Enrique Galván Ochoa.
Nunca se habían visto tan diligentes y eficaces algunos
jueces federales como ahora que han tramitado amparos –dicen que 80, podrían
ser más– para detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Aunque
llegaran a mil, todos podrían quedar acumulados en un solo expediente, si así
lo deciden las altas jerarquías del Poder Judicial. Los hila una motivación de
carácter político, torpedear una obra clave del programa de gobierno. Detrás de
los amparos aparece el paraguas #Nomasderroches, al que está dando aliento el
tempranero aspirante a la Presidencia de la República, Gustavo de Hoyos, quien
es, al mismo tiempo, presidente de la Coparmex. Un dato: en el prianismo los
directivos de los organismos cúpula eran premiados con cargos muy bien pagados
como recompensa por ‘los servicios prestados’, el caso más reciente fue el del
cesante Gerardo Gutiérrez Candiani, que recibió de Peña Nieto la costosa
entelequia que tenía a su cargo las Zonas Económicas Especiales. Eso se acabó
con el nuevo gobierno, y uno de los damnificados es Gustavo de Hoyos, no lo
premiaron ni con una diputación, así que anda buscando la chuleta de otra
manera. Otro de los promotores es Claudio X. González Laporte, quien comparte
con su padre una fobia enfermiza hacia todo lo que se relacione con López
Obrador. Y eso desde la época de Salinas de Gortari. No habrían prosperado los
amparos, porque al parecer los promoventes carecen de un interés jurídico
directo en la obra, si no contaran con el apoyo de jueces que han visto
amenazado sus ingresos con la iniciativa presidencial de bajarlos a menos de
108 mil pesos mensuales. Hay que tener claro que se trata de una embestida de
carácter político contra el gobierno de López Obrador, en la que no cuentan ni
la ecología ni los derechos de los habitantes de la comarca donde se asentará
el aeropuerto. Es una nueva manera, también rara, de hacer política: no pueden
ganar votos pero si ganar amparos.
Bonillazo, nuevo capítulo
El empresario millonario y gringófilo que quiere gobernar
cinco años Baja California, aunque sólo fue electo por dos años, acaba de
lanzar un nuevo rollo, no se le puede llamar de otra manera. Sabe que la
Suprema Corte fallaría en contra de la reforma a la Constitución local que fue
modificada para ampliar la duración del periodo de gobierno, porque choca de
frente con la Constitución General de la República. ¿A que no creen que se le
ocurrió? Una consulta pública. Quiere que la gente vote para que se quede cinco
años. Ya el presidente del recién instalado Congreso estatal, dominado –¡que
pena¡– por Morena, Catalino Zavala Márquez, dio a conocer la propuesta ‘para
que se garantice un espacio que permita la expresión de los bajacalifornianos y
se fije una postura que represente el sentir de la ciudadanía’. A ver, díganle
a Catalino que lo que quiere hacer no borra la violación a la Constitución
General, sólo le añade otra. No puede ampliarse un periodo de gobierno mediante
consulta pública. Por cierto, anda perdido el expediente de la reforma.
Baja la inflación
La inflación interanual de México se desaceleró más de lo
esperado en la primera quincena de agosto, según el Inegi, reforzando
expectativas sobre nuevos recortes de la tasa clave de interés por parte del
Banco de México. Disminuyó este mes la tasa clave de interés a 8 por ciento por
primera vez en cinco años, citando menores presiones inflacionarias aunque
advirtió mayores riesgos para el crecimiento económico en un entorno incierto.
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