Julio
Astillero.
Una serie de
agresiones a militares está dando pie a que grupos opositores al presidente
Andrés Manuel López Obrador exijan detener tales ataques y la imposición de
castigos ejemplares. El poder militar es considerado como la última frontera
entre el orden jurídico defendible y aplicable mediante la fuerza del Estado
(considerada legítima, en estos casos) y el riesgo de caos si soldados y
marinos son rebasados por oleadas ciudadanas relacionadas con el crimen
organizado, con autodefensas o con mezclas casi indistinguibles entre estos dos
factores.
La postura
del Presidente de México ha sido firme e infranqueable: no habrá represión;
diálogo, diálogo y más diálogo. Se ha sostenido en tal posicionamiento incluso
ante movilizaciones o protestas que parecían destinadas a la confrontación
violenta o a la necesaria intervención militar o policiaca para evitar daños a
la economía o al interés relevante de terceros. Así sucedió ante profesores que
pusieron en jaque la distribución de mercancías desde regiones en conflicto o
ante policías federales que por su condición armada podrían significar un
riesgo de desbordamiento sangriento.
Ahora se han
multiplicado las acciones de ciertos grupos sociales contra soldados, marinos y
policías. En una primera lectura, parecerían consecuencias naturales de la
permisividad que se ha ordenado a tales fuerzas gubernamentales, con tal de no
caer en provocaciones que serían explotadas para trazar un boceto de
ingobernabilidad que en otros países se ha utilizado para escalar planes de desestabilización
contra gobiernos progresistas o apegados a intereses populares.
Entre las
voces que demandan mano militar dura están perredistas y panistas que
consideran inaceptables las humillaciones al Ejército, como el único gobernador
del sol azteca (en realidad, peñista), Silvano Aureoles, de Michoacán. En
realidad, las preocupaciones expresadas con gravedad por esos opositores al
lopezobradorismo se desentienden de la responsabilidad que han tenido en la
creación de las criminales descomposturas institucionales que ahora les
preocupan. Empujan, o tratan de hacerlo, al gobierno federal para que tome
acciones de fuerza que luego usarían como material de propaganda política para
erosionar al gobierno que tanto les incomoda.
El nuevo
embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, ha empezado su
inserción en la vida pública de nuestro país al estilo de su antecesora,
Roberta Jacobson, quien dedicó buena parte de su tiempo al turismo cultural y
gastronómico, dado que Washington no le daba mayor importancia a su cargo, pues
todo lo negociaba el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, con el virtual
vicepresidente de México, Luis Videgaray. No es el caso de Landau, quien viene
con toda la fuerza de Trump y la Casa Blanca. Nacido en Madrid y estudiante
durante cinco años en Paraguay, pues su padre fue funcionario diplomático y
embajador de Estados Unidos, no ha ocupado antes ningún cargo en el servicio
exterior.
Suele
decirse que la relación entre México y EU ha estado desatendida porque desde
mayo de 2018 no había embajador formal y la antecesora, Jacobson, parecía hacer
todo menos tareas profundas de diplomacia. La verdad es que la relación entre
los dos países se ha procesado a los más altos niveles durante la gestión de
Enrique Peña Nieto y ahora con López Obrador, lo cual ha reducido la
importancia operativa de los embajadores oficiales en ambos países.
Por lo
pronto, Landau fue a la Basílica de Guadalupe y tuvo un encuentro con el
Presidente mexicano. El 10 de septiembre, además, funcionarios de ambas
naciones se reunirán para evaluar el cumplimiento de nuestro país respecto a
las exigencias en materia migratoria de la administración Trump. México ha
cambiado radicalmente su política en la materia con tal de eludir las amenazas
del presidente gringo de aplicar aranceles a productos mexicanos como castigo
si se sigue permitiendo el tránsito de centroamericanos y otros extranjeros
hacia la tierra del falso american dream. ¡Hasta mañana!
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