Por Andrea
Vega.
A pesar de
que el sector farmacéutico es, de por sí, uno de los más grandes y redituables
a nivel mundial, de acuerdo a información entregada a Fundar por el SAT, en
el sexenio pasado, seis de las diez empresas productoras de medicamentos que
más ventas registraron en el país obtuvieron beneficios fiscales por 5 mil 871
millones de pesos (a pesos de 2019).
Estos
multimillonarios beneficios fiscales son recursos que dejan de entrar a las
arcas del Estado y que podrían haberse ocupado para garantizar el derecho a la
salud y disminuir las desigualdades, aseguró Janet Oropeza, investigadora del
área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, durante una
conferencia para presentar un mecanismo de denuncias de corrupción en el sector
de medicamentos.
Oropeza, explicó
que “si sumamos las cifras de los beneficios fiscales de estas seis de las diez
principales empresas productoras y de la principal distribuidora de
medicamentos obtenemos 7 mil 705 mdp (cifras 2019) de dinero que el gobierno
dejó de recibir. Esto representa casi tres veces el presupuesto del programa de
salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud para 2019”.
El 65% de
total de los beneficios fiscales, es decir, 3 mil 796 mdp lo obtuvo una sola empresa, ROCHE.
Respecto a las empresas distribuidoras, a Grupo Fármacos Especializados, que ha
sido la principal proveedora del gobierno en los últimos años, se le condonaron
1, 834 mdp tan solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las otras
farmacéuticas a las que se les condonaron impuestos son: Merck Sharp and Dohme
de México con 983 millones 005 mil 891 pesos de 2019 y Merck Sharpe and Dohme
Comercializadora S de RL de CV con 112 millones 605 mil 421 pesos.
También
están en la lista: Novartis Farmacéutica SA de CV con 771 millones 579 mil
128 pesos, Glaxosmithklime México SA de CV con 195 millones 241 mil 734 pesos,
Sanofi Aventis de México SA de CV con 12 millones 445 mil 463 pesos y Bristol
Myers Squibb de México, con 6 millones 265 pesos.
Aunque no
se descarta que pueda haber otras empresas de esta misma industria y que el
monto condonado sea mayor, puesto que varias personas morales y físicas se
ampararon para que el SAT no entregara su información.
Estos
privilegios fiscales, que la propia ASF ha señalado como ineficientes, afirmó
la investigadora, causan una doble afectación para el Estado y los servicios de
salud: algunas empresas distribuidoras aseguran muchos contratos públicos y al
mismo tiempo condonaciones fiscales, eso afecta la competitividad del sector,
colocando a estas empresas en situaciones privilegiadas respecto a otras y
frente al propio estado, lo que impacta en las compras públicas de
medicamentos.
Por esta
razón, expuso Oropeza, “consideramos fundamental que en el legislativo
avance la reforma legal que prohibirá los privilegios fiscales, además de que
el nuevo gobierno debe mantener su promesa de asegurar la asignación progresiva
y suficiente de recursos públicos al sector salud”.
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