Por Manu
Ureste.
Hugo
Manuel del Pozzo Rodríguez, exapoderado legal de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMex) que firmó convenios de La Estafa Maestra en 2013,
está siendo enjuiciado por el presunto delito de peculado por otro caso relativo
a un contrato con el gobierno de Oaxaca en el que hay implicadas empresas
fantasma.
Se trata
de un contrato firmado el 13 de julio de 2011 con la secretaría de Finanzas
oaxaqueña por 56 millones 340 mil pesos, a partir del cual la UAEMex debía dar
una serie de servicios tecnológicos a la dependencia y no los cumplió, por lo
que fue denunciada por el gobierno oaxaqueño.
La
denuncia concluyó el 8 de febrero de 2016, cuando un juez le dio la razón al
gobierno oaxaqueño y condenó a la UAEMex a regresar los 56 millones 340 mil
pesos, más el 9% anual de intereses acumulados.
A raíz de la
sentencia condenatoria, la UAEMex sancionó en septiembre de 2016 con 20 años
de inhabilitación a Hugo Del Pozzo, y lo denunció ante la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, que le imputó el delito de peculado en modalidad
de servidor público por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de contrato
con el gobierno de Oaxaca.
Además, la
UAEMex también acusó a su exapoderado legal de haber entregado de manera
indebida becas por 30 millones de pesos a personas que no eran estudiantes de
la universidad.
El
otorgamiento de becas a personas ajenas a la universidad se habría producido
sin haber pasado antes por el comité de becas de la universidad para su
aprobación, y violando el reglamento de becas universitario.
Además, de
acuerdo con la acusación de la universidad, Del Pozzo presuntamente entregó
becas por hasta 100 mil pesos, cuando el monto para becar el talento científico
y cultural de los alumnos, por ejemplo, es de 6 mil pesos por semestre.
Tras ser
vinculado a proceso, ahora el caso está en la fase del juicio oral, en la
que la Fiscalía mexiquense está presentando las pruebas que recabó en la fase
de investigación. Ahora la jueza Janet Patiño García es quien deberá resolver
en las próximas audiencias si Del Pozzo es responsable por el delito de
peculado, o si por el contrario es inocente y absuelto.
“No hay
un ápice de duda de que el acusado Hugo Manuel Del Pozzo Rodríguez cometió el
delito que se le imputa”, acusaron los agentes del Ministerio Público mexiquense en el arranque de
la audiencia oral contra el ex apoderado de la UAEM, y en la que estuvo
presente Animal Político en los tribunales localizados en el penal Santiaguito
en Almoloya, Estado de México.
“Del
Pozzo quebrantó el patrimonio de la Universidad. Manejó recursos y se aprovechó
de su cargo ocasionando un daño irreparable a la máxima casa de estudios
mexiquense”,
subrayaron los agentes.
Por su
parte, el abogado defensor de Del Pozzo, David Sandoval Ríos, respondió a la
parte acusadora señalando que las imputaciones en contra del exservidor público
de la UAEMex son “vagas e imprecisas”. Y argumentó que la contratación entre
Oaxaca y la universidad se hizo bajo el carácter de entes privados y no de
funcionarios públicos, por lo que la casa de estudios mexiquense “no puede
dolerse” de recursos que no le pertenecerían.
Empresas
fantasma.
En el
desarrollo de las audiencias del juicio oral, la Fiscalía mexiquense expuso
ante la jueza que con los 56 millones 340 mil pesos que recibió del gobierno oaxaqueño
para que desarrollara un software informático a la Secretaría de Finanzas
estatal, la UAEMex, por conducto de Del Pozzo, subcontrató por adjudicación
directa a seis empresas a las que les entregó 16 millones de pesos de ese
dinero.
De acuerdo
con testimonios presentados por la Fiscalía, entre ellos funcionarios y
exfuncionarios de la Contraloría universitaria y de la Consejería de
Administración, las subcontrataciones se produjeron de manera indebida,
puesto que el máximo que prevé el reglamento interno de la universidad para
adjudicaciones directas no puede exceder los 500 mil pesos.
Entre las
compañías subcontratadas por la UAEMex para dar servicios tecnológicos a Oaxaca
está Servicios Empresariales Nurbak SA de CV, misma que está en la ‘lista
negra’ de empresas fantasma del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Es decir, la
autoridad tributaria ya comprobó que Servicios Empresariales Nurbak SA de CV no
tenía infraestructura, ni el personal, ni la capacidad, ni los activos
suficientes para dar servicios, por lo que fue boletinada por simular
operaciones comerciales y por emitir de manera fraudulenta facturas por
servicios que no dio pero sí cobró.
Otra
empresa subcontratada para el contrato con Oaxaca, según lo que se expuso en
las audiencias orales del caso, fue Asesorías Nacionales Expanders SA de CV.
Esta
compañía también fue utilizada en 2013 para desviar recursos públicos de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de la UAEM en el esquema de
fraude documentado en la investigación periodística La Estafa Maestra publicada por Animal Político y
Mexicanos contra la Corrupción.
Asesorías
Nacionales Expanders fue subcontratada a raíz de un convenio en 2013 entre la
UAEMex y la Sedesol por 159 millones 850 mil pesos para dar servicios
relacionados con La Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, en un
informe forense, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que esta
compañía no fue localizada en su domicilio en la Ciudad de México y que no hay
constancia de que proporcionara servicio alguno.
Además, Animal
Político constató que esta empresa no tiene antecedentes registrales; es
decir, incumplió con el registro de su nombre ante la Secretaría de
Economía, la primera obligación para constituirse como empresa en el país y
poder recibir contratos públicos.
Convenio de
La Estafa Maestra.
Como
parte de La Estafa Maestra, Hugo Del Pozzo firmó como apoderado legal de la
UAEMex un convenio con la Sedesol en febrero de 2013 por 528 millones de pesos.
El objeto
del convenio era para poner en marcha ventanillas de atención para incorporar a
un millón 600 mil beneficiarios al Programa Pensión Para Adultos Mayores.
Sin embargo,
de acuerdo con la ASF, la universidad violó la ley federal de adquisiciones y
subcontrató a cinco empresas por 475 millones de pesos, el 90% del recurso
público que recibió de Sedesol.
Entre las
empresas que recibieron ese dinero está Servicios Administrativos Zulma Sa de
CV, que no fue localizada en su domicilio por los auditores de la ASF.
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