Por Emir Olivares Alonso.
La actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) ha encontrado anomalías en algunos de sus 65
fideicomisos de los que ejercen recursos públicos, los cuales serán
fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La directora general del consejo, Elena Álvarez-Buylla,
indicó que se ha detectado que, por ejemplo, un mismo proyecto se repite
hasta en 20 ocasiones.
En un foro en el que estuvo acompañada por la titular de la
SFP, Irma Eréndira Sandoval, Álvarez-Buylla afirmó que esto es muestra que
hubo agentes que se especializaron en obtener recursos del erario para fines
distintos al ámbito de la ciencia y tecnología.
Tenemos 65 fideicomisos, que se dice rápido, pero es
prácticamente imposible fiscalizar de manera eficiente y transparente a todos
en su conjunto; hemos encontrado hasta 20 veces un mismo proyecto bajado por
diferentes agentes que se han especializado en recibir recursos de la función
pública, del erario, para fines que no son justamente los que marca la ley.
La funcionaria refirió que 35 de los fideicomisos del
Conacyt son del programa llamado Fondos mixtos, dirigidos al trabajo en las
entidades federativas y que una cantidad importante de estos recursos se han
destinado, por ejemplo, para obra civil e infraestructura, que muchas veces no
redunda en un beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país.
Enfatizó que bajo los nuevos lineamientos de la Cuarta
Transformación, el fin de la dependencia a su cargo es consolidar estos
fideicomisos y una reforma profunda para asignar los recursos en la materia.
FACHADAS DE CORRUPCIÓN.
La secretaria de la Función Pública señaló que por décadas
los fideicomisos fueron fachadas para esconder corrupción en el país. Es
incuestionable el vínculo que se ha fabricado para hacer de los fideicomisos,
no sólo auténticas cajas chicas, sino que se constituían en fachadas para
ingeniería financiera y contable, y para esconder franca corrupción.
Por medio de estos mecanismos, agregó Sandoval, las entidades
y los organismos gubernamentales dispusieron de recursos públicos sin
vigilancia y sin supervisión por parte de los órganos internos de control del
Estado o de alguna otra instancia de fiscalización. Ello provocó
irregularidades en la gestión pública y llegó a generar importantes daños
patrimoniales con el franco desvío de los recursos y de la defraudación fiscal
en los pasados gobiernos federales y locales.
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