Raymundo
Riva Palacio.
En la crisis
migratoria que vive México en la frontera con Guatemala, hay un personaje que
ha pasado desapercibido desde el punto de vista de las responsabilidades
políticas de haber provocado el conflicto político con Estados Unidos. Es el
padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, a
quien se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó
el gobierno mexicano sin control desde diciembre, y de la política de brazos
abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia
de todos los funcionarios involucrados, no tiene que rendir cuentas a nadie, ni
estar sometido al escrutinio público, pero su influencia sobre Andrés Manuel
López Obrador metió al Presidente y al país en una situación incómoda y de
amenaza permanente desde Washington.
La agenda de
Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador. En junio del año pasado, al
criticar a todos los candidatos presidenciales por no tener un plan sobre el
tema migratorio tras el segundo debate, Solalinde propuso cinco puntos, de los
cuales tres se convirtieron en parte central del proyecto del nuevo gobierno:
1.- Se debe
desarrollar la Ley Migratoria en lo que va de derechos humanos, pues en los
hechos la ley ha servido para perseguir a los migrantes. Se debe separar el
aspecto administrativo del de seguridad.
2.- Crear
una organización de desarrollo con Centroamérica para proteger a los migrantes
y que los gobiernos de origen se corresponsabilicen. México no le debe pedir
permiso a nadie para lograr esto.
3.-
Continuar los programas de derechos humanos, como el programa especial de
migraciones, que fue lo único bueno que quedó del gobierno de Felipe Calderón.
Solalinde se
le metió a López Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a
formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde
dictó. El entonces Presidente electo lo incorporó al equipo de transición,
donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado,
por si fuera necesario, con su primo en grado lejano, Alejandro Encinas, que
después fue nombrado subsecretario de Gobernación, responsable de los derechos
humanos.
Desde esa
posición, el padre Solalinde impuso el concepto de “visas humanitarias”, bajo
su vieja idea de que el tema migratorio siempre había estado anclado a la
seguridad, con una estrategia de combate desde la perspectiva policiaca, donde
los derechos humanos eran secundarios. La apertura de la frontera para recibir
a quien quisiera, también fue un concepto desarrollado por Solalinde y aprobado
unánimemente en la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez
Cordero. La crisis con Estados Unidos estalló en marzo, cuando al mostrarle la
estadística del incremento de capturas en Estados Unidos y la proyección anual
de mantenerse el ritmo, le remarcaron que la gran mayoría de las personas
detenidas tenían visas humanitarias extendidas por México.
Solalinde no
formó nunca parte de los equipos institucionales que hablaron con los
estadounidenses, pero su influencia es enorme en López Obrador. Durante la
transición, Alfonso Durazo, quien era el enlace con el gabinete de seguridad,
propuso que los agentes de Migración pasaran a formar parte de lo que sería la
renaciente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo cual coincidía
con Solalinde que la corrupción en ese cuerpo era incorregible y había que
tomar acciones radicales. Sin embargo, el padre se opuso y lo vetó. López
Obrador le dio la razón. Quería tener el religioso el control de todo y el
Presidente electo le dio carta blanca para entrometerse. Migración permaneció dentro
de Gobernación, pero desde el principio se confrontó con el exdirector del
Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Solalinde quería “acelerar”
el cambio de las estaciones migratorias en Chiapas en “auténticos albergues”,
como los que opera, y donde se gestionaron un importante número de las visas
humanitarias que provocaron el choque con el presidente Donald Trump.
Su proyecto
personal no estaba a la par de cómo lo iba instrumentando el gobierno. Incluso
criticó abiertamente a la Secretaría de Gobernación, por no haber actuado de
manera más expedita en el armado de un modelo de desarrollo con los países de
América Central, y fue agudamente crítico con el secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, por la negociación que llevó a cabo en Washington
para evitar la imposición de aranceles.
“Tuvo todo
ese miércoles para tomar el camino de la dignidad de México, para exigir
respeto e irnos a tribunales internacionales, como la Organización Mundial de
Comercio, pero aceptó ese juego de sumisión, humillación y vergüenza para
México, y en aras de ese 5% traicionó la tradición de México; y lo más triste,
empezaron a deportar niños, niñas y mujeres”, declaró la semana pasada,
refiriéndose al primer día de la negociación en Washington hace casi tres
semanas y la prórroga para la imposición de aranceles.
Solalinde
excluyó por completo de la crítica a López Obrador, de quien dijo, fue colocado
“entre la espada y la pared”, soslayando sibilinamente que Ebrard no hizo nada
que no fuera discutido y avalado por el Presidente. El padre está hablando por
la herida. El acuerdo limita sus operaciones de albergues en el sur de México,
y le ha quitado la iniciativa en la formulación de la política migratoria. Su
revés es una derrota para la Secretaría de Gobernación, como se explicó en la
columna de este lunes, pero sobre todo, aunque no se perciba, es mayor el
descalabro para el Presidente, que tuvo que asumir la humillación ante Trump y
acatar sus imposiciones. López Obrador ha sufrido en credibilidad; el gobierno
también. Solalinde salió inmune e impune, cuando tendría que ser el principal
responsable de este fiasco.
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