El choque.

Javier Risco.

El conflicto entre taxistas y gobiernos locales y federal terminó en un “acuerdo” que lleva a un callejón sin salida. Después de haber sido recibidos por el subsecretario de la Secretaría de Gobernación Ricardo Peralta, todos los implicados decidieron formar un grupo de abogados que analizará y concluirá si las aplicaciones de movilidad como Uber, Beat, Cabify, Didi, etc., son legales. Especialistas del Gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México, representantes del gobierno federal y abogados del movimiento de taxistas en este momento estudian y dan sus argumentos para situar legalmente el transporte concesionado de taxis y las aplicaciones. En realidad, esta idea sería una maravillosa salida para terminar con el problema entre taxistas y gobiernos locales, si realmente hubiera la disposición de ambas partes para acatar la conclusión a la que llegue este grupo de expertos legales el próximo lunes… pero no, ni el movimiento de taxistas ni el gobierno de la ciudad están dispuestos a hacer caso a las conclusiones del análisis si éste no dice lo que quieren escuchar.

Ese mismo día, después de una reunión de cuatro horas en la Secretaría de Gobernación, Rubén Alcántara, secretario del Movimiento Nacional Taxista, me decía en el programa de televisión La Nota Dura que estaban contentos con el acuerdo alcanzado con las autoridades y que esperaban una resolución positiva para ellos la próxima semana. ¿Qué significa esto? Que confían en que después de un análisis legal de la situación de las aplicaciones de movilidad, estas sean declaradas como ilegales y se les cobren los mismos permisos para poder circular que se les exigen a los taxistas. Cuando le pregunté qué pasaría si este grupo de especialistas, que incluye a los propios abogados de los taxistas, declara como legal el uso y funcionamiento de estas aplicaciones de movilidad, Alcántara simplemente me contestó que esto no podía ocurrir porque eran ilegales y que se trataría de un despropósito. En conclusión, sólo acatarán la resolución si dice lo que quieren escuchar.

Del otro lado, Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, advierte que lo más importante de la discusión no está en la legalidad de las aplicaciones, que, al menos en la Ciudad de México, éstas ya están incluidas en el reglamento de tránsito, sino que la lupa debe de trasladarse a mejorar el servicio de los taxistas, pero sobre todo a combatir la corrupción, que los inconformes que representan a menos del .4% de los taxistas de la ciudad, son aquellos cuyos intereses y corruptelas fueron cortadas por el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que cuando se le pregunta sobre la determinación de este grupo de abogados el próximo lunes, al secretario no le preocupa, porque en la ciudad ya funcionan en un marco legal. En conclusión, lo que digan en materia de legalidad el próximo lunes no le preocupa al gobierno local.

Por su parte, la autoridad federal festeja que, durante una semana, sí, durante siete días, los taxistas, esos que no llegan ni al 1 por ciento, han prometido no bloquear ni realizar marchas.

El lunes todos estos actores van directos a estrellarse en una pared. He preguntado en varias entrevistas si se cuenta con un plan B, del lado de los taxistas o de las autoridades, pero ambos bandos han decidido esperar a que todo reviente en un encuentro de voces que no les hablan a las mismas prioridades. Lo dijo bien Eduardo Guerrero en estas páginas: “no importa cuántos requisitos le imponga la autoridad a las apps. La única forma de apaciguarlos (a los taxistas) sería restituir alguna versión del antiguo régimen cerrado, en el que sólo algunos pocos elegidos tienen el privilegio de prestar el servicio”, y eso, de acuerdo con palabras de la propia Claudia Sheinbaum, no pasará. El choque va para largo.