Julio Astillero.
De manera
constante se habían impuesto los intereses de las grandes empresas a la hora de
legislar en México sobre temas de verdadera protección al consumidor y de freno
o castigo a prácticas comerciales dañinas para la salud colectiva. Mediante
cabildeo entre diputados, senadores y altos funcionarios federales (y también
entre versiones de entregas de dinero a esos detentadores de poder), más la
desatención de medios de comunicación masiva irrigados con contratos
publicitarios generosos, compañías especializadas en productos con alto
contenido de sodio, grasas, azúcares y calorías habían logrado que la acción
del Estado mexicano fuera insuficiente ante la crisis de salud que ha colocado
a México en lo alto de la incidencia mundial de obesidad, diabetes y otras
enfermedades derivadas del consumo de comida chatarra, bebidas gaseosas y
azucaradas, entre otros productos tóxicos.
Ayer, sin
embargo, la Cámara de Diputados, con la mayoría morenista como eje y una
votación virtualmente unánime (445 votos a favor, ninguno en contra y sólo tres
abstenciones), aprobó en lo general la etiquetación clara de los contenidos de
muchos de esos productos. Falta el asentimiento del Senado, donde algunas veces
se han estancado iniciativas positivas, pero adversas al interés de algunos
partidos minoritarios. No es un logro a regatear, sobre todo si se toma en
cuenta la presión de los representantes de las compañías líderes en esos
rubros. Ahora, los consumidores podrán enterarse de los principales indicadores
dañinos de lo que habrán de ingerir. Bastará leer el estampado frontal de las
mercancías para saber el daño previsible.
Pero el tema
no se agota en la citada etiquetación. Muchos mexicanos habrán de enterarse
ahora de mejor manera del daño que no podrán evitar, pues la organización del
sistema laboral y los sueldos alcanzables por las mayorías les convierten en
rehenes de comidas rápidas y bebidas dañinas, expendidas en tiendas de
conveniencia que permiten saciar lo inmediato sin tiempo para alternativas
saludables. Sabido es, además, que la etiqueta podrá ser leída una y varias
veces hasta convertirse en una abandonable rutina tragicómica y que usuarios
habrá a quienes se les dificulte el entendimiento mediante la lectura.
En tales
condiciones, reconociendo la importancia del etiquetado que se aprobó ayer, ha
de decirse que son necesarias más medidas, no sólo del Poder Legislativo sino,
en especial, del Ejecutivo. El gobierno mexicano requiere recursos suficientes
para atender el grave problema social de la obesidad y la diabetes causadas de
manera principal por panes, refrescos, botanas y otros alimentos chatarra que
han generado enormes fortunas en firmas mexicanas y extranjeras.
El panista
Diego Fernández de Cevallos, el empresario Carlos Ahumada y el litigante Juan
Collado son algunos de los personajes públicos que fueron beneficiados con
condonaciones fiscales, según los datos entregados por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) a Fundar, un centro dedicado, según se
autodefine en su cuenta de Twitter, al análisis presupuestario, la
transparencia, defensa y promoción de derechos humanos. Dicho centro de
investigación y análisis peleó jurídicamente durante años para que le fueran
proporcionados esos datos, lo que finalmente fue cumplido ayer por la oficina
fiscal federal dirigida por Margarita Ríos-Farjat. La información disponible
corresponde al periodo que va de 2007 a 2015, es decir, una parte de las
administraciones encabezadas por Felipe Calderón y por Enrique Peña Nieto,
durante las cuales se otorgaron esos perdones que en casos como los antes
mencionados sugieren favores gubernamentales a cambio de favores políticos o
judiciales de los beneficiados.
Y, mientras
hoy se desarrollan marchas en varias partes del país y, especialmente, en la
Ciudad de México, para recordar el 2 de Octubre, en un ambiente que busca que
las manifestaciones sean pacíficas, sin violencia ni provocaciones, ¡hasta
mañana!
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