Por Arturo
Angel.
El
proceso penal abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por
el delito de peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de
recursos federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La
razón: una demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado
a una denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se
pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.
El caso
impulsado por la Fiscalía de Veracruz dio paso a una de las órdenes de
aprehensión por las cuales Duarte fue detenido y extraditado desde Guatemala en
2017, pero a diferencia del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual
ya incluso se dictó sentencia, este proceso sigue atorado en la fase inicial.
Fue el 20
de mayo de 2018 cuando un juez de la Ciudad de México (en auxilio de la jueza
de Veracruz que giró la orden de arresto) decidió vincular al exgobernador a
proceso por peculado, entre otros delitos, tras determinar que la investigación
presentada por la Fiscalía estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que
permitían presumir que se había cometido un delito y que Duarte podría ser el
responsable.
En ese
momento el juez ordenó un plazo de 6 meses de investigación complementaria para
que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia
intermedia, como paso previo para llegar al juicio. Sin embargo, ya
transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya ocurrido todavía.
De acuerdo
con los datos proporcionados a Animal Político por autoridades judiciales y por
el equipo legal del propio exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a
retardarse cuando otro de los coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia
(ex comisionado de Agua en el gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que
el caso fuera atraído por un juez federal, y no se quedara en Veracruz.
En julio
de 2018 el juez que recibió la demanda de amparo decidió negárselo a Valencia,
pero este interpuso un recurso de revisión para que el caso fuera analizado por
el Primer Tribunal Colegiado en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar
la sentencia inicial y amparar a Valencia.
Como
resultado el juez de Veracruz que recibió el caso decidió declararse
incompetente para seguir conociendo el caso. Y fue apenas el pasado 17 de
septiembre cuando en una nueva audiencia se determinó que, en efecto, un juez
federal será quien reciba el proceso.
De acuerdo
con los abogados del exgobernador de Veracruz, aun cuando el amparo fue
promovido por Valencia, el proceso se frena de la misma forma para Duarte toda
vez que se trata exactamente del mismo caso.
En ese
contexto, el juez federal al que le sea turnado el caso deberá decidir si lo
continua en el punto en que se quedó, es decir en la presentación de pruebas
previo al juicio; o si por el contrario ordena que se comience de nuevo con una
audiencia inicial, en la que se tendría que presentar otra vez la imputación
para determinar si hay indicios o no para vincular al exgobernador a proceso
Denuncian
pruebas fabricadas.
Además del
problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un
cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que
incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la
apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de
confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz
que resulten responsables.
Los
cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con
número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz,
Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco
Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales
destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.
El otro
oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia
que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.
De
acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos.
Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de
cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que
las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que
son apócrifas.
Aunado a
ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del
oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es
que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos
solo llegó al SFP/1634/2014.
La misma
situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte
de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las
firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató
de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.
En ese
contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia
formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de
Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo
que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación
CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.
Pablo
Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta
evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz
como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en
contra de Duarte.
También una
recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó
que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario
detenido.
“Derivado
de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador,
así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.
Sentencia
cuestionada y casos pendientes.
El
próximo 26 de septiembre se cumple un año de la audiencia en la que un juez
federal dictó sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte por los delitos
de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello luego de que el propio
exgobernador se declarara culpable a cambio de una pena reducida de nueve años
de prisión.
Hasta
ahora se trata de la única pena de prisión impuesta al exgobernador de
Veracruz. Y aunque Duarte aceptó voluntariamente dicha condena sin ir a juicio,
ahora busca a través de una demanda de amparo obtener el derecho de apelarla,
bajo el argumento de que las pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su
contra se obtuvieron sin autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.
A ello se
suman dos procesos penales abiertos por diversos delitos de corrupción entre
ellos el de peculado, que como ya se mencionó están atorados en la fase
inicial.
Por otra parte,
la Fiscalía de Veracruz también obtuvo una orden de aprehensión en contra de
Duarte por desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado
que se requiere permiso del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte
por delitos distintos. Animal Político publicó que el gobierno de México tardó
casi un año en presentar dicha solicitud formal.
En tanto la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó y denunció el posible
desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales en la
administración de Duarte como gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por
ahora las acusaciones de la Fiscalía General de la República por dichos casos
se han concentrado en exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de Veracruz.
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