Por Nayeli
Roldán.
Nueve
universidades en el país se encuentran en números rojos e incluso están en
riesgo de no poder solventar el pago de salarios y prestaciones laborales para
el resto del año debido a un déficit en sus finanzas que suman 18 mil 619
millones de pesos, de acuerdo a un diagnóstico de la Cámara de Diputados.
Incluso, pese
a tener ampliaciones presupuestales por 9 mil 794 millones de pesos entre 2010
y 2017, es decir, recursos adicionales a los presupuestos anuales
aprobados, no lograron superar el déficit financiero, indica el análisis.
Se trata
de las Universidades Autónomas de Chiapas, Estado de México, Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, de Morelos, Nayarit, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa,
Tabasco y Zacatecas.
Existen
tres causas identificadas que derivaron en más adeudos que las mantiene en
crisis financiera. Durante años se incrementó la plantilla laboral de las
instituciones, pero los puestos no fueron reconocidos por la Secretaría de
Educación Pública ni por la Secretaría de Hacienda. Es decir, hubo contrataciones de
académicos y personal administrativo sin soporte presupuestal y todas tienen
este problema, pero para la Autónoma del Estado Nayarit, Sinaloa y Zacatecas
esto representa su principal problema.
Al respecto,
Enrique Levet, dirigente de la Confederación de Sindicatos Universitarios
(CONTU), asegura que estas contrataciones obedecen al incremento de
matrícula en las instituciones, y aunque no estuvo acompañado de incremento
presupuestal, las administraciones tuvieron que responder a las necesidades
operativas.
Otro de
los pendientes presupuestales son los convenios de prestaciones adicionales que
las instituciones hicieron con los sindicatos y que no están contemplados en el
modelo de financiamiento por parte de la SEP y Hacienda. En este caso se
encuentran las universidades de Morelos y Tabasco como principal problema,
advierte el informe obtenido por Animal Político.
Levet asegura
que las prestaciones laborales son derechos de los trabajadores y los
sindicatos siempre van a procurar mejorar sus condiciones.
Otra
causa es el peso financiero de las pensiones y jubilaciones para las
universidades y para la Michoacana es su principal complicación, aunque también
tienen presión al respecto la de Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Nayarit y
Zacatecas.
Esas
presiones financieras originaron que las instituciones no tuvieran para pagar
otras obligaciones y, que a su vez, derivaran en deudas con en seguridad social
e impuestos como ISR e IVA. Este rubro representa la principal deuda para la
universidad de Chiapas y del Estado de México.
Las
universidades también se endeudaron y adquirieron préstamos bancarios que,
por incumplimientos, también han generado costos adicionales.
Además, hubo
menor subsidio federal y a la disminución de los fondos extraordinarios de la
SEP a las instituciones de educación superior durante 2016 y 2017, lo que
“agravó la condición financiera de estas universidades”.
A esto se
suma que existieron irregularidades en la administración de algunas
universidades en presuntos esquemas de corrupción. Tal es el caso de la
participación de cuatro instituciones que hicieron convenios con secretarías de
Estado para hacer supuestos servicios, aunque en algunos casos las empresas
subcontratadas resultaron ser fantasma, en el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Se trata
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que hizo 5 convenios por mil
140 millones de pesos con la Sedesol y la Sagarpa; la del Estado de México, que
sumó mil 440 millones de pesos en convenios con Sedesol; la Autónoma de Tabasco,
que consiguió cinco convenios por 580 millones de pesos con Pemex, y la de
Zacatecas, que ganó 220 millones de la Sagarpa. Dichos tratos ocurrieron entre
2013 y 2015.
De acuerdo
con Enrique Levet, dirigente de la CONTU, Hacienda prevé entregar 4 mil
millones de pesos antes de acabar este año para las universidades en crisis,
pero esto no sería suficiente.
Es por ello
que en el informe de la Cámara de Diputados se plantean posibles rutas de
solución para que enfrentar las causas del déficit y detener el crecimiento de
las presiones financieras en los próximos años.
Para
contrarrestar la contratación de personal académico sin soporte presupuestal,
las universidades deberían congelar plazas, contener contrataciones,
incrementar el número de horas de docencia para profesores de tiempo completo.
Referente
al personal administrativo se plantea cargas de trabajo, reducir al mínimo la
creación de nuevas plazas administrativas y de confianza, así como la
contratación por honorarios. Reducir salarios y compensaciones a directivos y
mandos, además de continuar con la política de retiro voluntario.
Sobre las
jubilaciones y pensiones se propone aumentar las aportaciones de los
trabajadores, negociar con los sindicatos un nuevo sistema de pensiones y
retener al personal académico, a través de estímulo, para diferir su jubilación.
Mientras que
para las prestaciones no percibidas en el modelo de la SEP y Hacienda, sería
necesario suspender el pago mensual realizado por concepto de 2% de apoyo del
gobierno del Estado a todos los trabajadores que durante años las universidades
han solventado.
Contener
el incremento de prestaciones de los contratos colectivos de trabajo, en las
revisiones contractuales y salariales y no crear ninguna nueva prestación y
reducir al mínimo las erogaciones por concepto de servicios médicos.
Para generar
medidas de capitalización se buscaría crear comités de saneamiento y
atención financiera universitaria, recaudar ingresos propios de inscripciones y
reinscripciones, crear lineamientos de austeridad, realizar subrogaciones
médicas y eliminar el subsidio de la retención correspondientes a lo que
establece la ley del ISR por concepto de sueldos y salarios.
Y para
saldar las deudas con el ISSSTE y FOVISSSTE se prevé una negociación para
dividir los pagos hasta 2023; mientras que en materia de impuestos se plantea
eliminar el subsidio de ISR para los trabajadores y negociar los adeudos con el
SAT.
La
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) tuvo una reunión el pasado 24 de septiembre con diputados en el que
solicitó la ampliación de presupuesto para las universidades públicas para 2020
por 17 mil 230 millones de pesos.
Advirtieron
que en el Proyecto de Presupuesto no se incluye el fondo especial para cumplir
la obligatoriedad de la educación superior previsto en la Reforma Educativa
promulgada el 15 de mayo pasado, y para hacer frente sólo a esto se necesitaría
al menos 7 mil 678 millones de pesos.
No
tenerlos implicaría “demorar el logro de la meta para alcanzar una tasa bruta
de cobertura de al menos 50% en el año 2024, la cual implica atender poco más
de un millón de nuevos estudiantes en las instituciones de educación superior
públicas”.
La
Asociación asegura que el crecimiento en el número de alumnos atendidos es
menor al financiamiento que las universidades han recibido. De acuerdo a su
análisis, mientras la matrícula ha crecido 122.7% entre el 2000 y el 2019, el
presupuesto federal respectivo lo ha hecho en 75.2%, “lo que ha tenido como
consecuencia que la inversión por alumno decrezca en más del 21.3%”.
Mientras
que de 2012 a 2018 el crecimiento de la matrícula fue de 30.4% y el crecimiento
del presupuesto federal en términos reales 2.7% es decir una diferencia de más
de 10 a 1.
Otro
recorte que han sufrido las universidades se refiere a los fondos
extraordinarios entre los que se encuentran el apoyo a la calidad, la expansión
de la oferta y la atención a problemas estructurales, que han tenido una
reducción acumulada de poco más de 34 mil millones de pesos.
“Y en
caso de que el Proyecto de Presupuesto para el próximo año no tenga incrementos
en este rubro, el déficit acumulado podría alcanzar poco más de 45 mil millones
de pesos, esto es en fondos extraordinarios más lo ya señalado de 18 mil
millones de pesos”,
alerta la ANUIES.
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