Congreso local, controlado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo nombró gobernador interino tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

Su procedimiento, asegura en entrevista Rangel Sarrelangue, fue llevado por jueces de consigna, “jueces que después de ordenar mi encarcelamiento o mi sentencia me mandaban a decir que no tenían nada contra mí, que sólo cumplían órdenes”.

Esa herencia, dice Sarrelangue, la aprovechó Moreno Valle para hacerse del control del TSJ. Al inicio de su sexenio utilizó dos vías para neutralizar “a una vieja guardia”.

Primero comenzó a perseguir jueces, “por lo menos detuvo a dos o tres, entonces los demás sintieron temor, pues es un Poder Judicial corrupto, y sintieron pasos en la azotea y esa vieja guardia del Poder Judicial se entregó, claudicó”.

Después comenzó a atacar al cuerpo de magistrados presionando para que se cumplieran o adelantaran con los tiempos de jubilación.

En los dos primeros años de su sexenio Moreno Valle logró que salieran por jubilación 12 de los 25 magistrados que conforman el pleno del TSJ, y reclamó como suyas esas posiciones colocando ahí a personas afines a su grupo, como el panista Roberto Grajales, que fue nombrado magistrado sin tener en su currículum contacto alguno con el mundo del litigio.

Lo mismo hizo después el sucesor de Moreno Valle, Antonio Gali Fayad quien en agosto del año pasado propuso a Jorge Benito Cruz Bermúdez, ex presidente del PRD poblano, para integrarse al TSJ como magistrado sin tener carrera jurídica. Su único contacto con el mundo del litigio fue entre 1997 y 1999, cuando formó parte de la dirección jurídica del corporativo inmobiliario Gorstein–Fasja, según el currículum que tiene publicado el TSJ.

El sistema.

El caso de León Flores es el ejemplo de impunidad extrema de un sistema que ha permitido que jueces y magistrados sean nombrados sin cumplir con los requisitos y se mantengan ahí por años, apoyados por compadrazgos y apoyos políticos.

Pero no es el único.

16 de las 71 personas designadas por el Tribunal para fungir como responsables de la impartición de justicia tramitaron su cédula con un plazo mayor al establecido; dos de ellos, los casos más extremos: Amadeo Fuentes y Añorve y Rodolfo Arana Santiesteban presentaron sus cédulas 21 y 25 años, respectivamente, después de ser nombrados, esto de acuerdo con información del propio tribunal y de la página de cédulas profesionales de la SEP.

Entre los magistrados el modus operandi no es distinto: en agosto del año pasado fue electo magistrado José Montiel Rodríguez, quien de acuerdo con la página de la SEP recibió su cédula (folio 7676441) en el 2012, y la ley establece que para ser magistrado se debe contar con un título legalmente expedido con 10 años de antigüedad.

Su nominación fue impugnada por la abogada Montserrat Lydia González mediante un amparo que presentó en el Poder Judicial de la Federación, pero la petición fue desechada argumentando “incompetencia”, sin entrar al asunto. De ahí pasó como queja al Congreso, pero comenzó a “politizarse”, dice la abogada, y ya no hubo seguimiento.

Montiel Rodríguez fue propuesto tras ocupar varios cargos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en donde fue titular de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; con Antonio Gali Fayad ocupó la subsecretaría jurídica en la Secretaría General de Gobierno.

Los procesos.

Roberto Flores Toledano se integró al Poder Judicial en noviembre de 2011, unos meses después del inicio del sexenio de Moreno Valle. Fue electo magistrado por el Congreso poblano controlado por el panista sin tener carrera judicial previa en el estado.

Su currículum muestra que si bien había litigado en un despacho del que fue socio director y había impartido clases en la UNAM y el ITAM, en donde cursó licenciatura y maestría respectivamente, su trabajo jurídico lo hizo en la Ciudad de México.

Su llegada a Puebla fue de la mano del gobernador Rafael Moreno Valle, pues es el mandatario estatal quien, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone al Congreso la terna de nombres de donde se elige magistrados, titular y suplente.

Flores Toledano tuvo una carrera meteórica en el Poder Judicial. Estuvo un año como integrante de la Segunda Sala en Materia Penal, de noviembre de 2011 a diciembre de 2012. Un año como presidente de dicha sala (diciembre de 2012 a febrero de 2013) y de ahí saltó a la presidencia.

En ese momento el control de Moreno Valle sobre el Poder Judicial ya era total.

Flores Toledano renunció a la presidencia del TSJ en enero de 2018, aunque se mantiene como magistrado, luego de haber sido reelecto tan sólo once meses antes por unanimidad del pleno, justo en el cierre del sexenio de Rafael Moreno Valle.

Tras su renuncia fue nombrado presidente del Consejo de la Judicatura poblana y quedó a cargo de la investigación por las irregularidades en los documentos educativos del juez León Flores. El procedimiento se inició desde finales del 2017 y hasta el momento no se ha resuelto.

De hecho, sobre León Flores pesan un total de cuatro procesos de Responsabilidad Administrativa en su trabajo realizado como Juez Penal de Cholula, ninguno de los cuatro se ha concluido.

El primero data de 2016, pero fue hasta 2018 cuando llegó a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura.

Otro se inició en 2017 por la falta de documentos educativos, y a decir del TSJ está pronto a resolverse. Los otros dos se iniciaron el año pasado y aún están en investigación. La información fue dada a conocer por el TSJ tras una solicitud de información que presentó LADO B.

“Son datos personales”: ITAIP

Como parte de esta investigación se solicitó a la BUAP la copia digital del título para cotejar con el que el TSJ había entregado previamente. En su respuesta la universidad pública negó la información argumentando que se trata de información “confidencial”.

La respuesta fue impugnada ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla (ITAIP), pero el organismo ratificó la respuesta de la BUAP. Lo que obligó a LADO B a buscar un amparo en un juzgado federal.

El amparo fue ganado en primera instancia, pero el ITAIP llevó el caso a una segunda: un tribunal colegiado, quién el pasado 14 de febrero ratificó la sentencia y otorgó el amparo, finalmente la BUAP entregó la información.

Sobre el tema, la actual presidenta del ITAIP, Laura Carcaño Ruiz, aseguró que el instituto decidió proteger los datos personales del juez y el derecho de la universidad pública de mantener la reserva sobre esa información, pues insistió varias veces en la entrevista “se trata de datos privados”.

—Entonces ¿era más importante para la sociedad que ustedes protegieran los datos del juez al confirmar la respuesta de la universidad, que dar a conocer los antecedentes académicos de una persona que toma decisiones que ponen a personas en la cárcel o los dejan libres?

—Esto se basa en la ley de datos personales. Ustedes están muy casados con la ley de transparencia. Lo que usted me está diciendo se refiere mucho a la ley de transparencia, no a la ley de protección de datos personales. La ponderación y el interés viene previsto en la ley de transparencia. La de datos personales es una ley sumamente compleja y sumamente diferente a la ley de acceso a la información.

La respuesta fue impugnada ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (ITAIP), pero el organismo ratificó la respuesta de la BUAP. Lo que obligó a LADO B a buscar un amparo en un juzgado federal.

“No se necesita título”

En enero de 2018 León Flores mandó un escrito, cuya copia tiene esta casa editorial, dirigido al presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura poblano.

Ahí el juez reconoció que no se tituló al concluir sus estudios, pero argumentó que legalmente era irrelevante contar con esa documentación pues en Puebla no existe una Ley de Profesiones, y que el TSJ no se lo pidió cuando presentó el examen para ser juez.

Pero sostuvo que sí contaba con los conocimientos necesarios para ejercer el cargo, pues cursó la carrera y presentó el examen profesional el 8 de diciembre de 1987, y como prueba de ello entregó un documento que la abogada general de la BUAP le dio con esa información.

“En el estado de Puebla no existe una ley que atendiendo al artículo 5 constitucional párrafo segundo, regule cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, ante la falta de dicha ley regulatoria, debe decirse que ninguna profesión necesita título para su ejercicio en el Estado de Puebla, ya que lo que no está prohibido, está permitido”.

Sin embargo, tanto la Ley Orgánica del TSJ actual como la que estaba vigente en el momento de su designación, exigen como requisito para ser Juez tener título de Abogado.

Finalmente, León Flores comenzó su trámite de titulación como licenciado en Derecho y obtuvo su título el 13 de septiembre de 2018, de acuerdo con información que la BUAP entregó atendiendo la resolución del tribunal colegiado mediante amparo.

Y, de acuerdo con la página cedulaprofesional.sep.gob.mx, en 2018 también se le otorgó al juez la cédula respectiva (folio 11376050).

Sin embargo, para ser juez se necesita tener título con 3 años de antigüedad y él no cumple con ese requisito desde hace más de 3 décadas. Además, deberá enfrentar el hecho de haber entregado un título y cédula falsos al TSJ para obtener un cargo.