Por
Redacción / Sin Embargo.
El ex
Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, habría ofrecido entregar
pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el dinero procedente
del estado que desvió a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012,
según informó el diario Reforma.
De acuerdo
con el medio, el pasado mes de julio, el ex mandatario envió una solicitud
de criterio de oportunidad a la FGR, en la que pidió que a cambio de los datos
y pruebas que proporcionaría, no fueran utilizadas en contra de sus ex
colaboradores.
En dicha
solicitud, Duarte de Ochoa ofreció declarar en contra de Peña Nieto y de
algunos de sus “colaboradores”, a quienes también habría entregado dinero con
fines electorales. Dicha solicitud no ha sido respondida.
Fuentes
citadas por Reforma, señalaron que la Fiscalía está esperando que el
veracruzano presente la evidencia que tiene para que sean valoradas, así como
su solicitud de criterio de oportunidad.
l reportero
Abel Barajas explicó que los delitos electorales que podrían sumarse al caso
“tienen en promedio un plazo 5 años de prescripción y el caso que plantea a la
Fiscalía refiere hechos ocurridos hace 7”.
Explicó
que en 2012 el PRD acusó sobre un supuesto financiamiento del ex Gobernador a
la campaña por la Presidencia de EPN. Esto, luego de que la entones
Procuraduría General de la República (PGR) incautara 25 millones de pesos en
efectivo a dos trabajadores de Duarte en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
En el
caso de que Duarte obtuviera dicha “inmunidad penal” únicamente aplicaría en
donde inculpa al ex Presidente Peña Nieto, por lo que no tendría incidencia en
el expediente federal ni en lo otros dos procesos por delitos del fuero común
que enfrenta.
Reforma recordó
que anteriormente el ex Gobernador había acusado al Peña Nieto pero no como el
beneficiario de probable acto de corrupción.
Durante una
entrevista para el diario nacional, Duarte de Ochoa aseguró que Peña le
regaló “una suma de dinero” para ayudarlo mientras se encuentra en prisión,
algo que el mandatario calificó como “cargos de conciencia”.
Posteriormente,
ese dinero lo habría utilizado para pagar a Alberto Elías Beltrán, ex encargado
del despacho de la PGR, para que dejara en paz a su familia y reclasificara el
delito de delincuencia organizada.
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